La macroeconomía de Ponzi

12 de marzo, 2019

Charles_Ponzi macroeconomía

Por Ramón Frediani Economista

 

Se denomina esquema o pirámide de Ponzi a una ingeniería financiera para captar dinero de un gran número de ahorristas, normalmente con escasa o nula cultura financiera, a cambio de certificados de depósito, con el propósito (falso) de financiar supuestas inversiones reales o financieras, seguras y de alta rentabilidad, propias o de terceros, ofreciendo elevadas tasas de interés, superiores a los niveles promedio vigentes en el mercado. Su nombre proviene de Carlo Ponzi, un famoso estafador italiano  que en  1919, en Boston, ofrecía un interés del 50% por depósitos a 90 días, llegando a estafar a 40.000 pequeños ahorristas por US$ 20 millones.

 

A los vencimientos, la devolución de fondos –en caso de ser solicitada– se concreta con dinero de nuevos depositantes, ya que en realidad no existen esas publicitadas inversiones “seguras y de alta rentabilidad”. Todo es una fantasía bien vendida que, si no es descubierta, la estafa puede funcionar con éxito durante muchos años, incluso décadas. El fraude se refuerza al distribuir entre los depositantes folletos con información falaz de excelentes ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad del negocio, describiendo un falso panorama optimista de la situación general del fondo para generar sobredosis de confianza y ahuyentar suspicacias.

 

Las claves para mantener en pie este castillo de naipes son dos: 1) inducir a no retirar los depósitos llegado sus vencimientos, promoviendo la renovación de las colocaciones, y 2) ocultar el fraude pues en realidad no existe como contrapartida de los fondos captados un stock de inversiones seguras y de alta rentabilidad como se publicita.

 

La cadena se corta cuando comienzan retiros masivos al sospechar los depositantes que es un  fraude y entran en pánico: los retiros superan a las nuevas captaciones y/o al stock de fondos disponibles en caja. El caso más notable y publicitado fue el del banquero Bernard Madoff (presidente de Madoff  Investment Securities LLC), prestigioso fundador y expresidente del Nasdaq, que administró en su firma un esquema de Ponzi desde 199 hasta su quiebra el 11 de diciembre de 2008, estafando a 4.800 ahorristas estadounidenses de altos ingresos por US$ 64.800 millones, en su mayoría pertenecientes a la comunidad judía a la que pertenecía como destacado miembro. Desde entonces cumple una condena de 150 años en la prisión de Butner en Carolina del Norte.

 

En Argentina y desde los ´80, el Estado a menudo se vió obligado –sin saberlo- a adoptar esquemas de Ponzi para financiar su déficit fiscal, toda vez que le resultó difícil hacer frente a sus vencimientos de deuda pública en moneda extranjera, ya sea por insuficientes reservas en el BCRA y/o a enfrentar contextos macroeconómicos adversos y dificultades en el acceso fluido y tasas de interés razonables a los mercados financieros internacionales. Para ejemplificar, si hoy Argentina saliera a colocar nuevos bonos en Wall Street en dólares y a 10 años, que es el plazo estándar y el más utilizado en el mercado de bonos soberanos, difícilmente pagaría menos del 9,5% anual. Basta recordar que Madoff, en los años previos a su colapso en diciembre de 2008,  ofrecía y aseguraba a sus clientes entre 8% y 10% anual de renta,  gracias, decía engañosamente, a la técnica de inversión “split strike conversión” que en teoría permitiría ganar sí o sí en la bolsa.

 

El caso es diferente cuando se trata de deuda pública en moneda nacional, ya que el deudor (el Estado), puede imprimir el dinero necesario para cancelar en tiempo y forma sus obligaciones, pero en casos extremos,  y aún cuando el instrumento de deuda sea en moneda nacional, también puede verse obligado a adoptar un esquema de Ponzi cuando se ve impedido en emitir moneda nacional dado que pueda estar obligado a perseguir otros objetivos más allá del financiamiento al déficit público, como sería reducir la inflación, evitar corridas cambiarias, etcétera.

