La Justicia levantó el embargo a Camioneros y redujo a multa a $1 M

La Cámara de Apelaciones del Trabajo reconoció la facultad de la cartera laboral de fijar multas pero consideró que los $810 M estuvieron mal calculados

La Justicia levantó el embargo a Camioneros y redujo a multa a $1 M

 

En pleno enfrentamiento con el Gobierno de Mauricio Macri, Hugo Moyano se hizo de una primera victoria en la Justicia. La Cámara de Apelaciones del Trabajo levantó el embargo por $266 millones que pesaba sobre el Sindicato de Camioneros y determinó la reducción de la multa de $809 millones que le había aplicado el ministro de Trabajo Jorge Triaca por el presunto incumplimiento de una conciliación obligatoria en diciembre de 2017.

 

Las juezas Gloria Pasten de Ishihara y María Cecilia Hockl consideraron en lugar de calcular la sanción en base al total de camioneros afiliados al gremio, sólo corresponde estipular el monto sobre la cantidad de trabajadores de las cuatro empresas inspeccionadas. Además, plantearon que la multa debe calcularse a partir del 50% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador y no del 100% como había dispuesto la cartera laboral.

 

Hace un mes, el juez de primera instancia José Ignacio Ramonet había trabado un embargo a la Federación de Camioneros y había dado luz verde para avanzar en la ejecución de la millonaria multa. Pero hoy la Cámara ordenó levantar el embargo de inmediato.

 

Camioneros considera que, como las cuatro empresas transportistas inspeccionadas representan el 0,03% del total de afiliados, el monto de la sanción se reduciría a $1 millón.

 

En el entorno de Moyano se mostraron satisfechos con la decisión judicial de destrabar el embargo pero advirtieron que podrían ir a la Corte para rechazar de plano la validez de la multa. Cerca de Triaca celebraron que el fallo reconociera la facultad del ministerio para establecer sanciones a los sindicatos por incumplimiento de las conciliaciones obligatorias, pero también señalaron que podrían pedir un recurso extraordinario ante el máximo tribunal para impugnar el recálculo del castigo.

 

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