Por Pedro A. Rodríguez Analista de cereales y oleaginosas
La eliminación del diferencial arancelario para la exportación de aceite y subproductos de soja, tendrá un impacto de menor competitividad para la industria radicada en el país de US$ 10 por tonelada. Esto, si se mantienen los precios internacionales y las relaciones de precio actuales entre la soja y los subproductos, hipótesis improbable por los cambios que la nueva situación producirá en el complejo.
La industria de molienda de soja argentina construyó un sistema que es una sofisticada solución logística para la comercialización de una producción de soja de más de 60 millones de toneladas, y cumple funciones que la exportación pura solo podría encarar a costos mayores. Entre ellas, la disponibilidad de espacio de almacenaje y capacidad de recepción durante la presión de cosecha ?a costos menores a los valores de sustitución para la cadena de comercialización?, y la posibilidad de adaptarse a condiciones de calidad ?granos verdes, dañados, partidos, menor contenido de proteína, alta humedad? que solo la actividad de transformación permite. Además, la industria es una fuente de demanda permanente porque permite multiplicar los destinos a los cuales llega la producción primaria argentina.
La igualdad impositiva con la industria permitirá a la función puramente exportadora aumentar su competitividad relativa, y valorizará aquellos activos orientados únicamente a la salida de materia prima sin transformación. Las mayores exigencias de calidad y condición, como los mayores costos logísticos que el manejo de una cosecha como la de soja argentina requiere, llevarán a valores de mercado de almacenajes y calidades que reflejen esos costos que actualmente cubre la industria aceitera. La desigual distribución regional de la oferta argentina entre la zona de Rosario y los puertos del sur ?para completar los buques con destino a China? afectará los precios a valores de equilibrio más bajos, que permitan que parte de la oferta viaje al sur.
Los productores agropecuarios sólo son exportadores indirectamente, a través de las compañías locales e internacionales que se dedican a ese comercio. A partir de ahora, los productores venderán su producto a exportadores o industriales que competirán entre sí sin diferencial arancelario. Sólo en condiciones muy especiales el beneficio de las menores retenciones para la soja con la eliminación del diferencial irá totalmente al productor. La demanda de la exportación y su capacidad de pago aumentará, en la medida en que el origen argentino sea más competitivo: esto, a través del mecanismo de precios significa mayores descuentos frente a los otros orígenes, principalmente Brasil y Estados Unidos. Las condiciones logísticas, de almacenaje, y de calidad unidas a la estacionalidad de la demanda de la exportación ?muy concentrada en un solo destino? frenarán la valorización.
Para el Gobierno, es posible pensar que la reducción de las retenciones a la soja permitirá una mayor recaudación por impuesto a las ganancias de los productores. Pero esto seguramente se compensará con menores ganancias (o pérdidas incluso) en otros eslabones de la cadena. El flujo de prefinanciaciones de exportación agravará su carácter pro cíclico, al aumentar su dependencia relativa de una actividad más volátil y más concentrada, o sea la exportación frente a la industria. Además, las inversiones en el sector industrial deberían demorarse, mientras que las orientadas a la exportación ya muestran signos de sobre capacidad.
Esta medida tendrá además impacto en actores internacionales. Entre los privados, las compañías industriales multinacionales, con fuerte presencia en otros orígenes y en destinos donde llega la producción argentina, verán incrementada su competitividad de un golpe. La molienda en destino, ya favorecida por barreras arancelarias y paraarancelarias, se beneficiará. Una muestra elocuente: el comercio entre el principal exportador de harina de soja (Argentina) y el principal consumidor (China) es todavía cero. Los importadores de harina y aceite de soja argentino verán la pérdida de competitividad de un proveedor clave (con reminiscencias del 2008), y comprobarán que es un origen poco confiable, con incentivo a invertir en sus propias industrias ?que importan materia prima? sin depender de una cadena de valor que empieza en Argentina.
Esta medida se ha tomado, probablemente, con poca reflexión. Podría entenderse en los años ´80, cuando la producción del país era de menos de 10 millones de toneladas y podían imaginarse otros cursos de acción. Es posible que en aquellos lejanos años hayan cristalizado los criterios analíticos que hoy se han impuesto, a pesar de su anacronismo. Seguramente valdrá la pena que el Gobierno vuelva a reflexionar sobre este tema.
