“No hay conflictos internos. Es un organismo que tiene cinco ministros, que muchas veces tenemos visiones diferentes acerca de lo que debe hacerse, que defendemos nuestras ideas con bastante convicción y vehemencia”. Quien esto dijo ayer fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en un evento organizado por el Rotary Club de Buenos Aires. Y agregó: “Creo que es algo a lo que el país se tiene que acostumbrar, gente que tiene buena fe y comparte propósitos institucionales y a veces está en desacuerdo, y los desacuerdos se expresan de modo diferente, pero no son más que eso y creo que es bueno que sepamos vivir con eso”. La referencia correspondía a las tensiones en el Máximo Tribunal de las últimas semanas. En especial, aquellas que se suscitaron con Ricardo Lorenzetti, su antecesor en la presidencia del tribunal, por la dirección del Centro de Información Judicial. Y en contexto en el que se espera decisiones importantes de la cabeza del Poder Ejecutivo.
La seguidilla ya fue anunciada. Y genera expectativas. En el Gobierno, en la oposición. En sectores importantes de la sociedad civil. Y en la misma Justicia. El 27, días antes del inicio del G20, la Corte Suprema tendrá que expedirse sobre una medida cautelar por el pago del impuesto a las Ganancias para jueces. El 4 de diciembre, la agenda marca otro fallo importante: dictará sentencia vinculada con la aplicación de la ley del 2x1 en las causas de delitos de lesa humanidad.
La última vez que el Máximo Tribunal opinó sobre el tema, otorgó el “beneficio” al represor Luis Muiña, pero luego el Congreso sancionó una ley para que ese cómputo no pueda aplicarse a esos casos, con el repudio en las calles de buena parte de la sociedad. Las últimas dos fechas en el calendario, en tanto, tienen implicancias electorales, en un caso, y fiscales, previsionales y presupuestarias en el otro. El 11 dictará sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz y el 18 se expedirá respecto del ya famoso Caso Blanco, que podría beneficiar a más de 150 mil jubilados, si la Corte confirma la sentencia de los jueces Luis Herrero y Carmen Dorado de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social. El fallo preocupa mucho a la Casa Rosada por las erogaciones que podrían significar para las arcas públicas, en un contexto recesivo y de búsqueda de déficit cero.
La mención a la medida cautelar por el pago del impuesto a las Ganancias para jueces fue explícita, a partir de una pregunta de los participantes en el almuerzo en un hotel del centro porteño. Rosenkrantz defendió la exención que tienen los funcionarios judiciales y consideró que “el verdadero problema no es si se paga o no Ganancias, sino qué jueces queremos y cuanto queremos que ganen”. En ese sentido, consideró que no se trata de “una búsqueda de privilegios, sino de la defensa de un salario adecuado para un juez”.
En ese sentido, el presidente del tribunal también se refirió a las cualidades que tienen que tener los magistrados. “Debemos ser independientes, no sólo de los otros poderosos del Estado, sino también de nuestras convicciones ideológicas y políticas”, dijo. Y agregó: “Deben ser valientes y tener la valentía de decir lo que el derecho exige, independientemente de lo que pida la tribuna”. A su vez, lanzó una frase que pareció destinada a Lorenzetti: “Yo no tengo una visión falocrátrica. A mí me parece que la mejor contribución que uno puede dejar a cualquier institución es que quienes lo sucedan funcionen mejor que nosotros mismos”, señaló. “Creo que el gran desafío que yo tengo es devolverle al país la fe en el derecho”, concluyó sobre ese punto.
En otro orden, el presidente de la Corte elogió algunas reformas introducidas en el Código Penal, como la “sanción de la mentira” y defendió la figura del arrepentido, que “es una reforma quirúrgica, pero tiene un efecto cuántico porque rompe la solidaridad en el delito”. Rosenkrantz ubicó la corrupción como un “problema endémico” en el país que, en general, dijo es encarado luego de “larguísimos letargos”. Y juzgó que “inculpar la responsabilidad a la Justicia por los resultados en los juicios que se trata la corrupción, es injusto”.
