Por Leopoldo Tornarolli CEDLAS de la UNLP
El Indec acaba de publicar las estimaciones oficiales de indigencia y pobreza correspondientes al primer semestre de 2018. Los resultados indican que, respecto al semestre anterior, hubo un pequeño incremento en la tasa de indigencia de 4,8% a 4,9% (no significativo estadísticamente) y una suba más clara en la tasa de pobreza de 25,7% a 27,3% (significativa estadísticamente).
En los primeros meses del año, la economía aún se encontraba en crecimiento, pero ya se observaba un aumento en la tasa de inflación, lo que hacía pensar que los avances en reducción de la pobreza en el primer semestre serían pocos. Pero luego del inicio de la crisis cambiaria en mayo, la inflación se aceleró y la economía dejó de expandirse, por lo que era previsible que la tasa de pobreza se incrementara. En ese sentido, las estimaciones presentadas ayer por el Indec combinan los resultados de un trimestre estable, donde la indigencia y la pobreza no variaron demasiado, con los de un trimestre de inestabilidad, en el cual la incidencia de ambos fenómenos comenzó a crecer.
En las semanas previas, el Indec presentó un par de informes que ayudan a explicar la evolución que mostró la tasa de pobreza: los reportes del mercado laboral y la distribución del ingreso. Los datos del mercado de trabajo indican que la contracción económica del segundo trimestre (el PIB cayó 4,2% interanual en dicho período) no había impactado aún en la tasa de empleo. Este resultado, en principio sorpresivo, se explica por una característica de la encuesta usada para estimar las estadísticas de mercado laboral (y de pobreza, entre otras): la misma cubre únicamente aglomerados urbanos de más de 100.000 habitantes, y gran parte de la caída del producto se explica por la sequía, la que afectó el producto y el empleo en muchas áreas no capturadas en la encuesta.
El principal resultado negativo que mostraron las estadísticas laborales fue el crecimiento de la tasa de desempleo, fenómeno explicado completamente por el incremento en el número de personas que buscaban activamente un empleo (pasaron de la inactividad al desempleo). Este es un resultado esperable en contextos de caída de los ingresos reales, situación que se puede confirmar a partir de las estadísticas de distribución del ingreso. En las mismas se verifica que en el segundo trimestre, y particularmente para los sectores más pobres de la distribución, el ingreso nominal de los hogares creció a tasas menores que la inflación y, más precisamente, que los valores de las canastas básicas alimentaria y total. Esto implica que algunos hogares que estaban apenas por encima de la línea de pobreza en meses previos pasaron a ser pobres.
Entonces, de lo comentado en los párrafos previos, se puede afirmar que el (aún) moderado incremento en la pobreza en el primer semestre del año fue resultado del deterioro de los ingresos reales de los hogares, situación propiciada por la aceleración inflacionaria que se venía observando desde comienzos de año, pero que se agudizó luego de la crisis cambiaria.
En este resultado no influyó demasiado la contracción económica que comenzó en la segunda parte del primer semestre, y que se está manifestando con mayor fuerza en los últimos meses. En este segundo semestre del año va a seguir subiendo la tasa de pobreza y es muy posible que la correspondiente al segundo semestre de 2018 (que el Indec va a publicar hacia finales de marzo de 2019) se ubique por encima del 30%. En este aumento van a influir dos factores: los ingresos reales caerán aún más debido a una segunda aceleración inflacionaria (la que siguió a la depreciación del peso en agosto) y la tasa de empleo seguramente se reducirá como resultado de la recesión, cuyos efectos se están notando con mayor fuerza en esta segunda parte del año.
El valor final en el que se ubique la pobreza en el segundo semestre es difícil de determinar, aunque es esperable que el incremento en la tasa de pobreza sea mayor al que se observó durante el primer semestre. La magnitud de la suba dependerá de la profundidad del proceso recesivo y su efecto en la cantidad y composición del empleo, de la posibilidad que la reapertura de paritarias permita compensar al menos parcialmente la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los meses del año que restan y de cuál sea el valor de la actualización de las transferencias estatales, principalmente de la AUH, cuyo monto se espera que se complemente con al menos dos bonos hasta finales de año, haciendo uso de la “salvaguarda social” incluida en el acuerdo con el FMI.
