Empresarios creen que muchas empresas no pagarán el bono

14 de noviembre, 2018

ICC UTDT

 

Publicado el decreto, las tensiones que generó el bono de fin año de $5.000 no desaparecieron. En el mundo sindical, la cúpula de la CGT se dio por satisfecha con el acuerdo tras la inclusión del artículo que obliga a las empresas a avisarle a Producción diez días antes de despedir sin causa y suspendió el paro general. Mientras que para los sectores más confrontativos el bono es insuficiente y anunciaron medidas de fuerza para diciembre. En el espectro empresario, pese a las múltiples cláusulas agregadas que permiten adecuar plazos y montos para sectores en crisis e incluso tomarlo como parte de las revisiones de paritarias, las críticas siguen a la orden del día. En plena profundización recesiva, con las tasas por las nubes y la cadena de pagos en un hilo, aseguran que la mayoría de las firmas no podrá pagarlo. “Hay varias lecturas. La primera: es necesario para aliviar la situación de deterioro salarial. Aunque no la alivie. Pero siempre es mejor algo que nada. La segunda: esto puede crear grandes frustraciones porque muchas empresas no van a poder pagarlo directamente.

 

Hay empresas que ahora están suspendiendo personal, que están acordando pagar una parte del sueldo. Imaginemos ahora el bono… Va a ser imposible. Y no se puede recurrir al financiamiento como en otros momentos porque la tasa de interés es tan extraordinariamente elevada que es imposible”, planteó Pablo Challú, presidente del Consejo de Empresarios Nacionales (una entidad que reúne principalmente pymes), en diálogo con El Economista. Y consideró que esta situación no la viven solamente las empresas pequeñas y mediana: “Las grandes también están con problemas, basta ver los balances que están surgiendo. La inmensa mayoría está en una muy mala situación. Algunas incluso están ante la decisión de seguir en la actividad o no”.

 

 

Challú dijo que, ante la imposibilidad de pagar el plus no remunerativo, “las empresas van a apelar a todo lo que se pueda apelar antes de llegar al conflicto. Pero lamentablemente es una medida que tiene un germen de conflicto”.

 

Por su parte, el vicepresidente de la UIA, José Urtubey, se mostró confiado en que los artículos que permiten negociar las condiciones de pago puedan descomprimir la situación: “En principio el contexto económico es muy difícil para las pymes, las empresas, los trabajadores. Pero el bono tiene cierta flexibilidad en su artículo 3º para que cada parte con su contraparte puedan acordar en función de sus posibilidades tanto en montos como en plazos”. Sin embargo, aseguró que la realidad en su sector es crítica y reconoció que puede empeorar en los próximos meses. “No se puede tapar el sol con la mano. Hay pymes que están cerrando porque ya no dan más. Se necesita tener tasas en parámetros razonables; así no pueden seguir”, lanzó el dirigente industrial en diálogo con este diario. Challú coincidió: “Yo creo que la situación se va a agravar porque muchas empresas están terminando sus reservas. La recesión todavía no ha llegado a su nivel máximo y el apretón monetario recién ahora se está empezando a sentir en toda su intensidad”.

 

La decisión del Gobierno de decretar el bono para descomprimir la conflictividad gremial de caras a un cierre de año que cargará en la espaldas de los sectores más vulnerables la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la pobreza y lo más hondo de la recesión, aunque con concesiones al empresariado, trajo algunos chispazos con los portavoces del sector manufacturero. Fuera de micrófono, un ejecutivo industrial se despachó: “De ninguna manera debieran usar dinero de las empresas para bajar la presión de un paro con fines electorales. Ahora también las provincias ofrecen pagar, y lo hacen con impuestos a empresas, que tienen dificultades para pagar sus propios salarios”.

 

Impacto real

 

Así, todo indica que los trabajadores que percibirán los $5.000 en dos cuotas serán una minoría. En Argentina, los asalariados registrados del sector privado son poco más de 6 millones. Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, le explicó a El Economista que “sólo 3 millones de trabajadores están en empresas grandes, que son las que probablemente lo paguen como está diseñado; después hay otros 3 millones que están en mipymes y no todos lo van a cobrar”. Los asalariados del sector público son otros 3 millones, pero menos de 800.000 pertenecen a la órbita nacional (que sí percibirán las dos cuotas de $2.500 luego del acuerdo entre UPCN y el Gobierno). Mientras que para los provinciales y municipales el bono aún es una incógnita. “Pero aunque todos los estatales lo cobren, hay casi 5 millones de informales que no lo van a cobrar y otros 3 millones de cuentapropistas que tampoco lo van a cobrar. Cuando vos hacés el cálculo realmente los que van a recibir el bono son 6 de 17 millones”, agregó Spotorno.

 

Al haber tantos sectores incluidos, el impacto en el consumo y la capacidad de motorizar una recuperación será moderada. El economista de OJF dijo que, si se paga todo lo que se propone, puede evitar que el consumo siga cayendo: “Serían unos $30.000 millones que se van a volcar al consumo en los próximos meses”. Y concluyó: “El tema son las pymes. Yo creo que no lo van a pagar porque los precios mayoristas –que son el costo de las empresas–en términos anuales crecieron 70% y con suerte pudieron trasladar 30 puntos por debajo de costos. En parte eso lo pudieron sostener porque el salario solamente aumentó 24-25%. Pero los números no dan para mucho más”.

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