Por Delfina Torres Cabreros
Por tercer año consecutivo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC) marcharon juntas en el Día de San Cayetano. Así como en 2016 y 2017 se abroquelaron en torno a la consigna “pan, paz, techo y trabajo”, este año llevaron a la Plaza de Mayo la bandera de lo que llamaron “las cinco leyes urgentes para la economía popular”. Si bien alguno de los puntos son, en efecto, proyectos que esperan ser tratados en el Congreso, los reclamos engloban distintas iniciativas obstaculizadas por motivos diversos. A continuación, el detalle.
Emergencia alimentaria El reclamo por la emergencia alimentaria acumula más de un año de tira y afloje. Las organizaciones sociales lo presentaron en el Congreso en junio de 2017 y mantuvieron múltiples encuentros con funcionarios de la cartera de Desarrollo Social, incluida la propia ministra Carolina Stanley, para intentar, hasta ahora sin éxito avanzar en su concreción.
El proyecto propone declarar la “emergencia pública en materia alimentaria” por el término de dos años y asistir las necesidades de sectores populares con reasignaciones presupuestarias hasta un monto de $10.000 millones. La propuesta se fundamenta en los datos de un relevamiento realizado por Barrios de Pie, según el cual el 43% de niños y niñas que asisten a comedores tiene un problema de malnutrición, dato que asciende al 57% entre los lactantes.
Integración urbana En julio de este año la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial impulsado desde el año 2016 por el triunvirato de organizaciones sociales junto a Techo y Caritas. La iniciativa apunta a la regularización de títulos de propiedad en villas y como paso inicial plantea un proceso de expropiación de las tierras a partir de la creación de un fideicomiso especial.
El proyecto se basa en una investigación conjunto de las organizaciones, que evidenció que en el país existen 4.329 barrios populares, donde habitan más de cuatro millones de personas. A la vez, el 61% de los terrenos donde se asientan pertenecen a propietarios particulares, 13% a municipios, 7% son provinciales.
El proyecto también suspende los desalojos por dos años y habilita que las empresas prestadoras de servicios realicen obras aún cuando no se cumplan todos los marcos regulatorios necesarios.
Infraestructura social En abril de este año las organizaciones sociales presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que propone que el 25% de las obras públicas de la provincia sean realizados por cooperativas en villas y asentamientos. Según explicó la legisladora del Movimiento Evita Patricia Cubría, la sanción de la ley crearía un régimen de promoción y desarrollo de los trabajadores de la economía popular que pretende “invertir parte de los fondos de la obra pública provincial en obras de infraestructura, arreglos y saneamiento de los barrios populares bonaerenses que están viviendo en emergencia habitacional”.
Agricultura familiar En este caso no exigen la sanción de la ley, sino la reglamentación de una que ya existe: la 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, aprobada en diciembre de 2014. Los militantes sociales señalan que en los últimos años no sólo no se ha logrado avanzar con normativas, programas, registros y ámbitos de diálogo que beneficien al sector sino que consideran que “fueron abandonadas las buenas iniciativas que se pedían profundizar”. Es el caso de la ley, que creen que debe ser nutrida con el aporte de los pequeños productores y acompañada por una asignación presupuestaria acorde.
Las organizaciones piden también el avance del proyecto de ley de Acceso a la Tierra para facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de tierras.
Emergencia en adicciones De manera similar al punto anterior, las organizaciones exigen dotar de presupuesto un instrumento que ya existe pero que no cumple con las expectativas. Se trata del decreto que declaró la “emergencia nacional en materia de adicciones” hasta el 31 de diciembre de 2018. El decreto instruyó al Sedronar para que “elabore, ponga en vigencia e implemente acciones destinadas a hacer frente a la emergencia” e instó a todos los organismos de la administración pública nacional a colaborar.
Desde el Movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga ?integrado por corrientes internas de las distintas organizaciones sociales? consideran que en la iniciativa no está debidamente expresada la necesidad de destinar partidas presupuestarias extraordinarias para la prevención y la recuperación. “Sin recursos económicos concretos es imposible llevar adelante una política pública que atienda la urgencia que demanda la problemática”, apuntaron.
