¿Una oportunidad para dolarizar?

Cabe entonces preguntarse en forma desprejuiciada acerca de las eventuales ventajas e inevitables perjuicios resultantes de una dolarización

Tras los anuncios del Gobierno, el dólar siguió en alza y cerró a $38,99

 

Por Eduardo R. Ablin Embajador

 

El agudo deterioro de la economía durante el último año –caracterizado por una espiralización de la inflación, una incontrolable devaluación del peso bajo el régimen de libre flotación, tarifas públicas ancladas a la cotización de un dólar en continuo ascenso, un creciente déficit de balanza comercial, y un elevado déficit fiscal que reflotó el riesgo de cesación de pagos– ha generado un desgaste de la política económica que invita a replantear la reflexión en torno de las eventuales ventajas y dificultades de dolarizar la economía de nuestro país. La experiencia indica que el ahorrista tiende a refugiarse en el dólar como reacción racional ante medio siglo de inestabilidad, habiendo desechado a los sucesivos signos monetarios como reserva de valor, por lo que se ahorra en dólares ante la imposibilidad de hacerlo en pesos.

 

Cabe reconocer que una “dolarización” no garantizaría una solución a todos los problemas de la economía argentina, aunque probablemente podria permitir superar a mediano plazo algunas de sus contradicciones perennes, en particular la inflación consuetudinaria, y con ello la imposibilidad de la moneda de cumplir su función de preservación de valor. Hace décadas que una serie de transacciones –como la compraventa de inmuebles– se concretan exclusivamente en dólares. Igualmente, los valores de los vehículos automotores y los combustibles se vinculan directamente al dólar. Más relevante, el precio de los alimentos –en particular aquellos transables internacionalmente– oscila acorde los valores en dólares de los mismos en el mercado mundial, reflejando su oferta interna las variaciones en sus cotizaciones para exportación. De allí que cultivos exportados con carácter estructural, por carecer de consumo interno –tal como la soja– no afecten los índices de precios mientras que otros como el trigo y sus manufacturas, las carnes, manzanas, peras, cítricos, arroz, vinos, etcétera, ajusten sus precios acorde la mayor competitividad que las devaluaciones le otorguen.

 

Así, la espiral inflación-devaluación ejerce un efecto dramático sobre el mercado interno, que ve incrementarse los precios de todos los bienes que contengan algún insumo importado, así como los de los bienes salario, en particular los que componen la dieta alimentaria de la población. Por ello, cabe imaginar que la dolarización a una paridad razonable y equitativa eliminaría la pugna salarial periódica para recuperar los ingresos que el sector laboral pierde por la inflación, enmarcando las negociaciones salariales en torno a las mejoras de productividad sectorial, de forma de recrear una cooperación virtuosa entre el capital y el trabajo.

 

Cabe entonces preguntarse en forma desprejuiciada acerca de las eventuales ventajas e inevitables perjuicios resultantes de una dolarización. Entre las primeras se pueden citar la sustantiva reducción de la inflación limitándola a la que sufran Estados Unidos (EE.UU.) como emisor del dólar. Los países que adoptaron la dolarización desde principios de siglo –Ecuador y El Salvador– han obtenido, más allá de subsistir otras dificultades, un éxito considerable en dicho objetivo. Es cierto que se trata de economías de dimensiones muy inferiores a Argentina, que se convertiría en el país de mayor importancia en seguir tal sendero, con los peligros derivados de la carencia de experiencias previas. Tampoco Argentina conforma una zona monetaria óptima con EE.UU., aunque representa menos del 3% del PIB de dicho país. Por lo tanto, la presunta pérdida de soberanía derivada de la dolarización podría equipararse a la que los países de la Unión Europea ceden al adoptar el euro, incluido el señoreaje como emisor.

 

En cualquier caso, al desaparecer el riesgo cambiario faltaría exclusivamente el riesgo país, ampliándose el atractivo para los inversores externos. Al mismo tiempo, ante la baja inflacionaria las empresas domésticas podrían aspirar a captar capitales –inclusive externos– a tasas menos volátiles, que reflejen un diferencial de prima de riesgo razonable respecto de las vigentes en EE.UU., con las cuales deberían confluir como resultado de la aplicación de políticas macroeconómicas prudenciales. Así, la imposibilidad de continuar emitiendo moneda debería estrechar la posibilidad del Estado de mantener déficit –tradicionalmente financiados vía monetización– que no pudiera enfrentar con endeudamiento sustentable.

