Por Héctor Rubini Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USAL
En la segunda mitad de abril, Nicaragua registró una serie de protestas que, lejos de apaciguarse, se han agravado y ponen en serias dudas el futuro de Daniel Ortega como primer mandatario.
El disparador de la crisis fue el rechazo masivo a una reforma del sistema jubilatorio para revertir su déficit crónico. La misma contó con la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en febrero pasado se manifestó a favor de varias opciones para preservar la solvencia del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS): elevar la edad jubilatoria, recortar las pensiones, o aumentar los ingresos del INSS.
El 18 de abril se promulgó un marco regulatorio que aumentó los aportes patronales de 19% a 21% del salario, seguido de subas graduales hasta llegar al 22,5% en 2020. Las contribuciones de los trabajadores se incrementaron de 6,25% a 7%. También se aplica una detracción para el Gobierno que fue aumentada de 0,25% a 1,25% del salario. Aparte se deduce a los trabajadores 5% para el sistema de salud.
En abril pasado el déficit del INSS superaba los U$S 76 millones mientras que a fines de 2007 registraba un superávit de algo más de U$S 32 millones. La caída de la solvencia del sistema ha sido atribuida por los opositores al Gobierno al desvío de los fondos del INSS a gastos superfluos, incluido gastos personales del Presidente y su grupo familiar. La reforma se percibió como una injusta carga a la población que vía menores salarios reales debe financiar los gastos de un gobierno percibido como corrupto y autoritario. Primero comenzaron cacerolazos, a lo que siguieron saqueos a comercios, cortes de ruta y la represión del gobierno con fuerzas de seguridad y paramilitares. Resultado desastroso por la errada evaluación ex ante de la capacidad de manejo de la oposición política a una reforma percibida como innecesariamente creadora de mayor pobreza.
El conflicto es, por lejos, el más violento desde la llamada Revolución Sandinista de 1980. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) entre el 18 de abril y el 2 de julio murieron 309 personas, de las cuales 25 son menores de 17 años y 56 víctimas no han sido todavía identificadas. La ANPDH también informó que hay otras 158 personas secuestradas con paradero y suerte desconocida (en otras palabras, desaparecidas) y ha reclamado al Gobierno que respete el acuerdo de no agresión suscripto días atrás. Sin embargo, sólo en la semana pasada se registraron 24 nuevas muertes. El gobierno sigue entendiendo que las protestas responden más a un intento desestabilizador, y no al rechazo a la reforma jubilatoria. A su vez, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) sigue convocando a la población para continuar con las protestas. En un clima así, es imposible pensar en una solución pacífica, al menos en el corto plazo.
Los intentos de mediación de la Iglesia Católica, reuniendo a funcionarios del gobierno y a dirigentes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, hasta ahora no han registrado progreso alguno. El Gobierno sigue focalizado en desmantelar todas las barricadas y cortes de rutas, mientras que los líderes estudiantiles, barriales y campesinos exigen no sólo la reversión de la reforma previsional, sino directamente la renuncia de Ortega, y su remplazo por un gobierno de transición que organice el llamado de elecciones presidenciales anticipadas. En ese clima, el Gobierno de Estados Unidos ha mantenido una aparente neutralidad, pero ha exigido ahora a Ortega la devolución o pago de los vehículos donados por Washington para las fuerzas de seguridad y que han sido utilizados para reprimir a los manifestantes.
Mientras tanto, la economía del país ha iniciado un sendero de desplome que puede agravar más la situación. Una muy mala noticia para un país cuyo déficit de cuenta corriente de balanza de pagos venía en baja gradual desde casi 12% del PIB en 2011 a 6,2% en 2017, pero con un resultado fiscal que pasó de 0,15% del PIB en 2011 a un déficit de 1,7% en 2017.
En dicho período el crecimiento anual del PIB se desaceleró de 6,3% a 4,7% en 2016, repuntando levemente a 4,9% en 2017. En cuanto al crecimiento del PIB, el Banco Central de Nicaragua (BCN) ya redujo su proyección entre 4,5% y 5% a un módico 1%, mientras que su pronóstico de inflación para 2018 ha sido revisado hacia arriba de 5,5%-6,5% a una estimación entre 6,5% y 7%. En materia de actividad e ingresos, los sectores más afectados por ahora son la construcción, comercio, restaurantes y hoteles. Además, en junio se registró una minicorrida de depósitos en dólares ante rumores de que el Gobierno iba a aplicar un “corralito” bancario.
El contexto externo es también complicado. Para evitar el impacto de las sanciones de EE.UU. a Venezuela, en octubre de 2017 se suspendieron las exportaciones de alimentos a PDVSA que ya pagaba con atrasos de hasta 90 días. A su vez, en el Congreso de EE.UU. avanzó el proyecto de la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como “Ley NICA” (“Nica Act”). El proyecto de 2016 procuraba bloquear préstamos al gobierno de Managua de organismos internacionales salvo que el gobierno nicaragüense realice elecciones libres, justas y transparentes, respete los derechos humanos y restablezca la institucionalidad del país. Pero en octubre del año pasado la Cámara de Representantes aprobó una versión más severa, que bloquea todo préstamo de organismos multilaterales a Nicaragua, salvo por razones humanitarias o para promover la democracia en ese país. Su suerte en el Senado dependerá de lo que ocurra con esta crisis, y es probable que los republicanos logren su aprobación en breve.
En definitiva, tanto la estabilidad económica como política del país depende de lo que decidan Ortega y su gabinete. Cuanto más se extienda en el tiempo la violencia interna, se agudizará el aislacionismo político del Gobierno nicaragüense y precipitará una crisis económica y política de mayor gravedad y alcance que lo observado hasta ahora.
