El bono que impulsó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, cuyo activismo desborda los límites de su ministerio, procura satisfacer necesidades diferentes.
La primera es de naturaleza política porque logró moderar el conflicto con la CGT y desactivar un probable paro. Sacó al Gobierno de la agenda del ajuste con una medida de contención social en una circunstancia difícil que, esto también es una novedad, las propias autoridades reconocen sin eufemismos.
La segunda es social, porque aquellos trabajadores que reciban el bono (no se sabe cuántos serán) tendrán una mejora en sus ingresos luego de un año de fuerte caída de los salarios y en un momento especial porque muchos fines de año han sido muy conflictivos en Argentina.
Hay un tercer elemento que es el económico porque los trabajadores recibirán miles de millones de pesos que volcarán al consumo que de esta forma podría frenar a su caída aunque esté aún muy lejos de recuperarse.
Pero no se trata de una situación en las que todos ganan. La iniciativa tiene también aristas complicadas. Coloca sobre las pymes una carga adicional al término de un año extremadamente difícil para los sectores productivos con caída de ventas, presión impositiva en alza, dificultades para acceder al crédito y tasas de interés estrafalarias.
Además, como muchas empresas no van a poder pagar el bono se profundizará la fragmentación del mercado laboral y se pueden generar conflictos en aquellos sectores que queden excluidos. También pueden enfrentar conflictos los gobiernos provinciales que no le paguen el bono a sus empleados porque otras lo harán.
El éxito de la iniciativa del Gobierno se va a determinar por la cantidad de personas que finalmente cobren el bono y por la moderación de los conflictos que se puedan generar. Un final abierto.