 

El sacrificio más significativo de este modelo concierne, entonces, la pérdida de autonomía para ejecutar una política monetaria y cambiaria autónoma, recayendo todo el instrumental macroeconómico sobre la política fiscal. A la luz de los efectos de la política monetaria sobre la evolución económica argentina durante medio siglo, no se trataría tal vez de una omisión nociva para el bienestar ciudadano. En cualquier caso, cabe clarificar que una eventual dolarización no resultaría exitosa si no va acompañada de una amplia reforma tributaria que elimine la economía informal, junto a la estructuración de un esquema exportador que permita obtener ingresos genuinos suficientes del comercio exterior para evitar el endeudamiento. Así, entre aquellas medidas inoportunamente adoptadas debería restablecerse –al menos hasta alcanzar una estabilidad macroeconómica– la obligatoriedad de liquidar las divisas de exportación en plazos acordes con las metodologías usuales en el comercio internacional, así como el control del ingreso de capitales financieros de corto plazo, recurriendo inclusive a la penalización ante el caso de su repatriación prematura.

 

Muy probablemente la dolarización contribuiría a una mejora del sistema tributario –y por ende un menor déficit fiscal– así como a una mayor inserción exportadora dirigida a diversificar la elevada concentración en el mercado brasileño. También exhibiría en forma categórica los niveles de eficiencia de las empresas, y por ende su capacidad competitiva en el mercado doméstico y a nivel internacional, más aún al aplicarse un único tipo de cambio para el universo del comercio exterior, debiéndose recurrir a instrumentos específicos para la promoción o protección de la actividad doméstica. Como contrapartida, las menores tasas de interés previsibles deberían alentar la inversión –en particular destinada a la exportación, incluyendo servicios y aún sectores sin un mercado interno sustantivo– obligando asimismo al sector financiero a ajustar su nivel de rentabilidad a aquella predominante a nivel internacional, así como a la adopción de normativa y estructuras precautorias que generen confianza ante situaciones de emergencia en el sistema financiero, dada la desaparición de la banca central como “prestamista de última instancia” debiendo ser reemplazada en tal función por fuentes privadas o el Tesoro.

 

La dolarización no involucraría necesariamente la desaparición del BCRA, ya que al margen de su relevancia para la estructuración de una sólida supervisión bancaria debería administrar el mantenimiento de los pesos en circulación, que podrían continuar utilizándose para transacciones a través de una “Caja de Conversión” durante un período de transición hasta disponer del total de la masa monetaria en dólares, pudiendo inclusive autorizarse a los bancos a emitir billetes privados carentes de aceptación obligatoria. Mientras tanto, el BCRA compraría con sus reservas en dólares –pudiendo adicionarse los fondos comprometidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI)– los billetes en pesos en poder del público y de los bancos. Por su parte, los fondos en cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos y créditos podrían ser automáticamente convertidos mediante asientos contables bancarios.

 

En relación al stock de dólares requeridos una apreciación preliminar permite observar que no debería presentar dificultades durante la fase de transición. En efecto, acorde con estudios basados en datos de la Reserva Federal de EE.UU. de los casi 17 billones de dólares circulantes en 2017 más del 75% de los billetes correspondieron a papeles de U$S 100, estimándose a su vez que 70 a 80% de los mismos se encuentran en terceros países con fines de ahorro, como refugio de sus ciudadanos ante la inestabilidad macroeconómica doméstica. Como principales tenedores se destaca Rusia (cerca U$S 100.000 millones), y la República Argentina (en torno U$S 60 a 80.000 millones, o sea uno de cada 15 billetes de U$S 100 en el exterior). Si se considera que 2.600.000 ahorristas locales adquirieron U$S 20.000 millones en 2016 –y 3.600.000 U$S 33.000 millones en 2017– existirían al menos U$S110.000 millones de dólares físicos disponibles en nuestro territorio, corroborando así que frente a la inestabilidad cambiaria la propensión ha sido siempre atesorar dólares. Tendencia que aun el blanqueo récord de capitales de 2017 por U$S 117.000 millones no alteró, estimándose que se mantienen billetes en moneda extranjera y depósitos en el exterior por casi U$S 245.000 millones, equivalentes a la mitad del PIB.

 

Si se otorga credibilidad a las estadísticas del BCRA, la Base Monetaria dividida por las Reservas Internacionales otorga una cobertura de $37 por dólar al finalizar agosto último. Una visión aprensiva frente al modelo dolarizador sostiene que el mismo condenaría nuestra economía a una depresión perpetua, al obligar al menos a mantener el ritmo de productividad de nuestros principales socios comerciales para evitar que el mercado interno resulte plenamente dominado por productos importados. Ello constituye un desafío del capitalismo, y el medio siglo de zozobras acumuladas no parece alentar la continuidad de un modelo reiteradamente frustrante. Cabe reconocer que el esquema dolarizador requiere de la construcción de un amplio consenso político y social, aglutinando todas las capacidades técnicas disponibles bajo un liderazgo audaz e intrépido. Habrá que vislumbrar un equipo capaz de analizar esta opción con la seriedad que amerita.

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