Informe: en 2019, usuarios pagarán gas y electricidad “lo que vale”

11 de febrero, 2019

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A fines de 2015, dice un informe de Federico Muñoz & Asociados, los consumidores pagaban poco más de US$ 1 por millón de BTU, los productores recibían algo más de US$ 2, el gas importado de Bolivia se pagaba a US$ 5 y el que venía en barco se negociaba US$7. Todo desalineado.

 

 

“Tras las odiosas subas de tarifas dispuestas por (Mauricio) Macri, hoy los hogares están pagando algo menos de US$ 4 MBTU mientras que las petroleras perciben cerca de US$ 1 adicional”, dice Muñoz y agrega: “Es probable que el nuevo aumento de la tarifa residencial programado para 2019 termine de cerrar la brecha con el precio en boca de pozo y los consumidores vuelvan a pagar el gas ‘lo que vale’”.

 

En el caso de la electricidad, el precio monómico (referencia del costo de generación) “superó holgadamente al que terminaban pagando los usuarios y llegó a multiplicarlo por cuatro”.

 

 

¿Y hoy? “Los sucesivos aumentos de tarifas fueron cerrando la brecha y hoy el precio a las distribuidoras representa más de tres cuartas partes del costo de generación de la energía. Con los aumentos anunciados para 2019, el diferencial prácticamente debería diluirse”, considera.

 

“La contracara más virtuosa de los amargos tarifazos es el ahorro fiscal. La cuenta de subsidios a la energía cayó de 3,3% del PIB estimada para 2015 a poco más de 1% del PIB en 2018. La cuenta no caerá a cero por cuanto el Fisco federal todavía tiene que hacerse cargo del costo de las importaciones, de la promoción a la producción de gas en Vaca Muerta y la tarifa social”, dice Muñoz.

 

 

 

Además, agrega otro dato que juzga positivo: “Se ha avanzado sensiblemente en la reparación del retraso en el precio relativo de la energía. Los ajustes han propiciado un aumento sustancial de la producción local de gas, la reducción de las importaciones (más un incipiente aumento de las exportaciones energéticas) y el recorte sensible de la factura de subsidios”. La contracara, dice, el “golpe furibundo” a los salarios reales y el consecuente costo político para Cambiemos.

 

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