Oficialistas y opositores coinciden en que el tratamiento del Presupuesto en el Senado no generará los mismos conflictos que en Diputados y será convertido en ley a mediados de noviembre. Habrá varios ganadores y las consecuencias políticas serán relevantes.
La aprobación de la ley de leyes será vista como un éxito para el Gobierno porque, junto con el acuerdo con el FMI, le daría certeza al rumbo de la economía y ratificaría su capacidad de negociación con los gobernadores del peronismo, a quienes considera socios en la tarea de administrar el país
Por otra parte, la sanción del Presupuesto hay que leerla también en clave electoral. En el corto plazo, la hoja de ruta del Gobierno es muy modesta. Aspira a que no haya nuevas corridas cambiarias, que la tasa de inflación vaya bajando lentamente y que los distintos mecanismos de contención social eviten una escalada de conflictos en ese área. Más adelante, en algún momento de 2019, la economía empezaría a mostrar algunos signos de recuperación y en el oficialismo estiman que le alcanzaría para ganar las elecciones porque la mejora en el último tramo prevalecería en el ánimo de los votantes sobre el balance, irremediablemente negativo, de todo el período presidencial.
Pero los gobernadores también obtuvieron mucho en las negociaciones por el Presupuesto y por eso la mayoría de los diputados que les responden acompañaron el proyecto del Ejecutivo. Aquellos gobernadores que van en busca de su reelección podrán contar un escenario fiscal relativamente tranquilo en sus provincias y obras que no se detendrán. De esta manera, el Presupuesto operaría como un soporte para los candidatos oficialistas, sean los mandatarios actuales u otros de su propio espacio en aquellos distritos en los que las reelecciones no son posibles. Por lo tanto, los cambios de manos en los gobiernos provinciales serían pocos el año que viene. Y esto no tardará mucho en comprobarse porque antes de las primarias nacionales previstas para agosto, la mayoría de los distritos ?probablemente 18? habrán elegido a sus autoridades.
En octubre, junto con las presidenciales, habrá elecciones de autoridades locales en Buenos Aires, Jujuy y en pocos distritos más. En algunas provincias, separar las elecciones nacionales de las locales es una obligación legal, pero en muchos casos fijar la fecha es una prerrogativa de los gobernadores.
Y un escenario en el cual el paso del tiempo tendería a mejorar la situación económica nacional, y por ende las chances electorales de Cambiemos, será un incentivo para que los gobiernos en manos del peronismo adelanten los comicios locales y evitar así un efecto arrastre. Más aún, si las provincias tienen sus números fiscales en orden y pueden ganar las elecciones sobre la base de su gestión local.
Uno de los interrogantes es lo que se decidirá en la CABA ahora que el Código Electoral recientemente aprobado por la Legislatura le da la posibilidad al jefe de Gobierno de convocar a elecciones de autoridades locales el mismo día que las nacionales, lo que antes estaba vedado.
Pero todavía en este caso no hay definiciones porque en el oficialismo local se analizan las ventajas y desventajas de unificar las elecciones. En el primer caso, el beneficio sería que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se impulsarían mutuamente asegurando un amplio triunfo de ambos en el distrito que el PRO gobierna desde hace muchos años y que, además, representa el 8% del padrón nacional. La otra variante es realizar las elecciones antes y, en ese caso, el mes probable sería junio, para que haya un triunfo de Cambiemos y así modificar el clima político en una etapa en la cual en las provincias predominarán los triunfos de candidatos opositores al Gobierno. De todas maneras, esa definición no se tomará de inmediato, ni estará exclusivamente en manos del Gobierno porteño, sino que se formará parte de la estrategia electoral nacional de Cambiemos.
