“Insistimos en que el Estado tiene déficit no porque le falten recursos sino porque administra mal los que tiene”, dijo Martín Lousteau (Evolución) en la sesión en la que la Cámara Baja dio media sanción, en la madrugada de ayer, al Presupuesto 2019. “La 'política' no parece estar pagando siquiera su parte en el costo del ajuste que debe hacerse para cumplir la meta fiscal”, agregó y dio un ejemplo concreto: los registros automotores, “cuyos recursos son realmente importantes” y “el Estado participa apenas marginal y anómicamente”.
Según números oficiales, en 2017, la recaudación de los registros automotores ascendió a $18.045 millones, y durante el primer semestre, a $ 9.904 millones. No es poco, por cierto. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego de efectuados los descuentos por $4.030 millones correspondientes a los encargados de los registros, recibió la suma de $7.200 millones, es decir, 40% del monto recaudado, dijo Lousteau.
“Los registros seccionales percibieron en concepto de aranceles durante 2017 la suma de $18.000 millones y, sobre ese total, se deducen $ 5.300 millones en gastos operativos, $ 600 millones que abonan como Impuesto a las Ganancias y una utilidad neta de $ 1.500 millones. A su vez, los registros le abonan a Acara $ 3.400 millones por todo el material utilizado. Deduciendo del total recibido en concepto de aranceles las sumas antes descritas se aprecia que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recibe solamente $ 7.200 millones”, dijo Lousteau, antes de pasar a la propuesta.
“Este es un servicio que se ha tercerizado, a pesar de que la actividad de registración es eminentemente pública. Esta tercerización ha generado un margen de rentabilidad importante, que opera como la principal fuente de motivación en la decisión de muchos particulares de asumir esta función. Y la asignación de los mismos es discrecional y poco transparente. Por eso, hemos propuesto poner fin a la tercerización del servicio, transfiriendo todos los registros a la órbita de la administración pública nacional”, dijo. Por un carril paralelo funciona el sistema recaudatorio de Acara, agregó.
Según sus cálculos, el total percibido por la entidad, en 2017, ascendió a $7.200 millones. De allí Acara deduce aproximadamente $ 1.200 millones en gastos operativos y dispone de una caja restante de $ 6.000 millones: sobre eso, destina $ 2.500 millones para sueldos de 5.500 empleados públicos, “pero que están por fuera del control estatal directo”, dijo Lousteau; $ 500 millones como incentivos para otros 2.700 empleados “y se reserva unos $ 3.000 millones para gastos corrientes y de caja”.
“En resumen, contamos con un sistema de registros automotores que, en los hechos, está privatizado, donde ciertas personas denominadas titulares son designadas a dedo y centralizan cajas recaudatorias en razón de aranceles que fija el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para luego compartir una parte de sus ganancias con el Estado. Creemos que toda la recaudación realizada por el sistema registral nacional ha de ser percibida directamente por el Estado”, dijo el diputado.
