Por Sebastián Senlle
El casi nulo dinamismo que muestra desde hace ya varios años el empleo privado en nuestro país es uno de los problemas de mediano y largo plazo que más se interrelaciona con las posibilidades de crecimiento económico. Tiene, además, un marcado impacto fiscal, porque obliga al Gobierno a paliar la situación con esfuerzos de contención vía empleo público, cooperativismo y asistencia social directa, que generan un gasto público rígido y muy conflictivo de bajar. El empleo privado acumula ocho años prácticamente estancado en nuestro país. La cantidad de trabajadores privados registrados se ubica en torno a los 6,5 millones de trabajadores, con variaciones muy poco significativas desde 2010, cuando logró una pequeña recuperación tras la recesión de 2009.
El empleo privado registrado creció en los últimos 8 años a un ritmo en torno al 1%, que no alcanza a cubrir siquiera la tasa de crecimiento vegetativo, estimada en torno a 1,1%.
Los incentivos a la generación de empleo no parecen ser los mejores y dificultan que el sector privado pueda dar las respuestas adecuadas. Argentina se ubica 132° sobre 136 países en el ranking de eficiencia del mercado laboral, de acuerdo a la última edición del Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF). En incentivos impositivos al trabajo, baja aun más: se posiciona en el escalón 134.
El Gobierno actualmente, de acuerdo a las últimas cifras oficiales, cuenta con una planta de 702.000 empleados públicos, a lo que se suman unos 2.321.000 empleados provinciales y unos 450.000 empleados que dependen de los municipios, lo que totaliza en torno a los 3,5 millones de trabajadores estatales.
Además, reciben ingresos del Estado cerca de 7 millones de jubilados, 4,2 millones de beneficiarios de AUH, 381.000 beneficiarios de pensiones no contributivas, y unos 110.000 beneficiarios de otras pensiones (PUAM, presos políticos y/o veteranos de guerra, entre otras).
Pero además, el sector público cuenta con distintos programas de empleo a los que acudió para contener la situación social ante el escaso dinamismo del empleo privado, siendo “Hacemos Futuro” el más representativo de ellos (que fusiona los programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”). Este programa apunta a generar cooperativas de trabajo para realización de trabajos para el Estado, en sus distintos niveles.
Según cifras oficiales de fines de 2017, el programa “Hacemos Futuro” reunía unos 175.000 beneficiarios. La cifra resulta contundente: equivale a casi una cuarta parte de los empleados públicos nacionales totales y supera ampliamente a todos los trabajadores de rubros como fuerzas de seguridad, empresas públicas, entes y organismos descentralizados o Administración Pública central.
El Gobierno ideó distintos planes para intentar gradualmente traspasar beneficiarios de los programas sociales al empleo público formal, pero hasta ahora el resultado ha sido tibio. Uno de los más comentados es el Programa Empalme, lanzado en 2017, que incentiva a las empresas a tomar a estos beneficiarios como trabajadores, considerando el monto del plan social como parte del sueldo a cargo del Estado durante los dos primeros años de la contratación.
“Es importante destacar que al momento de lanzar este programa ya existía una iniciativa similar, el Programa de Inserción Laboral, que vino a reemplazar. Hubiera sido importante contar con algún tipo de evaluación de esta iniciativa para saber en qué casos funcionó, y cómo podría haber sido mejorada”, advierte la economista especializada en temas laborales Silvana Melitsko.
Pese a que no se cuenta con cifras oficiales de beneficiarios, el programa ha tenido un impacto inferior al esperado. Se estima que unos 11.000 trabajadores se incorporaron este año al empleo privado, provenientes de programas sociales. “A esto hay que sumarle que más de 50.000 personas han realizado o están realizando capacitaciones dentro de empresas a las que, al finalizar, tienen posibilidades de incorporarse definitivamente”, aseguran fuentes de la cartera de Trabajo, que afirman que “ha empezado el proceso para pasar progresivamente del asistencialismo a la empleabilidad”.
Los especialistas consultados coinciden en que el moderado impacto del plan puede ser explicado en parte por un contexto adverso a la generación de empleo, dado el magro crecimiento económico. “En el contexto actual es poco probable que un programa de este tipo, cualquiera sea su diseño, beneficios y condiciones, tenga mucho éxito”, comenta Leo Tornarolli, economista e investigador senior del Cedlas-Unlp, haciendo eje en el escaso dinamismo del mercado de empleo privado.
Tornarolli suma otros motivos que pueden estar relacionados con el bajo impacto que generó el programa. “Podría ser que el beneficio otorgado haya sido demasiado bajo como para ser atractivo para las firmas. Formalizar trabajadores supone ciertos costos que tal vez las firmas no estén dispuestas a asumir aun con la presencia de este beneficio”, explica.
Jorge Colina, economista de IDESA, coincide con el diagnóstico, señalando que los requisitos pueden haber sido muy exigentes: al incorporarse al plan, las firmas deben, entre otros requerimientos, pagar salarios de convenio y comprometerse a no reducir la dotación (la idea de este punto era evitar que los nuevos trabajadores, a través del empalme, reemplacen a los ya empleados).
Además, Tornarolli añade un posible mecanismo teórico, relacionado al “efecto estigma”, analizado en la literatura económica. “Puede ocurrir que las firmas vean a los trabajadores desocupados beneficiarios de programas sociales como menos productivos que otros trabajadores desocupados. En ese sentido, “ofrecerle” a las firmas trabajadores con un beneficio/subsidio asociado (el Programa Empalme) le señalaría a las firmas que se trata de trabajadores de baja productividad, y por lo tanto se da el resultado adverso al esperado, haciendo que esos trabajadores sean menos atractivos”.
La politóloga e investigadora Roxana Mazzolla coincide y advierte que “estas son políticas que parten de supuestos que no existen: idealiza que el mercado de trabajo que absorberá naturalmente a los sectores menos integrados cuando en verdad eso no sucederá por acto divino”. Mazzolla explica que “no pasa sólo por una cuestión de falta de capacitación de los destinatarios de los programas sociales o porque cómo se dice sean vagos y no quieran trabajar sino porque se ponen en marcha discriminaciones, prejuicios del sectores empleador sumado a diversas vulnerabilidades de la población más humilde de todo tipo, que hace que no funcionen estas estrategias, y más aún en contextos como los actuales de baja del consumo y pérdida del empleo”.
Melitsko también reclama un abordaje más particular de los sectores que vienen de la economía popular, advirtiendo que “las diferencias en materia de empleabilidad de trabajadores de distintos grupos de edad, género y regiones son demasiado importantes como para abordarlas con una sola herramienta”.
Las respuestas, entonces, parecen pasar por generar un entorno más amigable para la contratación de empleo privado en el país y que a la vez atienda, desde el Estado, las particularidades de sectores vulnerables, que han estado durante períodos largos marginados del empleo formal, y genere incentivos contundentes para que estos segmentos reciban formación y obtengan posibilidades de integración reales al mercado laboral.
