Por Eric W. Grosembacher
El debate sobre el aborto no va a ser resuelto por economistas. Pero eso no cambia el hecho de que la procreación y la fertilidad están profundamente entrelazadas no solo con nuestro crecimiento demográfico y, por lo tanto, económico, sino también con la vida profesional de las mujeres y la salud financiera de las familias, así como ?claro está? con el presupuesto del Estado. Con el permiso de ellas ?indudablemente protagonistas del debate? me tomo el atrevimiento de estudiar la cuestión desde el punto de vista economicista, a partir del cual se delinean los párrafos que siguen.
Según el profesor estadounidense Phillip Levine (1997), a partir de una importante investigación econométrica, la legalización del aborto desde los '70 tuvo un impacto en la tasa de nacimientos de Estados Unidos: se estima que la fertilidad de las mujeres estadounidenses cayó en el orden de alrededor de 5% en respuesta directa al aborto legalizado. Sin entrar en juicio de valor, explica además que las características de los niños que nacieron después de la legislación fueron “diferentes”. En rigor, se encuentra que menos niños crecieron viviendo en la pobreza, en hogares monoparentales, y encabezados por beneficiarios de asistencia social. Lejos de ser un argumento a favor o en contra de la legalización del aborto, esto debe ser un primer llamado de atención para los que afirman que, si de costos se trata, legalizar el aborto es más caro que no hacerlo. Por el contrario, el artículo en cuestión calcula que la legalización del aborto le ahorró al Gobierno de Estados Unidos alrededor de $14.000 millones hasta 1994 en programas sociales.
Por otra parte, hay evidencia de que la situación económica para las mujeres mejoró directamente mediante la legalización del aborto. “Los derechos de aborto son un pilar clave de la igualdad de ingresos”, escribió Ellen Shaffer en el Center for Policy Analysis. “La oposición al derecho al aborto es un factor clave que mantiene a mujeres y niños en la pobreza”. Si de desigualdades hablamos, no quedan dudas entre los economistas especializados en la materia de que la falta de acceso al aborto es uno de los mayores contribuyentes a la brecha salarial de género. En concreto, diversas investigaciones muestran que las madres tienen menos probabilidades de ser contratadas para un trabajo y se les ofrecen salarios iniciales más bajos cuando son contratadas, diferencia que se profundiza cuando el aborto permanece penalizado.
Al mismo tiempo, un reciente artículo publicado por González, Jiménez-Martín, Nollenberger y Van Castello (2018), para el caso español (donde el aborto es legal desde el año 1985) se enfocó en el estudio de efectos de largo plazo en la vida de las mujeres: encontraron importante evidencia de que la legalización del aborto les permitió alcanzar mayores logros educativos a las mujeres de 21 años o menos al momento de la reforma y reportaron una mayor satisfacción 15 años después de la misma.
En tanto, en un artículo que la académica Eirin Molland (2016) publicó acerca de la situación en Noruega explica que la disponibilidad del aborto retrasó la fertilidad pero no redujo el tamaño de la familia, mientras que también resultó en mayores logros educativos y mejor situación en el mercado laboral para las mujeres afectadas. A su vez, encontró que los buenos resultados se extendían a los hijos de madres que tenían acceso a la interrupción del embarazo.
Si nos referimos a los costos directos en el aspecto presupuestario, y puntualmente al caso argentino, no queda más que destacar las palabras del mismo ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que afirmó en el plenario de comisiones del Senado que “la ley va a bajar de manera dramática los costos de complicaciones por abortos clandestinos”. Puntualmente, especificó que el mismo es de $ 4.078,30 millones y que, tras la legalización, ese monto se reduciría a $ 678,60 millones, lo que implica un ahorro para el sistema de salud de $ 3.400 millones.
El ministro explicó que, según datos de 2014, hay en el país 47.063 internaciones anuales en el sector público por complicaciones de abortos clandestinos, cifra que se eleva a 70.200 si se tiene en cuenta al sector privado. Todas estas cifras podrían reducirse 98% con la aprobación de la ley. Además, indicó que se producen 37 muertes al año por aborto, sin duda el mayor de los costos. Por lo tanto, la discusión en términos presupuestarios es entre 'costo agregado para el sistema de salud de los abortos seguros o manejo de las complicaciones de los abortos clandestino', quedando claro que el segundo es significativamente mayor.
En definitiva, y en términos económicos, mantener el aborto en la clandestinidad implica una serie de externalidades inmensamente negativas. El aborto es también un problema económico, y no se puede bregar por el progreso económico sin hacerlo también por los derechos reproductivos.
La libertad de elección es el supremo valor económico para las sociedades y la clave para la paz y la verdadera prosperidad. Como escribió Mario Vargas Llosa, “la libertad política, económica, social, cultural son una sola y todas ellas hacen avanzar la Justicia, la riqueza, los derechos humanos, las oportunidades y la coexistencia pacífica en una sociedad”.
