Caso Moyano: en otra causa, buscan la ruta del dinero

La Justicia de Quilmes investiga el presunto lavado, incluyó al yerno de Moyano y espera informes de la Justicia de Lomas de Zamora

Moyano: "No es un cogobierno, es un Gobierno del Fondo"

Por Javier Fuego Simondet

 

Hugo y Pablo Moyano tienen múltiples frentes judiciales abiertos. El más resonante está en la Justicia de Lomas de Zamora, desde donde partió un pedido de detención contra Pablo de parte del fiscal Sebastián Scalera, que fue rechazado por el juez Luis Carzoglio. Ese pedido está empantanado entre recusaciones y apelaciones. Pero otro de los frentes judiciales del clan está en Quilmes, donde el juez federal Luis Armella investiga el posible lavado de activos en empresas del círculo familiar de Moyano que fueron contratadas por el Club Atlético Independiente, que preside el líder del gremio de los camioneros. En esa sede judicial se enfocan en la ruta del dinero moyanista y empezaron a investigar también al marido de una hijastra de Hugo, aunque dependen de la información que les brinden desde los tribunales lomenses para avanzar sobre el presunto lavado.

 

Según pudo reconstruir El Economista a partir de fuentes judiciales, en Quilmes tienen probada la contratación, como proveedoras de Independiente, de empresas que son propiedad del círculo familiar de Hugo Moyano. “Estamos realizando medidas para seguir el circuito del dinero. Se repiten nombres en las contrataciones del club con empresas que son de los Moyano. Siempre es el mismo círculo. Pero dependemos de la información que nos llegue desde la causa de Lomas de Zamora para informarnos del delito precedente [el lavado de activos se configura como delito por la existencia de un origen espurio de los fondos que luego se ingresan al circuito legal]”, señaló a este diario una fuente al tanto de la investigación quilmeña.

 

Las empresas vinculadas a los Moyano que aparecen contratadas por Independiente son Aconra Construcciones y Dixey. En mayo, Armella ordenó allanamientos en las sedes de Independiente, la Asociación del Fútbol Argentino y Futbolistas Argentinos Agremiados. En la sede del club se secuestraron órdenes de pago y facturas originales de Aconra y Dixey, según consta en el expediente judicial, que acumula diez cuerpos.

 

Aconra y Dixey tienen entre sus accionistas y directores a Juan Manuel Noriega Zulet y a Valeria Salerno, hijos de Liliana Zulet, la esposa de Hugo Moyano. También se secuestró en ese allanamiento en Independiente un “informe de composición de saldo-recibo perteneciente a Zulet, Liliana Esther”. Otras empresas sospechadas son Integradores S.A. y Global Finanzas S.A., boletas de ambas se secuestraron en el allanamiento.

 

En el Juzgado Federal de Quilmes, y a pedido de la fiscal que investiga el caso, Silvia Cavallo, se amplió el rango de investigación y se incluyó a Leonardo Bartolomeo, marido de Salerno, hijastra de Moyano, informó a El Economista una fuente judicial. El patrimonio de Bartolomeo experimentó un sospechoso crecimiento, según un informe del programa televisivo La Cornisa. Para avanzar con la investigación por presunto lavado de activos, que se inició por una declaración ante Armella del detenido exjefe de la barra brava de Independiente, Pablo “Bebote” Alvarez, en el juzgado federal quilmeño aguardan por información que debe llegar desde la Justicia de Lomas de Zamora. Se trata de los libros contables del club, que fueron solicitados por el juzgado de Quilmes el 15 de mayo.

 

En Lomas de Zamora, tras el rechazo del juez Carzoglio al pedido de detención de Pablo Moyano, la marcha del expediente por presunta asociación ilícita en Independiente se enredó. Ante la negativa del magistrado para apresar al hijo del líder camionero, Scalera apeló ante la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora y pidió que Moyano se presente a indagatoria. En paralelo, la defensa de los Moyano, a cargo de Daniel Llermanos, recusó al fiscal. El juez Carzoglio se tomó licencia por vacaciones hasta el 1º de noviembre.

 

Los Moyano y la Justicia

 

Hugo y Pablo Moyano interpretan el avance de varias de las causas en su contra –en especial, la que derivó en el pedido de detención contra Pablo– como una represalia del Gobierno por su rol opositor. En un comunicado de prensa y cuando el pedido de detención en su contra aún no se había rechazado, Pablo Moyano consideró “absolutamente falsas e impulsadas desde la política las denuncias que motivan este absurdo pedido de detención”.

 

Hace una semana, Pablo Moyano regresó de un encuentro gremial en Singapur y fue recibido por militantes de su gremio en un predio cercano al aeropuerto de Ezeiza. En un acto que se desarrolló el sábado en Luján, Hugo y Pablo Moyano participaron de una movida del arco gremial opositor en conjunto con intendentes y sectores de la Iglesia. Frente a la Basílica, se leyó un documento en el que se afirmó: “Sufrimos un Poder Judicial que cree que hacer Justicia es desechar la presunción de inocencia”.

 

Además de las investigaciones en Lomas de Zamora y Quilmes, los Moyano tienen otros seis expedientes que los complican, según consignó esta semana el diario La Nación. En el fuero penal económico hay dos: el juez Rafael Caputo investiga un presunto lavado y evasión a través de firmas que se vinculan al gremio de camioneros, como OCA; Javier López Biscayart procesó al dueño de OCA, Patricio Farcuh, por no pagar aportes, quien declaró que Moyano le “usurpó la empresa”. En la Justicia federal, el juez Sebastián Ramos investiga a Gustavo Elías como presunto testaferro de Hugo Moyano; el juez cordobés Alejandro Sánchez Freytes analiza delitos de presunto lavado y administración fraudulenta en la compra de terrenos en La Falda para un hotel del gremio; el magistrado de Morón Néstor Barral también investiga un posible lavado a partir de la compra de dos casas en Parque Leloir a través de Aconra, entre otras firmas vinculadas a los Moyano y el juez Claudio Bonadio tiene una pesquisa sobre presunta defraudación a la Administración Pública con el cobro de reintegros en la obra social gremial: Oschoca.

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