Por Javier Fuego Simondet
El juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, y el juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense Martín Ordoqui, fueron apartados preventivamente de sus cargos por noventa días. La decisión la tomaron ayer los integrantes de los jurados de enjuiciamiento que tienen a su cargo las investigaciones en su contra. Ambos están acusados de haber favorecido a delincuentes a través de actos ilícitos. Carzoglio es el magistrado que desestimó un pedido de detención contra Pablo Moyano por presunta asociación ilícita en el Club Atlético Independiente, aunque su apartamiento no tiene que ver con su actuación en ese expediente mientras que Ordoqui está acusado de ser parte de la megabanda que lideraba el exjuez platense César Melazo, que está detenido.
En el caso de Carzoglio, el apartamiento preventivo por 90 días, que puede prorrogarse por otros 90 días, se decidió por unanimidad de los presentes en la audiencia del jury, que fueron nueve. Votaron por apartar al juez los legisladores de Cambiemos Guillermo Castello, Sandra Paris y Marcelo Pacífico; los abogados Juan Emilio Spinelli, Jorge Martínez, Graciela Amione, Jorge Alvarez y Pedro Arbini Trujillo, y el presidente de la Suprema Corte Bonaerense, Julio Pettigiani. La decisión aparta al juez de sus funciones pero no le impide cobrar su sueldo.
Las únicas dos ausencias fueron las de los diputados bonaerenses del Frente Renovador Jorge D'Onofrio y Pablo Garate. “Nos cambiaron el horario (de la audiencia) de las 12 a las 10, sin explicación. Y habíamos terminado a las 7 la sesión del presupuesto”, se justificó Garate en diálogo con El Economista.
Según pudo saber este diario de una fuente de la Procuración bonaerense, en el jury se tuvieron en cuenta tres denuncias contra Carzoglio que derivaron en una imputación por “incompetencia demostrada en el ejercicio de sus funciones; graves irregularidades en el cumplimiento de los deberes de su cargo; abuso de autoridad y violencia laboral”. La Procuración denunció a Carzoglio el 29 de septiembre del año pasado ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento.
Al juez lo acusan de haber dictado una orden de allanamiento para 18 inmuebles “facultando al ejecutante a realizar la diligencia en fecha a determinar”, lo que es “violatorio del artículo 219 del Código Procesal Penal”, que establece que la orden debe tener una fecha. Carzoglio dictó esa orden en la causa conocida como la del “Rey del Corte”, en la que se investigaba al reducidor de vehículos Elbio Fernández. A partir de estas irregularidades “la Cámara de Garantías anuló todos los allanamientos y actos procesales posteriores”.
También se acusa a Carzoglio de haber concedido arrestos domiciliarios “a detenidos que estaban a disposición de otros jueces” y “beneficios de salidas laborales en violación a la ley vigente”. Otra de las conductas que se le atribuyen es la “posible adulteración de actas de cumplimiento de reglas de conducta de medidas de morigeración”. Una fuente que fue parte de la audiencia del jury de ayer explicó a El Economista que “existen pericias caligráficas que dan por probada la falsificación de firmas de detenidos que gozaban de morigeración de penas; les armaban las actas, no iban al juzgado”.
Carzoglio también fue denunciado por los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires y de Lanús-Avellaneda por “premura de la decisión e incompetencia en razón de territorio”.
El magistrado suspendido presentó un descargo. En ese texto, según pudo saber El Economista de una fuente presente en la audiencia, el juez consideró que varias de las conductas que se le imputan están prescriptas como delitos y que no había causales para su apartamiento, ya que su presencia en el juzgado no entorpecería la investigación en su contra.
El caso Ordoqui
El camarista Ordoqui también fue apartado preventivamente por 90 días. Hubo nueve votos a favor y uno en contra, del diputado bonaerense Mariano Pinedo (Unidad Ciudadana), dijo a El Economista uno de los integrantes del jury. Sergio Berni, también diputado bonaerense por el kirchnerismo, se ausentó.
Para apartar a Ordoqui, que ya había sido suspendido preventivamente, se tuvieron en cuenta tres causas que se iniciaron a partir de escuchas telefónicas y llevaron al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, a denunciar al camarista ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En el caso conocido como el de la Megabanda del juez Melazo, las escuchas dieron pie a que se acuse a Ordoqui de haber hecho valer “su influencia a cambio de dinero para obtener de una sala del Tribunal de Casación una sentencia favorable a Javier Ronco, acusado de homicidio”, según la acusación a la que accedió El Economista.
También se apuntó contra Ordoqui por haber beneficiado con prisión domiciliaria a Ariel Heine, un detenido por reventa de inmuebles usurpados, defraudación y asociación ilícita. Para ello, el camarista se habría confabulado con Enrique Petrullo (señalado como operador judicial) y Eugenia Mercado (auxiliar letrada de la sala de Casación de Ordoqui, que ayer fue detenida).
