Entrevista a Adrián Pérez Secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior Por Pablo Varela
El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, dialogó con El Economista acerca del debate por el proyecto de ley de financiamiento político que se trata en el Senado. Durante la charla defendió la “bancarización” de los aportes y sostuvo que hay una “deuda del sistema político” en materia electoral.
Se está tratando en el Senado un proyecto de ley de financiamiento político. ¿Cómo ve ese debate?
Me parece que es necesario para el financiamiento de los partidos. Va mucho más allá de si hay aportes de empresas o no, eso es un aspecto. El más importante para mí es la obligación de que todo esté bancarizado, y que eso va a dar mucha transparencia porque es la forma más fehaciente de saber cuales son los aportantes. Creo que ese es el gran aspecto que tiene esta ley, desde luego hay otros. Por ejemplo el fortalecer los mecanismos de control; el proyecto introduce ocho auditores contadores, crea un procedimiento electoral sancionador, crea un proceso mucho más rápido para establecer las sanciones lo cual es muy importante. Finalmente agrega esta cuestión que habilita el aporte de las personas jurídicas.
¿Eso está relacionado con el escándalo en la provincia de Buenos Aires con los denominados aportantes truchos?
No. Tiene que ver con la necesidad que tiene hoy la política de tener una buena ley de financiamiento. Tiene que ver con un diagnóstico que hay hace muchos años que la ley actual tiene huecos, que hay problemas en materia de financiamiento. Tiene que ver además con que el Gobierno está convencido de que tenemos que dar un salto institucional importante y así como hemos avanzado en algunas cosas, hay que avanzar en una nueva norma de financiamiento de partidos que permita nuevos mecanismos de control: que todo esté bancarizado, que lo pueda controlar la Justicia y también la ciudadanía. En definitiva se trata de darle legitimidad a la política. Cuando hacemos las cosas con transparencia, legitimamos la política lo que es un aspecto fundamental.
Se habla mucho de corrupción en la Argentina en el último tiempo. ¿Usted cree que esa corrupción pudo haber estado ligada al financiamiento de los partidos y de las campañas electorales?
Creo que tenemos un problema con el financiamiento y tenemos un problema con la corrupción. Hay investigaciones que señalan que esa plata era para el financiamiento, yo no sé si eso es así o no y en todo caso lo determinará la Justicia. Nuestra legislación tiene debilidades y esto no está dicho por nosotros sino por la mayoría de los expertos. En el mundo se ha tendido a la bancarización y que no haya aportes en efectivo. En la Argentina el 50% de los aportes son en efectivo. De esa manera es muy difícil lograr la trazabilidad y saber quienes son los aportantes fehacientemente. Diría que tomando la experiencia de otros países, deberíamos avanzar en ese sentido. Además con controles cruzados porque los datos están dispersos. Hay datos que los tiene la AFIP, otros la UIF, otros la Procelac y otros la Cámara Federal Electoral. Entonces si juntamos eso podemos hacer un control exhaustivo sobre los que están financiando la campaña y esto es lo que viene a cubrir este proyecto.
Hay un grupo de intendentes del PRO que quieren eliminar las PASO en territorio bonaerense. ¿Cómo ve esa iniciativa?
Nosotros no hemos puesto ese tema en debate, pero es legítimo. En materia electoral es legítimo que cada cual establezca su posición. Lo cierto es que modificar una ley electoral requiere una mayoría especial. Requiere un consenso importante y hay que ver si lo hay para hacer una modificación de las PASO. Nosotros no lo tenemos en agenda y veremos si se instala en la agenda de los sectores de la política.
Más allá de los consensos. ¿Dan los plazos para implementar una modificación de esa naturaleza?
Es difícil. Hay poco plazo. Pensemos que el año que viene las PASO son agosto, la convocatoria son cincuenta días antes; ya si este año no hay modificaciones en ese sentido será muy difícil poder implementarla el año próximo. Creo que queda poco tiempo si alguien quiere hacer una iniciativa de esa naturaleza.
Luego de la experiencia en la CABA, parecía que el Gobierno se proponía llevar la boleta electrónica a todo el país. En 2017 se votó con boleta de papel. ¿Cómo estamos en ese sentido?
Tanto la boleta electrónica, como la boleta única de papel, son mejores que lo que tenemos hoy. En algún momento hay que poder cambiarlo. Realmente estábamos convencidos de que la boleta electrónica iba a ser una buena medida como lo había sido en la Ciudad, en Salta. También hay otras provincias que tiene la boleta única de papel y han venido funcionado bien como en el caso de Córdoba o de Santa Fe. Sigo pensando que cualquiera de estos dos sistemas son superiores a la boleta de papel partidaria que pone tanto peso en los partidos políticos. La boleta única siempre genera más equidad en la competencia, es más transparente y ojalá podamos retomar ese proyecto. Es una deuda que tenemos desde el sistema político.
