Por Juan Manuel Antonietta
Los economistas coinciden en que los anuncios del viernes de Nicolás Dujovne y Andrés Ibarra son la antesala de lo que se viene. En la aceleración del gradualismo, el Gobierno ha decidido comenzar realizando recortes en la Administración Pública por un monto estimado de $20.400 millones y empezó a realizar algunas de las tareas que el FMI dejó escritas en el artículo IV de diciembre del 2017.
Con un déficit fiscal de $700.000 millones, un recorte del gasto de $20.400 millones representa menos del 1% del gasto y menos del 3% del déficit. Si bien el recorte luce a primera vista marginal, el objetivo del Gobierno parece ser el de comenzar a emitir señales de austeridad para que cuando, posteriormente, se toquen partidas más sensibles no pueda ser acusado el Estado de no hacer su parte.
Haciendo los deberes
En términos de gasto, la medida más significativa es el congelamiento de las contrataciones del Estado por dos años. El FMI, en su famoso informe del artículo IV, pedía expresamente esta medida y estimaba que “podía reducir la masa salarial en 1% del PIB en 2019”.
En cuanto a los empleados que hoy están contratados por medio de universidades, desde Hacienda expresaron a El Economista que no se quedarían sin trabajo (más de 7.000 contratos actualmente) sino que, dicen, se reconfigurarían algunos de esos contratos a dependencia del Estado y no contarán como “nuevos empleados” ?los que Dujovne dijo que no habrá más por 24 meses?.
Al respecto del anunciado quite de apoyo a las empresas públicas, Guido Lorenzo (ACM) explicó que puede demorar más tiempo del estipulado por Dujovne. “Durante estos últimos años se avanzó, pero entiendo que hay empresas públicas que todavía están lejos de esa meta y la corrección consiste en hacerlas más eficientes y competitivas, no solo por recortar gastos superfluos sino que debe darse un proceso de transformación que puede demorar más tiempo”, expresó.
Según Lorenzo, la reducción del gasto no es significativa. “Es un monto inferior a los US$ 1.000 millones al año y, si bien contribuye a reducir el déficit fiscal, esperábamos un esfuerzo mayor por parte del profundo análisis del Ministerio de Modernización”, dijo.
“La principal novedad de los anuncios del viernes es que afectan a un actor que, hasta el momento, no se venía tocando de manera significativa y generalizada hasta ahora y pueden ser un nuevo foco de conflicto: los empleados públicos nacionales”, opinó Matías Rajnerman (Ecolatina).
Martín Alfie (Radar) señaló, sobre las medidas, que “no son significativas en términos macro y del déficit, pero sí en términos de funcionamiento del Estado”. Lo que se observa es un gesto en un momento en el que se viene un ajuste más fuerte. “El Gobierno busca dar una señal de que la clase política está haciendo su esfuerzo también”, opinó Alfie.
¿Cómo queda el Estado? “Si las condiciones de trabajo son considerablemente mejores en el sector privado que en el Estado, y la mayor incertidumbre que provocan anuncios como el del viernes va en ese sentido, una porción de los empleados estatales intentará cambiar de aire”, explicó Rajnerman.
Así, la idea de incrementar la carga laboral (el no reemplazo de las bajas) y de acordar paritarias por debajo del nivel de inflación ?caída del salario real? podría desatar efectos similares. “Resta ver cómo se materializarán estos anuncios, a la par que este proceso de potencial caída en la calidad de la gestión pública sería lento, paulatino y de mediano plazo”, indicó el economista de Ecolatina.
Para Lorenzo, las medidas no afectan la calidad de la gestión, pero es simplemente un gesto que llega tarde. “Se le pidió paciencia y sacrificio al público y el ejemplo debería empezar por el propio Estado”, opinó desde ACM pero aclaró que “el gesto debería haberse realizado en diciembre 2015”.
Según Alfie, es preocupante que prime una visión fiscalista sobre una desarrollista. “Desde ya que la pata fiscal es relevante, pero es necesario que el Estado tenga recursos y buenos profesionales para intervenir con inteligencia en la economía”, opinó y agregó que “no debe primar la austeridad en la gestión de los empleados públicos, sobre todo teniendo en cuenta que el impacto fiscal es marginal”.
Rajnerman concluyó: “Se comienza a vislumbrar otra etapa en la corrección de los desequilibrios heredados: los recortes de cara al 2019 serán más profundos que los que se estimaban a comienzos de año (se espera una nueva meta fiscal para el año próximo de 1,5%)”.
