Soja: confusión por retenciones

Entre otros problemas, la medida agrava el carácter procíclico de la liquidación de exportaciones

 

Por Pedro A. Rodríguez Analista de cereales y oleaginosas

 

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal aparece la reducción de las retenciones a las exportaciones del complejo de la soja, y el establecimiento de un derecho de exportación adicional para las exportaciones primarias de $ 4 por dólar exportado (esto incluye las manufacturas de bajo valor agregado) y de $ 3 para el resto de las exportaciones. Las medidas todavía no han sido publicadas en el Boletín Oficial, ni se conocen los detalles específicos de implementación que permitan una evaluación completa.

 

Es original –por lo menos si no hay cambios contundentes en la reglamentación– la implementación de un impuesto fijo en pesos a las exportaciones primarias, que tal como se enunció sería independiente de la evolución del tipo de cambio y de los precios internacionales de los productos que el país exporta.

 

Muchos economistas han señalado inmediatamente después de las palabras del ministro de Hacienda que este esquema genera un incentivo a postergar ventas a productores y exportadores. Las exportaciones de trigo y maíz, hasta ahora con retención cero, pasarán a pagar este impuesto a las exportaciones primarias de $ 4, que tiene un impacto de entre 8%-9,5% dependiendo de las fluctuación del tipo de cambio y asumiendo precios internacionales fijos.

 

El impacto neto de estos $ 4 del nuevo impuesto a las exportaciones primarias debe evaluarse mediante el mercado a futuro del tipo de cambio. Los productores agrícolas no exportan directamente sino a través de las empresas y fábricas dedicadas a ese comercio, las cuales establecen su capacidad de compra y precio en el mercado local a partir de los valores internacionales para la mercadería de origen argentino y con un cálculo de transformación económico. Así, los $ 4 de impuesto establecidos equivalen a distinta cantidad de dólares, según los distintos momentos de exportación en el año. En el caso de una exportación de poroto de soja en el mes de junio de 2019, con un mercado a futuro de dólar de $ 50,5 y precio internacional de US$ 343 por tonelada, el impuesto de exportación total pasa a 25,9%, o sea un incremento de solamente 4,5% respecto de la promesa inicial para ese período de embarque, o de tan solo 1,9% frente al niveles de retención actual. Para un exportador que procure trabajar en equilibrio, y quiera asegurar su estimación, su estrategia de cobertura de costos es vender en el mercado a futuro de dólares la cantidad necesaria para cubrir la obligación de entregar $ 4 por tonelada a la fecha de su embarque. Obviamente, como han señalado varios observadores, a mayor nivel de dólar en las posiciones a término –determinadas por el nivel del dólar en el mercado disponible y la tasa de interés– resulta menor el impuesto de exportación.

 

Esa medida, tal cual fue anunciada, y antes de eventuales correcciones, agrava el carácter procíclico de la liquidación de exportaciones y priva al Estado del eventual beneficio de mayor recaudación en pesos ante caídas en el tipo de cambio. Una interpretación posible es que el Gobierno intentó a través de este mecanismo evitar las supuestas ventajas obtenidas por exportadores que realizaron ventas al exterior en anticipación de una eventual suba de las retenciones del fin de semana. La legislación argentina protege los intereses públicos frente a ventas al exterior de mercadería cuya tenencia los exportadores no pueden acreditar. Además, una protección más genuina habría sido cerrar la posibilidad de ventas el mismo viernes. El curso de acción tomado, sugiere que el remedio es peor que la enfermedad. En un mercado de cambios en el cual además, la habilidad de las autoridades argentinas de operar está severamente restringida por las obligaciones asumidas con el Fondo Monetario Internacional, y por ende la liquidez es baja, la posibilidad de maniobras especulativas no es trivial.

 

En el PowerPoint distribuido por la Presidencia de la Nación en la tarde de ayer se distingue entre “exportaciones primarias (1) y servicios” con la aclaración de que (1) incluyen a las manufacturas de bajo valor agregado, presumiblemente las obtenidas en el complejo soja, y “el resto de las exportaciones”. En el complejo sojero, la distinción permite entender que el Gobierno ha procurado en forma específica pasar a un subsidio a la exportación de materia prima sin valor agregado. Dado que el valor conjunto de los productos manufacturados del complejo sojero es mayor que el de la tonelada de soja sin procesar (entre US$ 15 y US$ 20 por tonelada correspondiente a margen bruto de molienda), estos productos pagarán $ 60 extra para junio 2019 o aproximadamente 0,35% más que la materia prima sin procesar. ¡Diferencial arancelario negativo!

 

Tal como ha sido comunicada ayer a la mañana, y aclarada en el PowerPoint de la tarde, esta medida traerá consecuencias patrimoniales para los exportadores, fabricantes y productores según la posición de mercaderías y ventas de cada uno, aportará incertidumbre al cálculo económico de un negocio en el cual la transparencia es un objetivo tradicional, e incenti
vará la volatilidad en el mercado de cambios. Además, establece un nivel de diferencial en impuestos de exportación entre la soja con el aceite y la harina a favor de la soja, que establece una penalización para la industria de procesamiento.
Una decisión muy perjudicial en cualquier plazo que se considere para el país, que a la larga terminará por repercutir negativamente sobre el productor.

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