El G20 debería hacer algo más útil que calmar a Washington

17 de septiembre, 2018

                                                                    Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista

 

Todavía queda un exiguo margen de tiempo y de maniobra para recapturar los enfoques que convirtieron al Grupo de los 20 (G20) en el mecanismo más respetable del diálogo y la cooperación internacional. A menos de tres meses de transferir a Japón  la presidencia del foro, sería aconsejable que la presidencia argentina reflexione acerca de la ambición, profundidad y realismo de los trabajos que valdría la pena recomendar a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que sesionará en nuestro país el 30 de noviembre y el 1° de diciembre.

 

Los líderes de este foro deberían abandonar la noción de que su agenda de trabajo está condenada a tolerar los filtros, vetos y reacciones mercantilistas que impulsa el Gobierno de Donald Trump. A esta altura corresponde evaluar si la mera preservación de la armonía formal de sus miembros justifica la inversión política que hicieron, en el último decenio, las naciones que constituyen la masa crítica de la economía, el comercio, la población y el poder militar de este planeta. Una versión de tal ejercicio fue tácita en el marco del Grupo de los 7 (G7). Habría que preguntarse si no sería lógico replantearse el “ser o no ser” de un proyecto de esta magnitud en el siguiente ciclo y decirlo con esa claridad en el G20.

 

Es innegable que durante el último bienio el grupo decidió conformarse con muy poco. En los dos últimos mandatos (el anterior de Alemania encabezado por Angela Merkel y  el que ahora le toca presidir a Mauricio Macri), la membresía bajó el perfil con el obvio propósito de evitar debates ásperos o conflictos del tipo que circundan a la guerra comercial que hasta ahora involucra a por lo menos Estados Unidos, Canadá, México, China, la Unión Europea, Corea del Sur, India, Turquía, Rusia y otros influyentes actores globales. El precio de tal silencio tiene mucho que ver con las proyecciones de aquietamiento y previsible declinación artificial del crecimiento económico y comercial, así como con eventuales dificultades políticas y sociales que asoman en el horizonte global.

 

El pasado 20 de agosto la agencia Bloomberg señaló que alrededor del 90% de los economistas que asesoran a la comunidad estadounidense de negocios, piensa que la estrategia comercial del Jefe de la Casa Blanca tendrá devastadores efectos sobre el crecimiento y la estabilidad económica de ese país y, por extensión, del resto del mundo. El Fondo Monetario, la OMC y la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense se alinean con similares puntos de vista, destacando que la fase crítica comenzará a emerger con una despareja caída del PBI, y con inflación de costos, antes o a partir del segundo trimestre de 2019. Un testimonio, por ahora episódico, de las cosas que pueden suceder, es la caída del 37% que se registrara el pasado mes de julio en las exportaciones de acero mexicano a los Estados Unidos como resultado de la arbitraria aplicación de las disposiciones comerciales sobre Seguridad Nacional de ese último país. El presidente Trump no cumplió su promesa de resolver tan espinoso tema dentro de las negociaciones destinadas a “modernizar el NAFTA”.

 

En adición a ello, es preciso recordar que las naciones del G20 no son un buen modelo de conducta en materia de política comercial, como lo demuestra el constante aumento de sus restricciones ilegales al intercambio, las que están inventariadas por la OMC o por ONG´s cuasiacadémicas como Global Trade Alert.

 

Los daños directos y colaterales que suelen originar las restricciones ilegales impuestas al comercio, no quedarán en los territorios aduaneros afectados por cada conflicto. Harán estragos en todo el planeta.  Los bienes y servicios que no se puedan exportar a los mercados tradicionales tenderán a volcarse, a precios de remate, en las plazas que sigan abiertas. Ello agravará los efectos de la crisis de sobre-dimensionamiento de la capacidad instalada industrial que desataron China y otros países asiáticos, quienes en estos momentos comienzan a decir que las reformas para solucionar el problema son necesarias y van en serio. Todo ese cuadro asoma en economías como la canadiense, cuyo gobierno contempla la necesidad de imponer una salvaguardia comercial contra el previsible aluvión de importaciones de acero que no puedan entrar al mercado de los Estados Unidos y se redirijan a ese país.

 

Tampoco es motivo de orgullo que el G20 olvide su función de diagnóstico y búsqueda de soluciones como las que se lograron, a partir de  2007/2008, con las medidas que fueron coordinadas y aplicadas exitosamente para revertir la crisis financiera (subprime), energética y alimentaria que azotó al mercado mundial durante  gran parte de la última década.

