El Gobierno avanza con un plan de contención social y más seguridad

Anunciaría un refuerzo en los planes sociales para evitar un desborde en medio de los crecientes reclamos, y también reforzará la seguridad

la calle Macri

Por Juan Barca

 

El fin de semana que concluye fue, sin dudas, el más agitado para Mauricio Macri y su equipo desde que llegaron al poder. Acuciado por la crisis cambiaria, el Gobierno avanzó en las medidas que anunciará mañana, entre las que se espera la eliminación de 10 ministerios y un ajuste adicional de $100.000 millones. Los cambios apuntan a apaciguar los ánimos del FMI y los inversores que exigen un shock, pero Macri también anunciaría un refuerzo en los planes sociales para evitar un desborde en medio de los crecientes reclamos de la oposición, los movimientos sociales y la CGT.

 

Los saqueos ocurridos durante el viernes y el sábado en al menos siete supermercados de Chubut, Mendoza y Santa Cruz, con más de 50 detenidos, encendieron el alerta en despachos oficiales y en varias provincias, en donde ordenaron operativos preventivos frente a los principales comercios. Los incidentes tuvieron lugar en el contexto de la fuerte corrida desatada entre el miércoles y el jueves pasado, en la que se devaluó el peso más de 20% y el dólar llegó a estar por arriba de $40, aunque el BCRA logró el viernes bajarlo a $38.

 

El impacto de la megadevaluación posterior al adelantamiento de fondos del FMI solicitado por Macri forzó así la improvisación de nuevos anuncios. Decidido a profundizar el ajuste para lograr un déficit cercano a cero en 2019 (en lugar de la meta previa de 1,3%), el Gobierno activaría ahora la “salvaguarda” acordada con el organismo que prevé recursos adicionales para asistencia social “en caso de que las condiciones empeoren”. Son $13.500 millones extra en 2018 y un 0,2% del PIB por año en los años siguientes, equivalentes a $35.000 millones, para la Asignación Universal por Hijo (AUH), Embarazo (AUE), y más de 15 tipos de asignaciones familiares.

 

“Ya veníamos trabajando en medidas sociales junto con la provincia porque los números (de pobreza) empezaban a empeorar, el quilombo de esta semana no va a impactar ya, pero si va a impactar y lo seguimos de cerca como en los últimos meses”, explicaron fuentes del Gobierno a El Economista.

 

El mayor desafío lo enfrenta María Eugenia Vidal en un distrito en donde 3 de cada 10 personas son pobres y se destinan $16.216 millones al gasto social. La gobernadora bonaerense recortará de nuevo su presupuesto para reasignar partidas para asistencia social. Con la eliminación en agosto del fondo sojero, la provincia ya perdió $2.000 millones de ingresos para la obra pública en 2018. De esa suma, $600 millones corresponden a los municipios, en su mayoría gobernados por el peronismo.

 

Frente a los anuncios que prepara Macri y entre los que no se descarta una nueva ola de hasta 10.000 despidos en el Estado, cambios en jubilaciones y retenciones al agro, intendentes del PJ bonaerense se reunieron el viernes en Merlo junto a gremialistas de la CGT para exigir un plan de “emergencia” frente a la “crisis” provocada por el mercado financiero. Pidieron acceso a alimentos y medicamentos, retrotraer las tarifas de los servicios públicos al 1 °de diciembre de 2017, rediscutir la ley antidespidos vetada por Macri en mayo de 2016, restituir el fondo sojero y frenar el “desfinanciamiento” de la educación.

 

Si bien la provincia incrementó 200% desde 2016 los fondos para el servicio alimentario escolar a $6.000 millones y amplió el programa alimentario Más Vida a 600.000 beneficiarios, los intendentes advierten que la situación se agravó en los últimos meses. En La Matanza, duplicaron la asistencia alimentaria, pasando de 150 a 300 comedores, a la vez que dispusieron el 23 de agosto pasado centros con productos más baratos de primera necesidad. “Todos los municipios estamos evaluando medidas excepcionales en materia de alimentación y emergencia social”, dijo a este medio Alejandro Rodríguez, jefe de Gabinete de La Matanza.

 

El otro frente de conflicto son los movimientos sociales que este jueves volverán a la calle con una protesta frente a la sede de Anses en todo el país para exigir un aumento de emergencia de la AUH y las jubilaciones. La protesta impulsada por la CTEP-Movimiento Evita, Barrios de Pie y CCC continuará con una olla popular en 9 de julio y Avenida de Mayo el miércoles 12 de septiembre y su adhesión al paro anunciado por la CGT para el 25 de septiembre. “Antes de discutir diciembre, hay que discutir septiembre”, advirtió Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie.

 

Las imágenes de corridas y gente humilde llevándose productos de las góndolas en el sur del país forzaron a las grandes cadenas a tomar recaudos. Desde la Asociación de Supermercados Unidos señalaron a El Economista que “los hechos fueron de muy poca entidad y las fuerzas de seguridad actuaron de forma inmediata”, pero revelaron que establecieron un sistema de comunicación “permanente” con el Ministerio de Seguridad.

 

En el Gobierno dicen tener a sus fuerzas “preparadas” para cualquier eventualidad y minimizan los últimos incidentes. Siguiendo esa instrucción, la Policía Federal ordenó reforzar el viernes último a las 8 de la mañana su presencia en las estaciones Federico Lacroze, Constitución, Retiro y Once. Fue tras anoticiarse de una supuesta marcha autoconvocada a Plaza de Mayo bajo el lema “el pueblo pide la renuncia del Sr. Presidente Mauricio Macri”.

 

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