Por Héctor Rubini Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USAL
El estallido de dos explosivos en la parada militar del sábado por la tarde despertó las alarmas en el régimen de Nicolás Maduro. Prácticamente en sus narices estallaron artefactos explosivos transportados por drones. Hasta ahora, fue el intento más audaz para atacar físicamente al mandatario venezolano, y que sigue dejando varios interrogantes. ¿Fue obra de algún grupo apoyado desde el extranjero, como dijo Maduro? ¿De opositores locales con autonomía? ¿De extranjeros residentes en Caracas? ¿O de la propia tropa, descontenta también con el rumbo económico y político del país? ¿O un autoatentado para iniciar una etapa de abierto terrorismo de Estado?
Sea como fuere, tanto los servicios de inteligencia como las fuerzas militares y paramilitares del gobierno de Maduro han quedado entre el ridículo y un mar de sospechas. El presidente y su círculo íntimo, naturalmente, extremarán su cuidado y su desconfianza. ¿Endurecerá el régimen su sesgo autoritario y de ahogo a las libertades individuales? Lamentablemente, es de esperar que sí. La economía, mantiene sin cambios su caída en picada, fruto natural de una serie de erróneas políticas orientadas a mantener al sector privado subordinado a las órdenes de un Estado en quiebra. La petrolera estatal PDVSA está cada vez más cerca de la cesación de pagos, lo cual llevó a restringir al máximo los controles de capitales. La refinanciación de la deuda con Rusia no ha sido suficiente para aliviar el horizonte de pagos externos para el régimen de Maduro.
El problema central es la caída de la producción de petróleo y la nula flexibilidad del gobierno venezolano para sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por los abusos de poder del régimen bolivariano. Los precios récord del barril de petróleo de la década pasada generaron excedentes manejados por burócratas del régimen que no fueron utilizados para industrializar el país o diversificar al menos la producción agroindustrial. Se utilizaron con objetivos redistributivos, implantando un aparato de persecución a políticos opositores, periodistas, y a empresarios locales y extranjeros.
El resultado ha sido una fuerte fuga de capitales desde 2003. Con un clima empresario hostil a la iniciativa privada, incertidumbre política y controles arbitrarios de un Estado autoritario, la inversión agregada fue declinando al mismo tiempo que la población en general optó por fugar capitales. Resultado: el saqueo de los fondos públicos de una burocracia cívicomilitar que recurrentemente es noticia por sus propiedades en el exterior. El resultado de los últimos años no sorprende: emigración de venezolanos, dolarización de ahorros de los que no pueden irse, escasez de todo tipo de bienes de consumo, falta de medicamentos, y el colmo de un país petrolero miembro de la OPEP, escasez de derivados de petróleo. Esto último, en cierta forma, es consecuencia de las sanciones aplicadas sobre PDVSA y sus subsidiarias en EE.UU.: cortado el financiamiento voluntario externo, no hay fondos ni para reparar máquinas ni instalaciones de la actividad petrolera. Se estima que la producción diaria de petróleo actualmente estaría en torno de 1,3 barriles por día, menos de la mitad del año 2013. Resultado: con producción y precios internacionales que no repuntan, no puede devolver la deuda con los bancos ni con cargamentos de petróleo. Este año debería cancelar vencimientos por U$S 6.500 millones, el grueso de los vencimientos totales por U$S 9.500 millones de este año, y ya desde el año pasado el China Development Bank y el Eximbank chino han cortado el otorgamiento de préstamos a este país.
Sin financiamiento interno ni externo, el país, en general carece de fondos para sostener la actividad e inclusive mantener el stock de capital. En 2016 el PIB cayó 16,5% y el año pasado 14%. Para este año el FMI prevé una caída de 18%, y una hiperinflación superior a 1.000.000%. Como es de esperar, el cambio de billetes por bolívares soberanos con cinco ceros menos desde el 20 de agosto, no es más que la aceptación del régimen de que sólo puede financiarse con billetes y monedas.
Además, el jueves pasado el vicepresidente de Economía, Tareck el Aissami, presentó a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de Ley de Ilícitos Cambiarios que libera el cepo cambiario vigente, para que el 20 de agosto, entre en vigencia un régimen cambiario dual, con u n dólar oficial y otro legal para operadores privados, pero no exento de intervenciones oficiales. Esto genera no pocas dudas sobre la convergencia entre el dólar oficial, a 172.800 bolívares, y el paralelo, que a fin de la semana pasada superaba los 3.600.000 bolívares. Un intento con alta probabilidad de fracasar, dado que la causa fundamental es la destrucción de la confianza en las autoridades y en sus prácticas autoritarias, y su contrapartida visible, la creciente escasez de bienes esenciales de consumo. Hasta tal punto llega la ineficiencia del “socialismo del Siglo XXI”, que el propio Maduro ordenó registrar los vehículos en un Censo Nacional de Transporte para acceder a gasolina racionada del “carnet de la patria”.
Lo que probablemente deje de existir es la subvención al precio de la nafta que actualmente cuesta 1 bolívar por litro. Una medida que tal vez reduzca las ganancias de los que contrabandean combustibles a Colombia y Brasil donde los revenden a valores levemente inferiores al de mercado. Ahora, un aumento del precio de combustibles más una potencial suba del tipo de cambio oficial no puede sino acelerar aún más la hiperinflación en curso. Algo que recién va a llegar a su fin cuando haya un gobierno aceptable como legítimo dentro y fuera de Venezuela, libre de sanciones externas, y que pueda tener las manos libres para iniciar el abandono de un modelo de política económica que ha arruinado a millones de venezolanos.