 

Imaginar que constituye una jugada brillante desligar al G20 de las aludidas guerras comerciales, o de problemas como la inestabilidad económica de Turquía,  Argentina, Italia o Grecia; de indicar cómo debería reformarse y fortalecer seriamente la OMC o de quebrar el secular estancamiento de las negociaciones agrícolas, y hacer de cuenta que todo ello configura una masa de problemas que el grupo puede ignorar, es un inaceptable modo de negación de la realidad.  O de asociarse con la suerte de las doctrinas mercantilistas que noventa años atrás golpearon de manera catastrófica al conjunto de los seres humanos.

 

Cuando queden al desnudo tales omisiones, Argentina será  vista como factótum de una gestión que se limitó a presidir el Grupo desarrollando temas quizás relevantes a largo plazo a costa de rehuir el tratamiento de los problemas cruciales e inmediatos, con la tácita consigna de hacer tiempo y poco ruido, o de armar seminarios y debates de auto-ayuda que se tratan con mayor provecho en instituciones especializadas como la OCDE y la FAO, y a mirar con ansiedad el reloj hasta el 1ero. de diciembre. Algunos de estos entretenimientos sólo contribuirán a suponer que es legítima y aceptable la existencia del proteccionismo regulatorio de los grandes mercados referenciales como el Viejo Continente o Estados Unidos, o los desplazamientos de exportaciones que genera China con su peculiar manipulación de la economía socialista de mercado.

 

Hasta el momento el foro siquiera  tomó al pie de la letra la apuesta del Jefe de la Casa Blanca cuando propone ir a cero aranceles, cero restricciones arancelarias y cero subsidios, la que si fuera viable tendría que discutirse con madurez y liderazgo por respeto a la inteligencia de los demás gobernantes del grupo. Los primeros que no están listos para aceptar a sobre cerrado semejante “bluff”, son el Congreso y los dos partidos mayoritarios de su propio país. El Presidente Trump desconcierta a todos cuando descarta, sin mayor reflexión, una oferta de cero por cero para la industria automotriz que le enviara la Unión Europea. Tampoco escucha a Japón cuando le sugiere que abandone los intentos de concretar acuerdos bilaterales de comercio e inversión con Tokio y se concentre en renegociar su regreso a la Asociación Transpacífica (TPP). El devenir de este proceso es, no obstante esa clase de argumentaciones y hechos aislados, una gran incógnita.

 

Con sólo analizar la insólita promesa que el pasado 25 de julio le hizo Jean-Claude Juncker, el Presidente de la Comisión de la UE a Donald Trump, al decirle que esa región le comprará más soja a Estados Unidos, como si Bruselas tuviese el poder de decidir a dedo cuánto y de dónde importarán los usuarios del sector privado (lo que no se puede confundir con la fortuita y circunstancial demanda surgida de los actuales efectos del Cambio Climático sobre la oferta agrícola de Hemisferio Norte), nos tienta a imaginar que el mundo está descuidando, a pasos agigantados, la confiabilidad y el prestigio de sus grandes líderes.

 

Juncker sabe que el Euro-Parlamento tiene en cartera un delirante plan alternativo de sustitución de importaciones en materia de sustancias proteicas que tradicionalmente adquiere en Brasil, la Argentina y Estados Unidos, el que apunta en otra dirección y que por lo tanto sólo le ofrece a Washington lo que está sucediendo por razones coyunturales. Tampoco desconoce que ese cuerpo legislativo, que tiene poder real de veto, encabeza la guerra santa contra el glifosato (cuyo futuro sigue en debate a pesar de una confusa prórroga quinquenal), para entender que su movida escapa al análisis político o científico para incursionar en terrenos delirantes de ejercicio del poder.

 

En suma, hay dos problemas o necesidades prioritarias sobre las que conviene profundizar y no son las que hoy están sobre la mesa. La primera, ponderar si es posible recuperar la atención del G20 sobre la presente realidad global y, la segunda, entender lo que significan para Argentina tanto las decisiones como las omisiones adoptadas en las últimas ministeriales del foro.

 

Las declaraciones ministeriales

 

Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, no parece haber puesto el dedo en el renglón apropiado cuando orientó el consenso sobre la última Declaración de Ministros de Finanzas y Gobernadores (presidentes) de bancos centrales, con sólo dos alusiones crípticas a los conflictos y guerras comerciales de todo pelaje que pueden originar las tendencias recesivas que pronostican los ya mencionados pareceres del Fondo Monetario, la OMC y la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos. En el párrafo 1 del sintético perfil de inventario temático que asumió esa Declaración, la que circuló el pasado 22 de julio, se mencionan, como riesgos que crecen en intensidad, al “comercio y las tensiones geopolíticas…así como a los desequilibrios globales”. Ello se complementa con la ratificación de “…las conclusiones sobre comercio efectuadas por nuestros líderes en la Cumbre de Hamburgo (del año 2017) y con ello reconocen la necesidad de aumentar el diálogo y las acciones para mitigar el riesgo y expandir la confianza. Al mismo tiempo, en el texto se asegura que los gobiernos del Grupo “trabajan para fortalecer la contribución del comercio en nuestras (léase “sus”) economías”. Sólo los expertos en códices podrán explicar el alcance oculto de tan fundacional mensaje.

