Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Los efectos nocivos sobre la actividad económica y la asignación de los recursos de la corrupción de funcionarios públicos no es nada nuevo en estas tierras. Argentina no es el único país con funcionarios y exfuncionarios enriquecidos y una población empobrecida que sigue sin tener conocimiento preciso del destino ni del uso de los impuestos que paga.
Las prácticas que hoy motivan investigaciones judiciales de alcance y final incierto son la versión moderna de usos y prácticas arraigadas desde hace siglos en todo el mundo. La distribución de favores, la violación de leyes con acuerdo implícito o explícito de funcionarios, las diversas formas de prácticas abusivas en el sector privado, no son más que algunas de las manifestaciones de uso de información asimétrica con beneficio propio. La herramienta necesaria: la inexistencia de mecanismos de monitoreo, transparencia informativa, control y sanción de delitos. Las condiciones, ya conocidas por una amplia literatura económica y de historia contemporánea, tampoco son desconocidas.
Algunos autores entienden que el soborno de funcionarios, la compraventa de favores, la asignación poco transparente de contratos con el Estado, entre otras prácticas, podrían “lubricar” el sistema económico siempre que sirviera para sortear las ineficiencias asociadas a restricciones burocráticas y trámites sin sentido, regulaciones sobreabundantes y rígidas, y la provisión ineficiente de bienes públicos, especialmente en países con instituciones débiles. Otros trabajos, en cambio, enfatizan que el desempeño económico se deteriora en presencia de corrupción, por aumento de la incertidumbre, de los costos de transacción y la asignación ineficiente de factores de producción.
Como bien lo recordaba Mariano Grondona un cuarto de siglo atrás en su libro “La Corrupción”, cuya lectura es más que recomendable en estos días, la primera definición de corrupción en nuestro idioma es “quitar o tomar alguna cosa con violencia y fuerza”, y su antecedente indoeuropeo es la palabra “reut”, que significa “arrebatar”. La corrupción, tanto de funcionarios de gobierno, como entre privados, no es otra cosa que una forma de arrebato de recursos
Su generalización o no a una suerte de “estado de corrupción” generalizado nunca es inocente, y el ejemplo se da “desde arriba”. Grondona, por caso, presentaba el caso de Bill Clinton: en 1992 extendió de 1 a 5 años la prohibición a los altos funcionarios de gobierno para trabajar para lobbys nacionales una vez abandonado su cargo, y la exigencia a firmar un compromiso para no trabajar de por vida para grupos empresariales o gobiernos extranjeros. ¿Existe o existirá algo así alguna vez en Argentina o en algún otro país de la región?
Quizás no sea suficiente, pero parecería ser necesario el rol de investigaciones no sólo judiciales, sino de la prensa, como ha ocurrido con Wikileaks, Panama Papers o Paradise Papers para que algo cambie. Al menos para que cuando en el Siglo XXI se siga observando la vieja paradoja de Myrdal ?que no sólo se observa en los países subdesarrollados?: un sector privado fuertemente estatista porque desea, puede obtener y crece gracias a protección y subsidios del Estado, frente a funcionarios y agencias del Estado capturados por lobbys privados y que operan bajo la influencia de grupos privados (y no sólo empresariales).
Las prácticas corruptas deterioran el funcionamiento del Estado, aumenta la desconfianza de la población hacia los funcionarios y líderes políticos en general, deteriora la credibilidad en las leyes vigentes, aumenta la percepción de incerteza jurídica y judicial y desalienta la inversión productiva.
En el corto plazo nunca se nota, pero en el largo plazo los costos se pagan. Un estado de corrupción es un estado de desconfianza, en el que la frontera entre lo legal y lo legal se torna no sólo borrosa, sino inexistente. En ese sentido, es más que necesaria una legislación y un Poder Judicial que sea garantía de que no haya un trato desigual frente a la ley.
Gherardo Colombo, uno de los jueces italianos que participó en el operativo Mani Pulite, renunció a su cargo en la Corte Suprema de Casación y se dedica a recorrer escuelas para difundir la importancia de respetar las reglas, ya que, en su visión, la corrupción se combate con educación, no con represión. En su opinión el principal aprendizaje fue que la gente aprendió a corromper de una manera mucho más refinada. Una señal de alerta para considerar con, al menos, un mínimo de escepticismo, eventuales propuestas de reformas institucionales excesivamente optimistas, con más marketing que contenido.
Combatir la corrupción requerirá años de cambio, con el ejemplo y con educación. Los resultados, tal vez no se verán en el corto plazo, pero es una tarea que no admite demoras. Caso contrario seguiremos siendo un país sin atractivo para la inversión de largo plazo, y esto lo paga toda la sociedad, como siempre, con menores ingresos, infraestructura insuficiente y menor calidad de vida.
