Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Lo peor de la crisis cambiaria parece lentamente haberse superado. No hay, por ahora, ningún “cisne negro” a la vista, y no habría al menos hasta fin de diciembre semanas comparables a las de mayo-septiembre pasadas. Sin embargo, las consecuencias no se han terminado de digerir. Una de ellas ha sido la espiral inflacionaria, que no será fácil de combatir apelando sólo al control de la base monetaria. La economía sigue indexada y nada hace prever cambio en sentido contrario al menos hasta bien entrado 2020. Más aún, los reajustes de alquileres y las recientes subas de combustibles impulsarán nuevos aumentos de precios de servicios regulados y de bienes de consumo masivo. Los pagos de “bonos” obligatorios o no estarán en el centro de las discusiones, y para 2019 se vienen paritarias de las más encarnizadas de la era Cambiemos.
El objetivo de los líderes sindicales de lograr cierta recuperación del poder adquisitivo perdido en 2018 chocará contra la realidad de una economía real maltrecha por la crisis cambiaria como por el aumento de la presión fiscal. Frente a la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit primario cero, el Poder Ejecutivo ha optado por el camino de menor conflictividad y protesta organizada, lo cual es más que evidente en la mecánica de negociación del Presupuesto 2019.
Para lograr acuerdos y votos en el Congreso se cedió frente a pedidos de gobiernos provinciales, en el camino se sacrificó a la provincia de Buenos Aires, y tanto ésta como el Gobierno Nacional han optado por aumentar la presión tributaria para el año electoral que se viene. Una apuesta riesgosa, pero probablemente uno de los pocos caminos visibles en el corto plazo para preservar liquidez, al menos hasta las PASO de agosto.
El problema es que no es del todo claro que redunde en una mejora de la recaudación tributaria de manera permanente en términos reales. En términos nominales, las perspectivas no son nada pesimistas, ya que prácticamente todos los impuestos tienen directa o indirectamente indexada su base imponible. Luego de las reformas tributarias de las últimas dos décadas, cuesta pensar en la existencia de un efecto Olivera Tanzi relevante. Pero el impacto en términos reales no necesariamente va a ser inocuo. Reducir o eliminar exenciones, aumentar alícuotas para sujetos gravados, o crear nuevos tributos, derechos y tasas en jurisdicciones provinciales y municipales, no puede continuar hasta el infinito. Obviamente esto nunca lo admiten los legisladores y funcionarios de turno. Dan más que supuesto que la llamada curva de Laffer (originalmente debida a un trabajo de Dupuit de 1844) no existe, en caso de admitir su existencia. Dicha curva muestra que a medida que aumenta la alícuota de un tributo (Ganancias, por caso), la recaudación total crece a tasa decreciente, y a partir de cierto nivel de dicha alícuota, la recaudación empieza a caer.
En el primer tramo la base imponible cae pero el impacto en la recaudación es menos que proporcional que al aumento de los ingresos fiscales vía suba de la alícuota. Ese aumento llega a un máximo a cierto nivel de alícuota a partir del cual nuevas subas de la tasa impositiva conducen a una caída más que proporcional en la base imponible y la recaudación cae a medida que aumenta la presión fiscal.
La realidad, por supuesto, es bastante más compleja debido a la existencia de diversas reglamentaciones tributarias que en el año van alterando la presión efectiva en cada uno de los ítems del nutrido menú de impuestos, derechos y tasas que pagamos en nuestra condición de consumidores, tenedores de activos, productores de bienes o de servicios, trabajadores activos, monotributistas o jubilados. En el caso particular de los tributos ad valorem como el IVA, y bajo una restricción de déficit fiscal primario cero, es ya estándar en los libros de texto sobre teoría del crecimiento económico una suerte de Curva de Laffer “dinámica”: la presión tributaria y la recaudación aumentan en la medida en que no reduzcan el crecimiento económico. Las sucesivas subas de la alícuota conducen a incrementos cada vez menores en la recaudación hasta que se alcanza un máximo coherente con el máximo crecimiento factible bajo dicho esquema recaudatorio. Con alícuotas superiores, empieza a caer no simplemente la base imponible presente, sino la tasa de crecimiento económico, y por ende los futuros valores del PIB, del ingreso per cápita, de la base imponible y de la recaudación to
tal, tornándose inviable maximizar el bienestar de los consumidores, el crecimiento económico y el cumplimiento de la meta de déficit primario igual a cero.
Consciente o inconscientemente, parecería ser esa la advertencia visible en recientes expresiones de colegas que ven difícil que se logre un crecimiento promedio de 3% o más para 2020-2023, o de los que entienden que sin un crecimiento económico de al menos 4% anual podría aumentar la probabilidad de default de la deuda, o de calificadoras como Fitch, que frente a indicadores de la economía real (que probablemente no muestren gran mejoría hasta el año próximo), han rebajado sus perspectivas de aumentar en el futuro próximo la calificación (“credit rating”) de la deuda soberana.
Ciertamente, subir impuestos es un instrumento fácil de echar mano en escenarios de emergencia. Pero cuando se opta por tal salida a partir de niveles ya poco soportables de presión fiscal, y en el caso de este año, echando por tierra definitivamente la prédica e intenciones en torno de la ya tibia reforma tributaria del año pasado, las dudas siguen sin disiparse. Dudas en torno a la capacidad de repago y la sustentabilidad del programa acordado con el FMI: si la economía no crece, y vigorosamente, a partir del segundo semestre del 2019, inevitablemente se requerirá emitir deuda interna y externa en 2020.
Pero si la economía no retorna a un sendero firme y creíble de estabilidad y crecimiento, no será tan rápido el retorno del apetito por deuda argentina y una baja de riesgo país a niveles marcadamente inferiores a los actuales. Tarde o temprano retornará la tarea conflictiva que el actual Gobierno no ha podido, o querido enfrentar: achicar el Estado, reducir más partidas de gasto primario y bajar la presión fiscal nominal. Parecería que en estos tres años se supuso que estamos del lado bueno de la Curva de Laffer, pero el downgrade de Fitch sugiere que no pocos observadores opinan lo contrario.