 

Casi una semana después, la Declaración que emitieran con fecha 28/7/2018 los Ministros de Agricultura del G20, cuyos países aportan por sí solos el 60 por ciento de la tierra cultivable y el 80 por ciento del comercio mundial de productos agrícolas, registra una incursión con enfoques similares. Por lo pronto, en el segundo de los párrafos el texto optó por reproducir el hecho de que el gobierno de Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, como un salvoconducto para eximir a ese gobierno de una gran proporción del contenido de sus 32 extraños párrafos. En él se intentan resumir los trabajos que hacen los analistas de la burocracia internacional y de los gobiernos sobre buenas prácticas agrícolas, administración del agua y la tierra, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los objetivos de Desarrollo Sostenible, el manejo de desperdicios alimentarios, la preservación de la diversidad biológica sin generar una literatura muy distinta a la que producen diariamente los organismos relevantes (como la FAO, la OCDE, el IFPRI, la OCDE y el IPFAD), a quienes se les pidió una contribución ad hoc como insumo de los trabajos de la Cumbre de 2018.

 

La Declaración también alude a la batalla contra el hambre y la seguridad alimentaria, sin hacer referencia explícita al papel que desempeña el comercio, y por lo tanto la política comercial, en el marco del objetivo de garantizar esa clase de seguridad. Esto último es muy llamativo, porque el Compromiso (Commitment)  IV de la Cumbre de FAO de 1996 establece claramente la existencia de ese vínculo estratégico. También porque desde 1986 la Argentina asumió, en el austero inventario de sus políticas de Estado, la prioridad que otorga al nexo entre liberalización agrícola y seguridad alimentaria.

 

A partir de esta nueva prosa del G20, el comercio agrícola tiende a ser reflejado básicamente como uno de los factores de reactivación económica, en lugar de enfatizar su papel en la seguridad alimentaria, el equilibro ecológico, como mecanismo de racionalización en el uso de los recursos naturales y otras funciones que hacen al desarrollo sostenible, lo que incluye pero no se reduce al negocio agrícola. ¿Es que no vieron el punto los miembros del Grupo CAIRNS que participaron en la redacción de este documento?.

 

Esto último es extraño pero no inusual, porque todo el despliegue de la Declaración de los Ministros de Agricultura parece concebido para insertar un detallado relato sobre las buenas  prácticas agrícolas, el desarrollo sostenible y el cambio climático, además de la protección del stock y uso del patrimonio de recursos en materia de diversidad biológica, con el perfil de quién propone reglas o requisitos europeos de acceso al mercado. También es raro que no se mencione, en este paquete, el supuesto derecho de exigir información acerca del denominado Indirect Land Uses Change (o ILUC) como cosa juzgada, un criterio que hasta el momento es sólo una demanda unilateral de la Unión Europea que algunos de nuestros países toman, por simple bisoñería intelectual, como una obligación legalmente exigible. Los standards laborales, ambientales y conceptos como el ILUC, no forman parte de ningún consenso legal aprobado en el sistema multilateral de comercio y por ello no gozan de cobertura contractual (o “enforcement”). Estas excepciones aparecen cuando se negocian acuerdos de libre comercio con países de nivel hegemónico como los Estados Unidos, las que exigen a sus socios para igualar las condiciones de localización de inversiones, sin que tengan la menor intención de aplicarlas en su propio mercado nacional (lo que en la actualidad es política oficial).

 

Además de lo expresado en el párrafo anterior sólo indicaremos que en su párrafo 24 se alude a la importancia de la OMC y a la continuidad del proceso de reforma que se establece en el Artículo 20 del Acuerdo sobre Agricultura (al que no se menciona explícitamente), sin aclarar si con ello mandaron al canasto los objetivos de la Ronda Doha. Al hablar de mandatos, en teoría ambos están vigentes, si bien el segundo de ellos es tratado como materia fúnebre por algunos Miembros de la OMC. En consecuencia, la Declaración no aporta una ambigüedad constructiva de las que son tan comunes en Ginebra, sino una infantil confusión primaria. El Sistema Multilateral de Comercio (la OMC) no necesita insumos del G20 para embarrar la cancha; las representaciones ante ese organismo lo hacen bastante bien sin ayuda. La misión del  G20 sería bajar una visible línea política para resolver no sólo la reforma del Sistema, sino el estancamiento casi horizontal de las negociaciones.

