¿Rebelión en la Unión Europea?

El Brexit y la rebelión despótica en los EM del este europeo no constituyen un buen augurio para la UE

 

Por Eduardo R. Ablin Embajador

 

Mientras la Unión Europea (UE) centra expectativas en la recreación del eje francoalemán para recobrar el dinamismo continental a la luz de la compleja secesión británica –combatiendo al mismo tiempo la belicosidad comercial del Gobierno de Donald Trump – enfrenta desde 2015 una insólita rebelión liderada por el denominado Grupo de Visegrad (V4), integrado por Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia, con ocasional coincidencia de Rumania.

 

Se trata de Estados Miembros (EM) menores –-en términos de la UE– incorporados en la última ola de accesiones de 2004, a su salida de una prolongada experiencia comunista. Beneficiarios directos de subsidios por su base agrícola, así como de los denominados “fondos estructurales” y “fondos de cohesión” que les permitieron modernizar su infraestructura y sistema productivo, no se han forjado bajo la expectativa pacificadora y “federalista” de los EM fundadores en la posguerra, compartiendo con el Brexit demandas por mayores competencias para los Estados nacionales, junto a un menor apego por la normativa, ideología y tradiciones de la UE, acusada de burocratización y acumulación de soberanía.

 

La creciente confrontación del V4 con Bruselas se inició con el rechazo húngaro y polaco -junto a Rumania- de la propuesta de la Comisión Europea (CE) de septiembre de 2015 para la reubicación de 120.000 migrantes llegados a Grecia, Italia y Malta –en adición a los 40.000 ya computados en mayo previo – a ser distribuidos a lo largo de dos años entre todos los EM, y fue profundizándose con los avances de reformas legales internas que pusieron en tela de juicio la continuidad del Estado de Derecho en dichos países. Más audaz, Eslovaquia elevó a la Corte de Justicia Europea (CJE) la decisión del Consejo de la UE –órgano máximo de la UE, representante de los EM – alegando que la misma excedía las competencias de la Unión.

 

Ya entonces dichos EM reflejaban un preocupante ascenso del nacionalismo ultraconservador al poder. Así, el partido Ley y Justicia (PiS), en el Gobierno polaco desde 2005, confirmó su mayoría en 2017, con la elección como primer ministro de Mateusz Morawiecki, anterior viceprimer ministro en el Gobierno de Beata Szydło, cuyo liderazgo no superó un voto de confianza parlamentario. En cualquier caso, todos los analistas coinciden en que la conducción política del país es ejercida desde las sombras por el líder del partido Jaroslaw Kaczynski, quien ha logrado notable apoyo para encarar –siguiendo el modelo húngaro – una sustantiva reforma constitucional. Al amparo de este instrumento, y aprovechando la consternación europea frente al Brexit, el partido conservador y nacionalista Fidesz –Unión Cívica Húngara, liderado por el primer ministro Viktor Orbán – quien describe su política como un Estado antiliberal gobierna desde 2010, habiendo logrado en 2018 ser reelecto para un tercer mandato en alianza con el partido radical de derecha Jobbik. Finalmente, el primer ministro eslovaco Robert Fico –líder del partido SMER (Dirección), electo en 2012 – se vio obligado a dimitir en mayo pasado como consecuencia de un escándalo generado por el asesinato de un periodista que investigaba relaciones del Gobierno con la mafia italiana.

 

Todos ellos coinciden -ajenos a las tradiciones liberales de los EM fundadores de la UE- en propugnar políticas antimigratorias, xenófobas, nutridas de un discurso étnico, profundamente conservador, nacionalista y crecientemente euroescéptico. Bajo dicho enfoque han avanzado en el control de sus sistemas judiciales, la censura de los medios de comunicación y el dominio del aparato estatal prescindiendo de funcionarios opositores. Así, estos gobiernos calificados al presente como populistas, evolucionan hacia modelos de naturaleza autocrática, más próximos al fascismo, poniendo a prueba los estándares de calidad democrática hasta límites difícilmente compatibles con los tratados de la UE en lo que concierne a la defensa de los derechos humanos, y las libertades civiles.

 

Al respecto, ya el Consejo de Europa -la más antigua de las instituciones (1949) promotoras de la integración europea, luego eclipsada por la UE, y reorientada a promover la configuración de un espacio político y jurídico europeo sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el imperio de la ley- concluyó que las reformas judiciales aprobadas desde 2015 en Polonia vulneran el Estado de Derecho.

 

En efecto, el Gobierno se reservó la potestad de designar a los jueces de la Corte Suprema –no sólo el tribunal de última instancia, sino el que valida el resultado eleccionario, controla las finanzas de los partidos políticos y adjudica las sanciones disciplinarias en el Poder Judicial –. Al mismo tiempo, al limitar la edad de los jueces abre una vía para reemplazar a los integrantes de la Corte a su arbitrio, pudiendo el Ejecutivo asimismo prorrogar los mandatos de los magistrados, entre otras normativas discrecionales que alteran la independencia de la justicia, presuntamente orientadas a prescindir de jueces cómplices del régimen comunista, desaparecido hace casi treinta años.

