Jornada agitada la de ayer para la expresidenta Cristina Kirchner. Por la mañana presentó un escrito en los tribunales federales de Comodoro Py pidiendo la nulidad de la causa que sigue el juez federal Claudio Bonadio por los cuadernos con detalles de las presuntas coimas en obras públicas, negó los cargos en su contra y hasta reclamó que sea citado como testigo el primer mandatario, Mauricio Macri. Allí llegó acompañada por el referente de movimientos sociales y asesor de Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, Juan Grabois, y el exembajador ante el Vaticano Eduardo Valdés, dato político que sorprendió a propios y extraños.
Por la tarde, efectivos de la Policía Federal realizaron allanamientos en departamentos del edificio en el que vive la expresidenta, en el barrio porteño de Recoleta. El operativo fue ordenado por el mismo juez Bonadio, mientras sigue pendiente en el Senado la autorización para que el magistrado allane las propiedades de la exmandataria. Su defensa denunció la decisión de Bonadio como una maniobra de amedrentamiento. “Se acaba de armar un gran circo, porque están allanando el primer y cuarto pisos, que no pertenecen a Cristina”, señaló el abogado Gregorio Dalbón.
Declaración
En los tribunales de Comodoro Py a los que había sido convocada para prestar declaración indagatoria, Cristina se hizo presente con tres escritos. En uno de ellos, la senadora cuestionó que Bonadio (a quien calificó de “juez enemigo”) y el fiscal federal Carlos Stornelli estén al frente de la investigación y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julian Ercolini, quien sigue la causa Los Sauces. En ese expediente, Cristina está imputada también como jefa de una asociación ilícita junto a sus hijos Máximo y Florencia y se sostiene además en la sospecha de irregularidades en la concesión de la obra pública y el pago de “retornos”.
En un segundo escrito, pidió la nulidad de la causa: “A partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”, denunció.
En un tercer escrito, recusó a Bonadio y al fiscal Stornelli: sostuvo que fueron “elegidos a dedo el juez y el fiscal, éstos decidieron armar una nueva causa y autocolocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas”. “En este sentido, la caída abrupta de la imagen del Gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta”, evaluó.
Operativo
Por la tarde, a las 18.50, una docena de efectivos de la Federal ingresaron con perros en el edificio de la calle Juncal para allanar departamentos del primer y cuarto pisos pero no el de la ex mandataria, que está protegida por sus fueros. El operativo fue ordenado por el juez Bonadio (quien tiene la causa central por los cuadernos) y esos departamentos figurarían a nombre del hermano del empresario detenido Fabián de Souza, socio de Cristóbal López, quien los habría adquirido en 2011. La expresidenta no se encontraba en el lugar, ya que tras presentar su descargo por escrito en el Juzgado de Bonadio, se trasladó al Instituto Patria, en el barrio de Congreso, donde permanecía esta noche. El abogado de la exmandataria, Gregorio Dalbón, llegó al lugar tras enterarse de los operativos a través de los medios y, entendiendo en un principio que el allanamiento estaba dirigido al domicilio de su clienta, adelantó que iba a realizar una denuncia en la comisaría porque se trataba de un acto “ilegal” siendo ella senadora nacional
