Por Francisco Eggers Profesor de Finanzas Públicas de la UNLP
El 29 de agosto a la mañana, el Presidente anunció un acuerdo con el FMI. Como el FMI no hizo un anuncio similar, enseguida quedó claro que no era cierto. Resultado: se intensificó la corrida cambiaria, y el dólar subió 26% entre ese día y el día siguiente. Exactamente lo contrario de lo que el Gobierno quería.
¿Qué conclusión podría sacarse? Que es preferible decir la verdad, por amarga que sea, antes que una mentira con patas cortas. Pero parece que Hacienda no está convencida, a juzgar por el comunicado con el que anunció la ejecución presupuestaria base caja del mes de septiembre.
Analizando las cifras, vemos que el gasto del sector público nacional no financiero aumentó en los primeros nueve meses 24% respecto a igual período de 2017, mientras que los recursos tributarios (que constituyen el grueso de los recursos realmente genuinos) crecieron 23%.
La ejecución evidencia una baja muy importante en términos reales del gasto “primario” (es decir, exceptuando los intereses), que en gran medida se debe a varios motivos.
La aceleración de la inflación que, combinada con la modificación en la indexación previsional dispuesta a
fines del año pasado, determinó que el haber previsional se reduzca un 15% real en septiembre, respecto a lo que era un año atrás. Y, además, en el marco de aumentos salariales bien por debajo de la inflación, hizo que el gasto en remuneraciones al personal de la Administración Pública se contraiga en septiembre 18% anual.
La reducción de la inversión pública y de las transferencias a las provincias.
Los aumentos de tarifas de transporte (en cambio, las subas de tarifas de gas y electricidad sólo beneficiaron a las empresas del sector: a pesar de esas subas, el gasto en subsidios al consumo de energía subió en términos reales).
La reducción del gasto “primario” es buena noticia para los acreedores del Estado Nacional. Entonces, ¿era necesario decir, como hace Hacienda en su comunicado, “el déficit fue 31,1% menor que en enero-septiembre de 2017, mientras que en términos reales, la baja fue de 47% con respecto a igual período del año anterior”?
Para llegar a ese cálculo, lo que hace es no computar el gasto que más crece, que son las “Rentas de la Propiedad” (intereses), que en los primeros nueve meses del año sumaron $153.300 millones. Pero además, incluye como recursos $123.600 millones de “Rentas de la Propiedad”. Salta a la vista la asimetría en el tratamiento (el concepto de “déficit” utilizado computa el concepto cuando implica recursos, pero no como gastos). Pero además, impresiona el crecimiento de esas “rentas”, especialmente como recursos: en los 9 primeros meses de 2016 equivalían a $21.300 millones. Descontando la inflación, es un aumento real de 255% en dos años (en dólares, el aumento es de 232%. ¿De dónde provienen?
Una parte ($20.000 millones) refleja la reducción del capital social del Banco Nación, dispuesta por el artículo 95 de la Ley de Presupuesto 2018, lo cual en realidad para el sector público no es una “Renta” sino una desinversión. ¿Y el resto? Hacienda dice “se destacó el ingreso por rentas de la propiedad (+291,9% interanual), principalmente producto de las obtenidas por el Tesoro (+713,3% interanual) a partir del exceso de liquidez por contar con parte del programa de vencimiento de deuda prefinanciado”. Da a entender que se trata de intereses obtenidos por fondos de endeudamiento que, al no utilizarse aún, se invirtieron financieramente.
Con los datos publicados, vemos que en los últimos seis meses, los ingresos por “Resto Rentas de la Propiedad” (que estaría constituido fundamentalmente por esos intereses) suma casi 53 mil millones de pesos, lo que es casi la tercera parte de los intereses pagados por la deuda pública en ese período ($170.000 millones). La deuda con el sector privado y organismos oficiales del exterior era de US$ 175.000 millones a fin de marzo (a lo que habría que sumar la deuda con el Banco Nación y con el BCRA que paga intereses). Si el Gobierno obtuviera por sus colocaciones la misma tasa que paga por su deuda, los fondos colocados deberían ascender a cerca de US$ 50.000 millones (que, obviamente, el Gobierno no tiene). Hay algo que no cierra. Y la información publicada no contribuye a saber qué es.
Hay que reconocer que Hacienda ha tenido algún éxito comunicacional, por ejemplo, ha logrado que muchos periodistas hablen de “déficit fiscal cero en 2019”, cuando en realidad la meta (que es optimista en la proyección de recursos) es un déficit fiscal del orden de 3,7% del PIB. ¿Cómo se llega al “0%”? Principalmente, no computando el gasto de intereses, que se proyecta en 3,2% del PIB. Es un número muy grande, pero parece optimista: de cumplirse la proyección de Hacienda, en 2019 el pago de intereses sería, en dólares, 9% más que en 2017 ¡a pesar de que la deuda con privados y organismos del exterior sería 46% mayor! (considerando la deuda a fines del año anterior). Además, la proyección incluye como recursos “primarios” a los provenientes de la venta de acciones del FGS (casi 0,5% del PIB), que en realidad sería una desinversión financiera: algo que no disminuye el déficit, sino que lo financia.
Esto del “déficit cero” ha llevado a que alguien piense que el segundo semestre de 2018 es equivalente al primero de 2002: el tiempo en que se “limpian” los déficit gemelos (fiscal y externo), a partir de lo cual viene el crecimiento. Lamentablemente, la verdad es que estamos lejos de los equilibrios macroeconómicos, y el camino por delante es arduo.
El éxito en el relato parece claro, mirando algunos medios. ¿Pero cuánta es su utilidad? Estoy convencido de que sería mejor decir las cosas como son, en lugar de maquillar los números para hacerlos aparecer más bonitos.
