Por Silvana Melitsko Consultora independiente
Equidad de género y desarrollo guardan una relación estrecha y nítida. En los países de menor nivel de desarrollo económico la desigualdad de género tiende a ser mayor cualesquiera sea la dimensión que se analice: brecha salarial y educativa, participación laboral, exposición a situaciones de acoso sexual y violencia, restricciones de derechos civiles y políticos, entre otros aspectos. Tanto el PIB per cápita como su crecimiento muestran una correlación positiva con indicadores sintéticos de equidad de género de alrededor del 60%. Si bien no corresponde inferir relaciones de causalidad a partir de regularidades empíricas, tanto la teoría económica como la ciencia política ofrecen explicaciones parcialmente satisfactorias sobre la relación positiva entre ambas variables.
La literatura económica que explora los vínculos entre desarrollo y equidad de género ha encontrado que intervenciones tendentes a mejorar la posición relativa de las mujeres tanto en materia educativa como de administración de los ingresos familiares impactan positivamente en todo tipo de indicadores de desarrollo, particularmente en lo referido a la salud y educación de los hijos. A mayor nivel educativo también es menor la probabilidad de ser madre a edades tempranas, lo cual tiene importantes implicancias positivas en términos de reducción de la pobreza y quiebre de su reproducción intergeneracional.
Gran parte de esta evidencia proviene de regiones del mundo donde se concentran las expresiones más extremas de pobreza y donde la discriminación y violencia contra las mujeres suele ser la norma antes que la excepción. No está claro en qué medida estas lecciones se aplican a una sociedad como la argentina, en la que si bien las mujeres aún enfrentan múltiples barreras a la realización plena de sus derechos sociales, económicos y culturales, a nivel agregado aventajan a los hombres en indicadores fundamentales como la expectativa de vida y las credenciales educativas. Tal vez uno de los temas relevantes para la sociedad argentina actual que vale la pena analizar desde el punto de vista del desarrollo sea la inequidad persistente en materia de derechos sexuales y reproductivos, inequidad que se refleja en dos dimensiones: entre hombres y mujeres y entre mujeres de distintas clases sociales.
El cambio en los patrones de fecundidad ha sido un elemento clave en el proceso histórico de desarrollo de todos los países. El mismo guarda estrecha relación con la evolución de la pobreza y la desigualdad. Las dos tendencias más notorias que se observan en los países desarrollados son la reducción de la tasa global de fecundidad, y la progresiva postergación de las decisiones de fecundidad de las mujeres. Resulta notable como en tres o cuatro décadas en la mayoría de los países de la OCDE el grupo quinquenal de mujeres con mayor tasa de fecundidad relativa pasó a ser el de 30 a 34 años, acercándose al límite biológico de posibilidades de reproducción. La mayoría de los países presenta picos en el rango de 90-120 nacimientos cada 1.000 mujeres en ese grupo de edad, correspondiendo en general los valores más altos a aquellos países donde la tasa global de fecundidad es mayor. En contraste, para mujeres de 15 a 19 años la tasa de fecundidad se ubica desde hace tiempo en valores extremadamente bajos del rango de 5-15 nacimientos cada 1.000 mujeres.
Argentina se destaca por el profundo contraste regional que ofrecen sus provincias, que replica a su vez las disparidades socioeconómicas. Mientras que la CABA tiene un perfil casi idéntico al del típico país europeo, aunque con una tasa de fecundidad adolescente más elevada (explicada a su vez por grandes brechas de fecundidad adolescente entre comunas del norte y del sur), el mismo contrasta claramente con patrones observados en las provincias más pobres del norte argentino. En esas provincias las tasas de fecundidad adolescente son entre tres y cuatro veces superiores a las de CABA. Además, como en las sociedades tradicionales de antaño, los picos de fecundidad se dan entre los 20 y 25 años.
De lo anterior se desprende que el comportamiento sexual y reproductivo de las mujeres se relaciona de manera intrincada con sus condiciones económicas y sociales, y que estas relaciones tienen consecuencias importantes en términos de desarrollo. En la discusión sobre despenalización del aborto surgió, desde distintas perspectivas y con diferentes implicancias, una línea divisoria acerca de la dimensión que adquiere esta problemática para las mujeres pobres y para las ricas. Los que se oponen a la legalización han sostenido en varias ocasiones que el aborto atañe a mujeres “de clase media y alta”. Un cura que realiza trabajo social en las villas lo expuso de manera elocuente en uno de los debates que me tocó presenciar. “Para las mujeres pobres un hijo es un tesoro, tal vez el único que tengan”, declaró.
Sobre este último punto corresponde decir que la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, además de un fin en sí mismo, constituye una puerta de acceso para la realización de otros derechos. Asociar el aborto a un problema de la clase media y alta carece de consistencia fáctica y puede ser fácilmente rebatido a partir de datos de hospitalizaciones en instituciones públicas por consecuencias de abortos clandestinos y por la innegable inequidad de las condiciones en las que realizan estas prácticas distintas clases sociales. Pero además esta perspectiva resulta agraviante porque invierte los principios fundamentales de justicia social que inspiran a las personas que por tantos años llevaron adelante una campaña que incluye, además del aborto libre y gratuito, el acceso a información, educación y métodos anticonceptivos en un contexto de equiparación de derechos económicos, sociales y culturales entre sexos y entre clases. Si las mujeres de clase media y alta enfrentan menos barreras para llevar adelante proyectos de vida que exigen la postergación de la maternidad, o tienen mayores posibilidades de hacer visibles sus demandas, debería plantearse la necesidad de intervenir de manera más firme en la eliminación de esas barreras.
Un estudio famoso de los economistas Claudia Goldin y Lawrence Katz muestra que a principios de los '70 comenzó a aumentar significativamente la edad de primeras nupcias de las mujeres graduadas universitarias en EE.UU. En simultáneo creció la proporción de mujeres que ingresaban a programas profesionales de derecho, medicina y administración de empresas. Los autores demostraron que la introducción de la píldora anticonceptiva en 1960 y los cambios regulatorios que extendían en distintos estados la edad legal para acceder a esos tratamientos fueron determinantes para la postergación del matrimonio y el desarrollo profesional de esas mujeres. Los cambios fueron más rápidos y notorios de lo que varios habrían anticipado por aquel entonces: en poco más de una década el porcentaje de estudiantes mujeres en primer año de medicina pasó del 10% al 30%, en leyes del 4% al 36%, y en administración de empresas del 3% al 28%. Evidentemente, la condición de posibilidad para que la introducción de la píldora anticonceptiva tuviera un impacto semejante fue la presencia de una gran cantidad de mujeres capacitadas para ingresar en esas carreras. La adopción de la píldora se dio en forma rápida, como pueden darse los fenómenos culturales mediados por conductas y normas sociales bajo condiciones adecuadas para su difusión.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están ligados en forma directa al logro de otros derechos económicos, sociales y culturales transversales a todas las clases que tienen importantes implicancias para las generaciones futuras. A su vez, la posibilidad de ejercerlos y reclamarlos está socialmente condicionada. En la coyuntura actual, consolidar esos derechos desde una perspectiva integral de equidad económica y social puede ser clave para la construcción de una sociedad más próspera que el Estado y la política no deberían pasar por alto.
