Por Martín Trombetta Doctor en Economía y becario del Conicet
El seguro de desempleo es una política laboral fundamental en la mayoría de los países desarrollados. Consiste en una transferencia estatal a trabajadores que han perdido su empleo con el fin de compensar la pérdida de ingreso correspondiente y de ese modo estabilizar el flujo de ingreso recibido por el hogar en cuestión. De este modo, el seguro de desempleo permite a los trabajadores financiar la búsqueda de empleo y así maximizar la posibilidad de hallar un puesto de buena calidad y acorde a sus características particulares (lo que en economía laboral solemos llamar matching). Por lo tanto, se trata de una política que mejora el funcionamiento general del mercado de trabajo y, a la vez, provee protección social para una población vulnerable, los hogares con miembros desocupados.
Una preocupación habitual es la posibilidad de que este beneficio acabe generando incentivos a permanecer en la condición de desocupación, en particular si el monto es lo suficientemente alto como para competir con los salarios vigentes. Por ese motivo diversos cuidados son tomados en cuenta en su diseño: la prestación solo puede recibirse por un tiempo limitado y, en general, su monto decrece con el paso del tiempo, eliminando de este modo cualquier incentivo a permanecer en la desocupación.
Se trata de una política que existe en prácticamente todos los países desarrollados, aunque las particularidades del diseño varían de un país a otro. Noruega, uno de los países con mayor cobertura de seguridad social en el mundo, ofrece un seguro de desempleo equivalente a aproximadamente el 60% del ingreso anterior del trabajador desocupado durante un lapso que puede ser de entre uno y dos años. En Estados Unidos, país donde el Estado de Bienestar es más acotado y menos popular como modelo, el beneficio es generalmente menor (su monto varía entre estados) y su duración es siempre inferior a 26 semanas.
En Argentina, el seguro de desempleo se enmarca en la Ley de Empleo 24.013 de 1991. Esta establece una prestación de seguridad social para los trabajadores desocupados que hayan sido despedidos sin justa causa y que cuenten con una cantidad mínima de aportes a la seguridad social. La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados al sistema, es decir, de la antigüedad del trabajador en el mercado de trabajo formal, y puede oscilar entre dos y doce meses. En cuanto al monto, este también es variable pero no puede ser menor a $2.300 ni mayor a $3.700.
Sin embargo, los resultados actuales de la política son decepcionantes. De acuerdo a los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el porcentaje de trabajadores desocupados que recibe el seguro de desempleo es inferior al 5%. Aun concediendo que este guarismo pueda estar afectado por limitaciones del relevamiento (ya que la encuesta no tiene un módulo específico para captar este beneficio), resulta claro que la política está muy lejos de mostrar actualmente un alcance satisfactorio. Es por este motivo que el grueso de la literatura especializada considera al seguro de desempleo como una política virtualmente inexistente en nuestro país.
En medio de una coyuntura económica gris, Argentina debate hoy una reforma laboral cuyo alcance y términos son aún inciertos. La ausencia del seguro de desempleo en esa agenda es preocupante, especialmente si consideramos que nuestro país todavía presenta una tasa de desocupación elevada en comparación con el resto de la región. Tanto en términos de eficiencia del mercado de trabajo como de protección social, urge retomar la discusión de la protección social de los trabajadores desocupados, su monto, diseño y cobertura.