 

El ejemplo más evidente sería el caso actual de las Leliq, cuyo stock, próximo a los US$ 25.000 millones, pagan tasas muy superiores a las vigentes en el mercado y además el emisor trata por todos los medios que se renueven a su vencimiento (esos dos requisitos son fundamentales en todo esquema de Ponzi). El BCRA podría cancelarlas emitiendo para evitar su piramidación ilimitada y un final de consecuencias inciertas, pero se lo impide la obligación adicional de cumplir dos objetivos de corto plazo: controlar la inflación y evitar corridas cambiarias. En consecuencia, el BCRA también estaría entrampado y obligado por las circunstancias, sin mucha conciencia en ello,  a mantener vigente un esquema de Ponzi en el caso de las Leliq.

 

Los esquemas de Ponzi más famosos, que perjudicaron a decenas de miles de ahorristas, son Baldomera Larra (Madrid, 1876, 5.000 estafados), William Miller (Brooklyn, 1899), Carlo Ponzi (Boston, 1919-1920, 40.000 estafados y un fraude de US$ 20 millones), Robert Allen Stanford (Stanford Financial Group,  con sede en la isla de Antigua, 1990-2012, con un fraude de US$ 8.000 millones), Tom Peters (2009 y un fraude de US$ 2.700 millones, en condena de 110 años de cárcel), Robert Shapiro (Boca Ratón, Florida 2010- 2017, con un fraude de US$ 1.200 millones, 50 años de cárcel), aunque el mayor de todos fue el ya citado Madoff en New York.

 

Las interminables refinanciaciones de deuda soberana argentina en los últimos 40 años, pueden interpretarse como esquemas de Ponzi ocultos: 1) elevados intereses encima del promedio del mercado, 2) emisión de bonos equivalentes a los certificados de depósito antes mencionados cancelados con nuevos bonos y 3) el equivalente a los folletos falaces para vender humo que mencionábamos, son en este caso los documentos oficiales estándar (brochures) que acompañan  cada nueva emisión, afirmando que en los próximos años el PIB y la inversión privada del país crecerán, la inflación y el desempleo caerán, el Estado saneará sus cuentas, y demás.

 

En los ´90, Cavallo refinanció con el Plan Brady (1992) la deuda externa contraída en las décadas del ´70 (militares) y ´80 (Raúl Alfonsín); en el 2001 las refinanció con el megacanje de junio de ese año y en parte con un préstamo del FMI, incluyendo las deudas de los ´90; en el 2005 (Roberto Lavagna), 2010 (Amado Boudou) y 2016 (Alfonso Prat Gay) refinanciaron en tramos la deuda en default del 2001 mediante emisión de nuevos bonos; en el 2014 (Kicillof) refinanció la deuda con el Club de París; en el 2018 (Luis Caputo-Guido Sandleris) refinanciaron la deuda de las Lebac emitiendo Leliq y desde junio de 2018 (con fondos del FMI) se están refinanciando los vencimientos de todas esas refinanciaciones, incluyendo las que ocurran hasta marzo de 2020 inclusive.

 

Por supuesto, a partir de abril de 2020 necesariamente habrá que acudir nuevamente al mercado financiero internacional para – mediante emisión de nuevos bonos – refinanciar los vencimientos a partir de entonces, en la medida que el Tesoro y el BCRA no los puedan honrar. Asimismo, será inevitable una refinanciación del calendario de vencimientos del actual préstamo del FMI mediante un nuevo programa existente para estos casos denominado Programa de Facilidades Extendidas que normalmente el FMI concede al país que lo solicita (ya lo hizo con Argentina en 1992 y 1997) y que seguramente consistirá en una extensión adicional de 5 años al calendario de las amortizaciones trimestrales originalmente previstas en el actual Programa con el FMI.

 

En síntesis, habría llegado la hora de que los esquemas de Ponzi dejen de ser vistos sólo como casos excéntricos de delitos financieros privados en las páginas policiales de los medios y trasciendan a ser analizados como una patología dentro de las políticas de deuda pública y financiamiento del déficit fiscal, donde estas ingenierías financieras tóxicas tienen una presencia y vigencia mayor a la esperada.

 

 

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