La realidad se impone: hay que bajar impuestos

14 de enero, 2019

3. El administrador federal Leandro Cuccioli, presentando la recaudación de noviembre

Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL

 

El fin del ciclo populista dejó a Argentina con pasivos ocultos, inflación persistente y un creciente déficit en las cuentas fiscales y en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

 

El giro hacia la normalidad de la actual administración se limitó a los aspectos más visibles de la herencia recibida. Sin reformas estructurales ni ajuste fiscal en serio, la actividad y el statu quo fiscal se sostuvieron vía deuda externa. Ese flujo de divisas a monetizar vía BCRA se esterilizaba con Lebac a tasas en pesos superiores a las coherentes con condiciones básicas de no arbitraje. Ese esquema (el llamado “carry trade”) no desapareció con la crisis cambiaria del año pasado.

 

La calma actual se sostiene ahora con los dólares del FMI, pero dentro de un par de años hay que contar con divisas para devolverlos. Es claro que la futura administración enfrentará el desafío de armar la ingeniería de un nuevo “volver a empezar” que deberá ser diferente: deberá generar divisas vía producción y exportaciones, no vía dólares especulativos de corto plazo (“hot money”).

 

En la última revisión de los números de Argentina, el FMI muestra que el déficit primario del Gobierno habría descendido de 4,2% del PIB en 2016 a 2,7% en 2018, pero con un aumento de los intereses de la deuda (neta de pasivos intra sector público) de 1,6% a 2,8% del PIB. El déficit fiscal total creció de 5,8% del PIB en 2016 a 6% en 2017, descendiendo apenas a 5,5% del PIB en 2018. A su vez, la inflación lejos está de converger a niveles de 10% anual o menos y, según el FMI, el PIB habría sufrido una destrucción de 2,8% en 2018. Si se cumple la proyección para 2019 de una baja de 1,7%, se habría llegado al fin de la presidencia de Macri con un PIB que es 3,45% inferior al de 2015.

 

El programa acordado con el FMI es el que marca el rumbo y no contempla ninguna reforma tributaria orientada a reducir la presión fiscal y acelerar el crecimiento. Algo necesario para asegurar la solvencia fiscal, pero no factible al menos hasta 2020.

 

La baja de la presión impositiva se tornará una demanda persistente, y difícilmente la pueda evitar la próxima administración. El camino a seguir no podrá ser el de la más que tibia reforma tributaria de diciembre de 2017 que conducía a una baja acumulada de la presión fiscal de poco más de 2 puntos de PIB en 4-5 años, casi imperceptible para el sector privado.

 

Extender Impuesto a las Ganancias a las tenencias de títulos de inversores extranjeros desencadenó la crisis cambiaria de 2018. Hacerlo sobre la riqueza financiera de inversores locales desde 2019 incentivará la dolarización de cartera y la intermediación financiera informal, y dificultará la baja del costo del crédito.

 

A su vez, el cobro de retenciones a la exportación de todo bien o servicio, es un “manotazo” fiscal nunca visto, ni en los años de gobiernos populistas. Junto a subas de impuestos en varias provincias, el escenario es hoy más complicado que el de 2017.

 

Ciertamente una baja impositiva tendrá efectos iniciales negativos sobre el resultado fiscal, pero en la medida en que se estimulen la inversión, el consumo y las exportaciones, el crecimiento de la actividad y del empleo permitirán sostener la recaudación y con tendencia creciente. Una propuesta en serio exige mayor detalle, y sin duda alguna, un diálogo abierto, hasta vía recursos online, en el proceso de discusión de la misma. Algo totalmente ausente en la reforma de 2017, elaborada bajo un secretismo más que llamativo.

 

Más allá de los procedimientos, todo indica que Argentina deberá encaminarse en la próxima década hacia una agresiva baja de impuestos, que forzosamente deberá estar acompañada por una secuencia progresiva de reducción del gasto público, y cambios en su composición y ejecución. Algo que probablemente se deba instrumentar cualquiera sea el ganador de las próximas elecciones. Especialmente si a partir de esta semana se definen nuevas reglas respecto del futuro del Mercosur y de la relación entre Argentina y Brasil.

 

Desde esa perspectiva, si a partir de esta semana se inicia un “nuevo Mercosur”, sin preferencias arancelarias, y con apertura a competidores extrabloque, sin una reducción de la carga de impuestos y regulaciones, el futuro económico de nuestro país se va a complicar bastante.

 

Una vez más, el informe “Doing Business 2019” del Banco Mundial da algunas pistas. Los indicadores fueron elaborados con datos de 2017 para empresas medianas de la ciudad de Buenos Aires para Argentina y de Río de Janeiro y San Pablo para Brasil. En el caso argentino la suma de impuestos, tasas y contribuciones anuales equivalía al 106% de las utilidades antes de impuestos mientras que en San Pablo era 64,7% y en Río, 65,6%. En el caso de estas dos ciudades, la mayor incidencia corresponde a las cargas sociales, con el 45,42% de las utilidades antes de impuestos, seguida del tributo a los ingresos de las personas jurídicas que se lleva 16,62%.

 

La estimación para Buenos Aires muestra que la carga más gravosa es la del Impuesto a los Ingresos Brutos, absorbiendo el 53,2% de las utilidades antes de impuestos, seguida de las contribuciones patronales que se llevan 29,3%; el impuesto al cheque, con 17,25% y luego otros gravámenes. Difícilmente el cuadro sea mucho mejor en otros distritos, y es una gran desventaja competitiva a remover, y no corregible con simples depreciaciones de la moneda local.

 

Ciertamente no es el único aspecto a considerar, pero una reducción de la carga tributaria, tanto nacional como subnacional, se tornará ineludible para imposible recuperar terreno perdido en materia de inversión productiva, empleo, exportaciones y consumo.

 

No es novedad que será un camino difícil de transitar en el Congreso, pero tarde o temprano nuestros legisladores (y también el FMI) deberán entender que sin reformas estructurales que contemplen una fuerte baja de impuestos y también del gasto público, será imposible volver a crecer, generar divisas y eludir el fantasma de una nueva crisis como la del año pasado o la del 2001. Algo que deberá enfrentarse a más tardar el año que viene, y ante el riesgo cierto del eventual inicio del cierre de empresas en nuestro país para mudarse a Brasil u otros países de la región.

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