 

Prosiguiendo su camino hacia el aislacionismo el Gobierno sancionó a comienzos de 2018 una norma prohibiendo –bajo pena de prisión – aún a extranjeros fuera del país responsabilizar de complicidad al pueblo o al Estado polaco por los crímenes del Holocausto, aplicada paradójicamente por primera vez contra el periódico argentino Página/12, el cual rememoró un exterminio -históricamente comprobado- que contraría los supuestos de dicha norma. Medida ciertamente inoportuna en circunstancias en que Varsovia revive su demanda de reparaciones de guerra a Alemania por valor de U$S 1 billón. Así, al margen de la severa controversia internacional generada con Israel y Estados Unidos, la UE criticó con dureza la ley, subrayando que penalizaba lo que en todo caso sería un delito de opinión, en abierta contradicción con el marco legal y de derechos europeos, lo que motivó en junio de 2018 la eliminación de las penas contempladas.

 

En el contexto descripto, en diciembre de 2015, la CE activó por primera vez el llamado Procedimiento del Estado de Derecho, vía de acción punitiva preliminar consistente en peticiones, llamadas de atención y notificaciones, recibidas mayormente con indiferencia por las autoridades polacas. Tal reticencia a un cambio de orientación –junto al agotamiento de los plazos del Procedimiento – llevó finalmente a una situación sin precedentes, al obligar al Consejo Europeo –integrado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los EM – a fines de 2017 a invocar el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), incorporado al Tratado de Amsterdam (1997) y cuya configuración actual surge en el Tratado de Niza (2003) –precisamente preparatorio de la accesión a la UE de los diez países de Europa central y del este –. Ambos a su vez complementos del Tratado de Maastricht (1992), que transformó a la Comunidad Económica Europea (CEE) de una asociación esencialmente económica en la UE, mutación que introdujo mecanismos que protegiesen la democracia y el Estado de derecho en los EM.

 

El mismo prevé una secuencia de advertencias, intimaciones y penalidades pecuniarias, pudiendo llegar eventualmente a la suspensión del derecho a voto en el Consejo, lo que equivale a una suspensión de facto del EM involucrado en la UE. Aunque el caso polaco es el más flagrante, países como Hungría y Rumania han promovido controvertidas reformas que socavan la independencia de la Justicia, pudiendo la decisión del Consejo Europeo servir de precedente para su futuro en la UE. Así, además del incumplimiento de las cuotas migratorias, la CE anunció que Hungría deberá responder a la CJE por su ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que discrimina y limita a organizaciones de la sociedad civil –al obligar a identificar a los donantes –, así como por su reciente ley educativa, que vulnera el derecho a la libertad académica, a la educación y a gestionar un negocio, medidas aplicadas para impedir el financiamiento del millonario de origen húngaro George Soros -opositor al gobierno de Orbán – a ONGs y universidades privadas.

 

La eventual suspensión de los derechos de voto de Polonia, instancia última bajo el Artículo 7 requiere de una mayoría de cuatro quintos de los EM y dos tercios del Parlamento Europeo, muy crítico de la situación, habiendo Hungría anticipado su oposición por considerar dicha medida una intromisión en la política interna de un EM. Así, esa medida sin precedentes traslada ahora la presión a los EM, que deberán definir los límites que colocan a un EM fuera de los parámetros de la UE.

 

Entretanto, la CJE desestimó el recurso de Eslovaquia contra el mecanismo de reubicación obligatoria de solicitantes de asilo acordado por el Consejo, aunque en la práctica ninguno de los países del V4 han cumplimentado el mismo. En rigor, se inclinan por soluciones más drásticas al proceso migratorio en frontera, habiendo el Consejo abordado en junio de 2018 la reforma integral del sistema de asilo y política migratoria, incluyendo cambios profundos en la Convención de Dublin, que dispone que los demandantes de asilo debe ser acogidos en el EM donde ingresan en la UE. La mayoría de los EM se manifestaron dispuestos a abandonar el sistema de cuotas y centrarse en la política migratoria, avanzando hacia tareas de prevención que financien a los países africanos para frenar 20 millones de potenciales migrantes “económicos” y combatiendo las “mafias” transbordadoras de refugiados, organizando incluso “centros cerrados” –en cooperación con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) – en el norte de Africa hasta constatar si califican para el asilo. Esta perspectiva parece validar una reacción nacionalista, contraria a la asimilación de migrantes, prevaleciendo de alguna manera la visión del V4 en materia migratoria en la UE, lo que torna más peligrosas sus tendencias políticas internas.

 

La UE se propuso ser un proyecto político que conlleva “solidaridad y responsabilidad” por parte de sus integrantes. La secesión británica junto a la rebelión despótica en los EM del este europeo –mientras la crisis migratoria no encuentra fin, no obstante haberse limitado su flujo sobre bases defensivas –- no constituye un buen augurio para el porvenir de la UE en un mundo política y económicamente convulsionado. El liderazgo del eje francogermano requerirá actuar con celeridad si desea evitar la centrifugación del designio europeísta.

 

Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen a la institución en la cual se desempeña

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