La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, puso nuevamente en la agenda política el tema de las deportaciones de extranjeros que delinquen en el país. Afirmó que el Gobierno trabaja en una iniciativa para crear una cámara judicial especializada en los delitos cometidos por extranjeros, como parte de un plan para hacer más ágiles los trámites de salida de Argentina. Esta temática ya estuvo en el ojo de la tormenta a fines del año pasado, cuando la funcionaria y gran parte del Gobierno exigieron una rápida expulsión del país para cuatro extranjeros que habían sido detenidos en inmediaciones del Congreso durante los incidentes en una marcha contra el Presupuesto.
Bullrich señaló que la iniciativa tiene que ver con la creación de una instancia judicial especializada. “La idea, más que la creación de un fuero, que serían más cargos y más jueces, es la creación de una cámara. Hay un proceso administrativo y luego un proceso judicial. La idea es que sea un trámite más rápido (el de la deportación) porque tiene que ver con la seguridad de la gente”, dijo ayer a Radio Mitre.
El objetivo, según señaló la ministra, es que “que todo aquel que se radique en el país lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir”. Bullrich agregó que “en el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas detenidas”. Afirmó también que la Dirección Nacional de Migraciones “ha construido un listado de personas impedidas de estar en el país y esta es una primera parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento”.
Bullrich fue una de las funcionarias del Gobierno que, en octubre del año pasado, pidió agilizar las deportaciones de extranjeros que fueron detenidos en los incidentes que se produjeron cerca del Congreso mientras se trataba el Presupuesto. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, bajo cuya órbita está la Dirección Nacional de Migraciones, fue otro de los integrantes del Gobierno que se expresó en ese sentido. La postura incluso tuvo apoyo peronista, en la opinión de Miguel Pichetto, jefe de la bancada del PJ en el Senado.
El plan para acelerar deportaciones que blanqueó ayer Bullrich tiene al área de Migraciones, que conduce Horacio García, como actor clave. En declaraciones radiales, García explicó que se buscará hacer más ágiles los trámites porque las actuales instancias determinan que las expulsiones “no se cumplan en tiempo oportuno”. Fuentes cercanas al director de migraciones subrayaron a El Economista que “autoridades del Gobierno Nacional y parlamentarios” están trabajando en el proyecto que Bullrich hizo público ayer.
“Los que vienen a trabajar, producir y estudiar tienen las puertas abiertas. Pero no queremos que sigan viviendo en la Argentina los que rompieron este contrato de confianza”, afirmó García, quien aclaró que se trata de “una minoría” la cantidad de extranjeros que delinquen. “Son 101 personas las que cometieron delitos y 254 son infractores a la ley migratoria”, especificó.
La opinión de Faurie
En línea con lo planteado por la ministra Bullrich, el canciller Jorge Faurie se mostró a favor de que se instrumente un mecanismo para que se hagan más rápidas las deportaciones de extranjeros que cometen delitos en Argentina. Consideró que el ingreso de extranjeros al país tiene una “excesiva liberalidad” y abogó por un control mayor.
“Nadie puede aceptar que la migración sea hecha para delinquir y nosotros tenemos controles migratorios que han dado una excesiva liberalidad al ingreso. Por eso, Migraciones está haciendo una tarea de control”, aseveró Faurie.
El canciller remarcó que el proyecto oficial busca que “puedan ser expulsados porque no contribuyen al bienestar de la sociedad”.
