Martingalas electorales inviables

No hay posibilidad de fijar de manera antojadiza la fecha de las elecciones presidenciales

 

Por Ignacio Labaqui Analista político y profesor en la UCA y UCEMA

 

El tremendo cambio de escenario motivado por la crisis desatada en abril ha generado un notable aumento de la incertidumbre política de respecto a las elecciones presidenciales de 2019. Hasta fines del primer trimestre todo hacía suponer que Mauricio Macri marchaba cómodo hacia su reelección. La dramática depreciación del peso y el deterioro del panorama económico lógicamente han provocado aparejado una caída importante en la aprobación del gobierno y en las expectativas de la sociedad. Bajo estas circunstancias cualquier pronóstico acerca de los comicios presidenciales del año que viene parece un ejercicio de ciencia ficción.

 

El río revuelto de estos últimos meses no solo ha incrementado la incertidumbre acerca de la próxima elección presidencial, sino que también ha dado lugar a una serie de especulaciones por parte de dirigentes y analistas políticos que parecen ignorar las limitaciones que impone nuestro marco legal. En concreto, desde hace algunas semanas algunas voces especulan con la posibilidad de un eventual adelantamiento de las elecciones. El motivo para ello sería básicamente remover la incertidumbre en materia electoral, que al parecer es la que causa preocupación en el mercado financiero.

 

En la emisión del 13 de agosto de Odisea Argentina, el periodista Carlos Pagni explicitó la idea que ronda –de acuerdo a lo que él mismo afirmó– en algún miembro del Poder Legislativo: “En algún rincón lejano del poder alguien en el Congreso plantea una idea que no le llegó todavía a Macri (…) ¿Y si Macri adelantara las elecciones”.

 

El razonamiento es sencillo: si la permanencia de Macri es condición necesaria para la continuidad de sus políticas, la misma se ve amenazada por una gran crisis económica que ha obligado al Gobierno a apelar a la asistencia del Fondo Monetario Internacional.Pero como es sabido, la ayuda del FMI, a pesar de ser más barata que el financiamiento del mercado, viene atada a condiciones que entrañan costos políticos considerables. Por ende, si Macri cumple con la política de austeridad fiscal acordada con el organismo, reduce sus chances de obtener un nuevo mandato, sembrando así dudas sobre su continuidad y la de las políticas impulsadas por su gobierno. En consecuencia, un adelantamiento electoral, teóricamente reduciría esa incertidumbre.

 

Aunque para algunos puede resultar atractivo, cuesta pensar que el adelantamiento de las elecciones en un contexto de una volatilidad cambiaria elevada pueda brindar algún tipo de certidumbre. Más bien hay motivos para pensar que la exacerbaría.

 

Independientemente del mérito u oportunidad de semejante maniobra, se trata de un ejercicio estéril. Parece sorprendente, pero por lo visto pocos se han tomado el trabajo de leer la Constitución, que no da ningún margen para manipular el calendario electoral. El artículo 95 de la Constitución es bien claro: “La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio”. Salvo que se modifique la Constitución, es imposible realizar la primera vuelta de las próximas presidenciales antes del 10 de octubre.

 

Cabe agregar que de acuerdo al artículo 53 del Código Electoral Nacional: “La elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos”. Para resumir: si el Gobierno quisiera adelantar las elecciones, podría hacerlo modificando el Código Electoral Nacional con la colaboración del Congreso, pero solo para trasladar la fecha de las presidenciales del cuarto domingo de octubre al primer domingo de octubre posterior al 10 de ese mes. Difícilmente ese adelantamiento contribuya a reducir incertidumbre alguna.

 

No faltarán los que recuerden que Raúl Alfonsín fijó las elecciones en mayo de 1989, siete meses antes de la fecha en que concluía su período presidencial, o que en 2009 el gobierno de Cristina Kirchner adelantó a junio las elecciones legislativas de mitad de mandato. Se trata de casos diferentes. El artículo 95 que fija la fecha de las elecciones presidenciales fue incorporado recién por la reforma de 1994. En el caso de las legislativas de 2009, el Gobierno pudo modificar la fecha mediante una ley del Congreso por la sencilla razón de que la Constitución no establece un rango de fechas para la realización de las mismas.

 

¿Bajo qué circunstancias sería factible un adelantamiento de elecciones? Solo en el caso de acefalía cabría esa posibilidad. La ley de acefalía, que data del Gobierno de María Estela Martínez de Perón, establece que ante esta situación la Asamblea Legislativa elegirá como titular interino del Poder Ejecutivo a un gobernador, un senador o un diputado. Nada dice, sin embargo, acerca de si el Presidente interino nombrado por la Asamblea completa el mandato en curso o si debe llamar a nuevas elecciones en un plazo determinado. Así, por ejemplo, en 2001 tras la renuncia de Fernando De la Rúa, la Asamblea Legislativa designó a Adolfo Rodríguez Saá por un período de tres meses, al cabo de los cuales debían celebrarse elecciones presidenciales. Una semana después, producida la salida de Rodríguez Saá, el Congreso designó a Eduardo Duhalde para completar el mandato trunco de Fernando de la Rúa. Duhalde a su vez anticipó su salida del poder y la fecha de las elecciones presidenciales de 2003, poco tiempo después de los asesinatos de Kosteki y Santillán. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque su mandato surgía de una decisión de la Asamblea Legislativa.

 

En resumen, no hay posibilidad de fijar de manera antojadiza la fecha de las próximas elecciones presidenciales, hecho que algunos analistas y dirigentes parecen desconocer. Solo ante una situación sumamente grave como la acefalía – que incluso ante un contexto de crisis económica como el actual parece poco probable– se abriría la posibilidad de que el Congreso anticipe la fecha de las próximas elecciones. Los dirigentes o analistas que coquetean con la idea de anticipar los próximos comicios presidenciales o bien desconocen nuestro ordenamiento legal o bien los mueve un claro ánimo destituyente.

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