La estanflación de Argentina y la Revolución Francesa

La inflexibilidad de cierta parte de la política y la población a los ajustes nos conducirá, si no median cambios rotundos, a una nueva crisis

 

Por Ignacio Rosenfeld Abogado

 

Muchas veces cuando me pongo a pensar en el país recuerdo algo de lo aprendido en clases de derecho constitucional: que el sistema constitucional del país responde al modelo norteamericano mientras que el sistema administrativo responde al modelo francés. Y he aquí, en esto último –el modelo francés–, en donde encuentro muchas respuestas a lo que actualmente le pasa a Argentina.

 

Si tuviésemos que sintetizar al sistema administrativo francés, o al menos destacar su característica más sobresaliente, sin duda la centralización del poder se erige como su mayor estandarte. Y dicha centralización, amén de tener por objetivo histórico anular la autonomía de los gobiernos locales en beneficio del rey –mediante la paulatina ocupación de cada uno de los resquicios de poder abandonados por dichos gobiernos a través del engrosamiento de la burocracia estatal central–, terminó asimismo destruyendo la iniciativa de los individuos, sumiendo a gran parte de los mismos en la miseria. Como bien suelen recoger las más diversas crónicas acerca de la Francia previa a la Revolución Francesa, los campesinos que alimentaban la Nación eran paradójicamente los que menos tenían para comer por la cantidad de impuestos a los que se veían sometidos mientras que en las ciudades las infinitas regulaciones gubernamentales y el peso de los gremios impedían el desarrollo de la industria y el comercio.

 

En otras palabras, la excesiva tributación y la copiosa regulación estaban asfixiando al país. Pero esto no era inocente sino fruto del enfrentamiento tácito entre dos facciones claramente diferenciadas: (I) la facción de quienes “sostenían al” Estado con su actividad, y (II) la facción de quienes “vivían del” Estado. Siendo ya insostenible dicha situación para 1789, la revolución llegó nomás buscando equilibrar las cargas –con el desenlace ya muy bien conocido por todos-. Siguiendo con ello, más de doscientos años después de aquel hecho histórico la misma historia se sigue repitiendo, pero esta vez en Argentina. En ese sentido, a lo largo de gran parte del Siglo XX, y de todo el Siglo XXI también, Argentina ha sabido muy bien imitar el caso francés, no siendo dicha imitación casual sino más bien el fruto de la acción de quienes necesitan o buscan, a toda costa, vivir del Estado.

 

Ahora bien, más allá de las grandes diferencias de contexto que podemos hallar entre ambas situaciones –Francia del Siglo XVIII y Argentina del Siglo XXI–, hay una diferencia que resulta crucial para que nuestro país no transcurra por el mismo desenlace, y esta es la “cantidad” de personas que de alguna u otra manera perciben sus ingresos de parte del Estado. Mientras que en la Francia prerrevolucionaria sólo un sector muy acotado de la población –aproximadamente menos del 5%–, conformado por el clero, la nobleza y los funcionarios públicos, aplicaba y percibía del resto de la población los más diversos impuestos, en la Argentina el porcentaje de la población que percibe ingresos de parte del Estado –incluyendo sueldos, jubilaciones, pensiones y planes sociales– asciende a aproximadamente 50%. Consecuentemente, y a diferencia de lo acaecido en la época previa a la Revolución Francesa cuando el desequilibrio fiscal asfixiaba a más del 95% de la población, en Argentina dicho desequilibrio se traduce prácticamente en el ingreso del 50% de la población, razón la cual explica porque existe tanta reticencia para con la implementación del ajuste del gasto público –tanto de parte de los políticos como de la población–.

 

Naturalmente, es la dinámica previamente mencionada la que coloca al país en la situación de estan lación que actualmente vive. En tal sentido, debemos recordar que una de las características principales del proceso de estanflación es la “espiralización de precios y salarios” –verificándose negativamente en dicha carrera que son los salarios los que siempre llegan en segundo lugar–. Consecuentemente, si el Estado responde por los ingresos de aproximadamente el 50% de la población podemos ver entonces el enorme efecto que esto tiene sobre el gasto público. A tal efecto, el aumento del gasto tiene que ser que cubierto de alguna manera, lo cual redunda básicamente –y más que nada cuando se cierran los mercados internacionales– en un aumento de los impuestos, llevando finalmente dicho aumento a un encarecimiento y simultánea caída de la actividad.

 

Como ya lo dijéramos, si el 50% de la población percibe ingresos de parte del Estado puede seguirse entonces que la mitad de la población estará en contra –por lo menos como primera reacción– de realizar el ajuste que resulta necesario para equilibrar las cuentas fiscales y no seguir así asfixiando a la actividad privada. Desafortunadamente, una de las formas en las que pueden culminar los procesos de estanflación es mediante una grave crisis económica, y me temo que la rigidez o inflexibilidad de cierta parte de la política y de la población para con la implementación de los ajustes –no ya preventivos sino imperativos–sólo nos conducirá más temprano que tarde, y nuevamente, a dicho escenario.

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