 

Un punto similar a los anteriores, de los que se convierten en verdades implícitas por simple repetición, es lo que en el párrafo 26 se define como Buenas Prácticas y está codificado como Pautas Voluntarias para la Inversión Responsable en el Usufructo de Tierras, la Pesca y la Actividad Forestal bajo la atenta mirada de los reclamos sobre  Seguridad Alimentaria, propuestas por la OCDE, la FAO y el Comité sobre Seguridad Alimentaria. Todos sabemos, o deberíamos saber que, con el paso del tiempo, lo que es voluntario se torna obligatorio bajo reglas como el Principio del Derecho Internacional Consuetudinario (o Customary International Law), del que suelen abusar nuestros amigos europeos.

 

Pero el asunto de mayor importancia son las cosas que faltan en la Declaración. Además del ya señalado papel del comercio como garantía de Seguridad Alimentaria, la propuesta de reformas constructivas al funcionamiento y la modernización de ciertas reglas de la OMC (como las normas sobre defensa de la competencia y las que rigen el funcionamiento del Sistema de Solución de Diferencias), el freno a los conflictos o guerras comerciales que en los hechos destruyen el intercambio y el desarrollo sostenible, una vertiente que requiere incluir la actualización del proceso de reforma agrícola y otros asuntos de igual calibre.

 

Tampoco deja de llamar la atención la imposibilidad de encontrar genuino interés por actuar contra los daños que ocasiona el Proteccionismo Regulatorio, que es el hilo conductor de lo que no se debe hacer con las normas sanitarias y fitosanitarias (mencionadas en su versión más arcaica en la Declaración), con los obstáculos técnicos al comercio, con las normas de defensa de la competencia y con el comercio de Estado. En algún otro momento, todos estos asuntos tendrán  que regresar al G20 por la puerta grande. Y es de suponer que en ese momento la Argentina encabezará las decisiones políticas y los trabajos vinculados con tal decisión.

 

En cambio es positivo que, al coordinar las deliberaciones de los Ministros de Comercio e Inversiones el pasado viernes 14/9 en Mar del Plata, nuestro país lograra combinar y consensuar las propuestas de Estados Unidos, la UE y China orientadas a modernizar la OMC. Pero tal impulso no se compadece con el  lenguaje autodestructivo del texto al supeditar el esfuerzo de reforma al requisito de tener en cuenta “…las necesidades, prioridades y circunstancias nacionales”, hecho que menoscaba el valor y la confiabilidad de reglas globales que, por definición, deben tener primacía y no subordinación a los deseos o percepciones de los Miembros. Los breves preámbulos del GATT  y el Acuerdo de Marrakech que estableciera la OMC, incluyen los conceptos esgrimidos por la Declaración marplatense, pero ese texto se hizo con la idea de diferenciar la proporcionalidad de las obligaciones aplicables a las categorías de desarrollo de cada Miembro, no para dar trato especial, diferenciado de facto, a las naciones más ricas del planeta. Quizás haya llegado el momento de graduar las obligaciones de la OMC en virtud de la capacidad de competir de cada Miembro, para no digitar la balanza en favor de economías que no necesitan de tal ayuda, motivo por el que siempre es una gran a idea negociar esta clase de temas con tropa política y profesionalmente versada.

 

La Declaración de Mar del Plata también eludió involucrarse en los problemas sustantivos: a) al ignorar por completo las guerras comerciales; b) al no aludir a los que se proyectan como US$ 250.ooo millones de represalias unilaterales de Washington contra China, medida que destruye en lugar de construir comercio, y c) al incluir un planteo poco claro respecto de la “promoción de cadenas globales de valor agroalimentario inclusiva”, ya que ello supone seccionar en etapas un valor agregado  que en muchos casos es parte de una cadena productiva, como parece ser el ejemplo de nuestro complejo sojero (poroto, harinas, aceites). El mecanismo también parece alentar la noción de que la industria nacional y extranjera tendrían que competir, en pie de igualdad, por la industrialización de la materia prima que produce nuestro país, lo que tiende a restar no agregar valor en Argentina. Quienes propusieron estas ideas parecen olvidar los frondosos antecedentes y propuestas que existen sobre los diferenciales de exportación versus el escalonamiento tarifario en el comercio alimentario, en los que cabe agregar a las industrias de ciertos mercados emergentes. O quizás solo sea hora de que eduquen a este inexperto columnista.

 

Versión actualizada de la Nota Especial que se publicara originalmente en el Informe Económico Mensual de la Universidad del Salvador

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