Mariano Bartolomé Profesor de la USAL
Hace pocos días se encontró el casco del submarino ARA San Juan luego de un año de su último contacto de radio. Se lo halló implosionado y perforado, a más de 900 metros de profundidad. Con ese descubrimiento se cerró una larga lista de hipótesis en torno a las causas de la desaparición del navío, que entre sus versiones disparatadas incluía su ocultamiento por parte del Gobierno, para mostrarlo oportunamente con fines políticos domésticos.
La aparición del San Juan demostró que la Casa Rosada no albergaba segundas intenciones en la materia, pero también nos recordó dolorosamente que, tras tres años de gestión, el actual Gobierno carece de una política de Defensa clara. O, cuanto menos, de una que pondere al sector.
En este sentido, no se alteró la progresiva desvalorización del área desde el retorno de la democracia hasta nuestros días, mensurable en términos de asignación de recursos, medidos en términos del PIB: del 2% de Alfonsín hasta el 0,8% de Cristina Kirchner. De ese exiguo monto, cuatro quintas partes se destinan a salarios, dejando una magra suma para compras, reparaciones y operaciones. Nunca se cumplió la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas de 1998 que pretendía recomponer la asignación al sector mediante incrementos presupuestarios progresivos.
Las Fuerzas Armadas de Argentina no han adquirido equipamiento de significación desde la década del '80. El deterioro y envejecimiento de los equipos alcanzó su momentos álgidos en enero de 2013 y noviembre de 2015: en el primer caso, el destructor Santísima Trinidad literalmente se desfondó amarrado a su muelle en la base Puerto Belgrano producto de la falta de mantenimiento a su casco y, en el segundo, fueron desprogramados los míticos aviones Mirage, de excepcional actuación en la Guerra de Malvinas, quedando la Fuerza Aérea desprovista de aviones de combate supersónicos hasta el día de hoy.
Desde entonces, en términos concretos prácticamente nada ha cambiado. Gran cantidad de pilotos de la Fuerza Aérea han migrado a la aviación comercial, donde las demandas crecen a caballo de las aerolíneas low cost; entre 200 y 500 pesqueros extranjeros -casi la mitad chinos- depredan diariamente el Mar Argentino casi sin vigilancia estatal y el control efectivo del espacio aéreo continúa siendo mucho más una expresión de deseos que una realidad, como en Chile o Brasil.
A modo de coralario, hace unos meses el prestigioso medio especializado Defence Journal concluyó que las instituciones armadas argentinas habían dejado de constituir una fuerza militar con capacidades operativas reales.
La reciente modificación de la reglamentación de la Ley de Defensa ha generado un importante revuelo entre los especialistas locales en estos temas, al eliminar el requisito estatal y militar que debía tener una agresión externa. Los que la rechazan aseguran que el cambio abre las puertas a un abierto involucramiento castrense en la lucha contra el narcotráfico, la seguridad pública e incluso la represión de la protesta social.
Personalmente, no creo que eso sea así y entiendo que el cambio es positivo en tanto aspira a adecuar el marco normativo local al tipo de conflictividad que prevalece en el sistema internacional donde se inserta nuestro país, signado por amenazas de tipo transnacional protagonizadas por actores no estatales que ejercen la violencia en formatos asimétricos o híbridos. Absolutamente todas las naciones sudamericanas, incluso Brasil y Chile, gozan de ese enfoque flexible.
Sin embargo, lo antedicho no puede menoscabar la tarea principal de la Defensa y el instrumento militar, cual es la preservación de la soberanía territorial y el bienestar de los habitantes del suelo patrio.
En un complejo mundo plagado de pujas de intereses donde las fricciones geopolíticas estarán a la orden del día, Argentina posee la octava superficie del planeta y un espacio marítimo tres veces mayor; cuenta con parte de su territorio ocupado por una potencia usurpadora (Malvinas) y mantiene apetencias sobre la Antártida, definiéndose en tal sentido como país bioceánico; dispone de enormes dotaciones de recursos naturales estratégicos y exhibe enormes espacios vacíos en un mundo que se encamina a tener 10.000 millones de habitantes a mediados de siglo.
Hoy las Fuerzas Armadas carecen de la capacidad real para cumplir de manera efectiva esa misión principal. Tampoco cuentan con la cantidad ni calidad de medios para participar -como no sea de forma simbólica- en complejas operaciones combinadas con fuerzas armadas de otros países, afectándose negativamente la tarea de coadyuvar con la política exterior en lo que se conoce como Diplomacia de la Defensa.
En alguna oportunidad el actual Presidente declaró públicamente que en gestiones anteriores el Estado había ignorado y abandonado a las Fuerzas Armadas, lo que se había traducido en falta de recursos para equipos e infraestructura. La apreciación es cierta, pero las cosas no parecen haber cambiado mucho.
En el último discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa -cuatro meses después de la tragedia del San Juan- no hubo ninguna mención de rigor a la política de Defensa.
Por otro lado, el intensivo empleo de conceptos tales como “fusionar” o “achicar” por parte del ministro de Defensa, sugiere el predominio de considerandos económicos en las decisiones gubernamentales.
En la misma línea, se subraya el ingreso de fondos al sector producto de la venta de tierras militares, un recurso utilizado en forma constante desde el Gobierno de Carlos Menem que nunca redundó en un beneficio concreto para las instituciones armadas
En suma, para desazón de los que abrigaban expectativas, e incluso supusieron que la tragedia del San Juan podía operar como punto de inflexión, no es aventurado decir que la Defensa será una asignatura pendiente en esta gestión presidencial.
