Por Juan Radonjic
Más que las declaraciones de amor, importan las pruebas de amor. Desde hace tiempo, funcionarios y legisladores destacan el valor de las pymes por ser las principales generadoras de empleo del país. Y están en lo correcto. Sin embargo, las castigan una y otra vez. Ahora, según un decreto a punto de firmarse, deberán pagar un bono de $ 5.000 a sus empleados al igual que el resto del sector privado. Lo tendrán que hacer al término de un año en el cual han soportado una fuerte carga impositiva (en ascenso), caída de ventas y rentabilidad, cortes en la cadena de pagos, tasas de interés estrafalarias (incompatibles con la actividad productiva, como afirmó Dante Sica en El Economista) y enormes dificultades para obtener financiamiento.
El objetivo, loable, del decreto es mejorar la situación de los trabajadores que vieron caer sus ingresos y así reactivar el consumo, pero el camino elegido es equivocado. Los salarios, y los ingresos en general, se derrumbaron como consecuencia de una aceleración inflacionaria originada en una megadevaluación que no se produjo por culpa de las pymes sino por errores de la política económica, como las propias autoridades lo han reconocido.
Por otra parte, se trata de una medida acotada que alcanza, y con muchas excepciones, a las 6.300.000 personas que tienen empleo registrado. Los empleados del sector público nacional, en principio, no están incluidos porque afectaría el déficit cero comprometido con el FMI. Argumento al que los privados no pueden recurrir. A su vez, cada provincia decidirá lo que hará con sus empleados. ¿Qué va a poner el Estado para mejorar la situación salarial? El Gobierno procuró descomprimir la situación con la CGT y evitar un paro además de demostrar preocupación por los ingresos de los trabajadores. Pero lo hace a un precio muy alto, porque descarga el cumplimiento de esos objetivos políticos sobre las espaldas de las pymes.
En el sector privado no todos pagarán el bono, ya sea por imposibilidad o por los excepciones que el propio decreto contempla. Esa situación llevará a que se generen situaciones conflictivas al interior de muchas empresas en un momento en el que hay que hacer todo lo posible por evitarlas.
Por otra parte, hay sectores en los cuales cierta atenuación en el deterioro de los ingresos ha sido posible porque confluyeron en esos casos actividades con mayor rentabilidad y sindicatos poderosos. Pero son excepciones y, para la mayoría, la situación es más complicada. Aquellos empleados, que por el tamaño de las empresas o por las características del sector en los que trabajan, cobren el bono sin dificultades serán los que menos lo necesitan porque son los que mejor están en términos relativos y pueden lograr avances en su situación sin necesidad de un decreto. Mientras que los que más lo necesitan, serán los que más dificultades tendrán para cobrarlo. Las distorsiones y desigualdades en el mercado laboral se profundizarán con el bono porque los trabajadores no registrados y cuentapropistas, a los que la CGT no representa, quedarán excluidos.
Es prioritario recuperar los ingresos de toda la población (no sólo de los trabajadores registrados) y para ello es fundamental que baje la inflación y mejore la situación económica general y con ella las de las pymes a las que hay que ayudar para que puedan ir subiendo salarios, cumplan con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma y eviten despidos. Imponerles en este momento una carga adicional va en sentido contrario a esos objetivos.
