Por Guido Lorenzo ACM
El ciclo político vuelve a dominar sobre las estrategias de mediano plazo. En Argentina, desde 1980, que no podemos ingresar a un sendero de crecimiento realmente sostenido más allá de lo breve que fue el período de convertibilidad, que logró acabar con la inflación pero no con otros desequilibrios macroeconómicos fundamentales, como el déficit de cuenta corriente y el fiscal. Otra vez, Argentina se encuentra encerrada en discusiones de corto plazo, por ejemplo, cómo financiar el déficit o cómo contener la inflación.
Cuando uno observa la onda larga, el gasto público consolidado en Argentina era del orden 25%-30%, dependiendo la época, entre los '80 y los '90. Desde el 2003 en adelante, el gasto público se movió siempre en dirección ascendente (excepto en 2004) en relación al PIB, promediando el 35% y actualmente alcanzando el 40%.
Este incremento notorio se da en países como Ecuador, Venezuela y Bolivia mientras que otros países como Brasil, Chile o Uruguay son más regulares en su comportamiento. La necesidad de tener un gasto público alto es la consecuencia de nunca poder hacer la reducción necesaria, y la respuesta a hacer la consolidación fiscal es que es inviable políticamente. Sin embargo, también parecían inviables algunas leyes que pasaron por el Congreso gracias a que la negociación con la oposición se dio de manera bastante fluida entre oficialismo y oposición, algo que quizás ya no es tan esperable para el próximo bienio.
No obstante, sin entrar en la discusión de si el gasto fiscal debe bajar o no, hay que advertir que el sector público es un neto demandante de bienes intensivos en mano de obra, servicios y otros bienes no transables. Por lo tanto, no es el déficit fiscal el que eleva el precio de los bienes no transables sobre los transables, es decir, el que provoca atraso cambiario constante sino que es el elevado gasto público. Esta advertencia es de suma importancia para discutir políticas de largo plazo entre oficialismo y la oposición que quiera gobernar el país el día de mañana porque si no tropezará con este problema de atraso crónico de manera constante.
Lo ideal es disminuir el gasto público, que ya llega a los niveles más elevados de la región y no es productivo en el mayor de los casos, sino asistencialista. Sin embargo, supongamos que eso es inviable.
El memorándum del FMI no explicita los programas para realizar la consolidación fiscal. En el corto plazo, un esquema de retenciones es la política de second best más adecuada para este contexto de elevada depreciación en lugar de hacer un tímido ajuste del gasto público donde el principal afectado parece ser el gasto de capital según las precisiones del Ministerio de Hacienda para los próximos años.
Entiende que elevar aún más la carga fiscal suena quizás hasta un retroceso. Sin embargo, el programa del FMI no pone metas sobre el gasto público, sino sólo sobre el déficit. Cumplir con la pauta del déficit fiscal es condición necesaria para que no caiga el acuerdo con ellos y no parece haber espacio y tiempo político para encarar un proceso de reducción del asistencialismo. De esta manera, la aplicación de retenciones transitorias a la exportación de trigo, maíz y cortar con la reducción de las retenciones de la soja producen un doble efecto: mejoran la recaudación fiscal, por un lado, beneficiando al Estado y, por otro lado, reduce el precio de los bienes primarios que el país consume.
No es una jugada exenta de riesgos políticos y, claramente, Cambiemos tiene un núcleo duro de votantes en el centro del país muy definido. Sin embargo, el discurso que cada uno haga un poco de sacrificio podría aplicar bien en este contexto. Al mismo tiempo, debe encarar la reforma de reducción del gasto fiscal consolidado, lo que quitará presión sobre el tipo de cambio que equilibre las cuentas externas. También, el diálogo con la oposición es inevitable para el oficialismo y para la oposición misma, también si el día de mañana quiere convertirse en Gobierno.
