Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
Hace pocas horas, un solvente think-tank de la derecha republicana dejó sin argumentos las medidas de política comercial que anunciara, a tambor batiente, el Gobierno de Donald Trump. Simon Lester, uno de los habituales portavoces del Instituto Cato, rechazó de plano la moción de invocar problemas de Seguridad Nacional para justificar el ilegal, distorsivo e inflacionario aumento de los aranceles a la importación del acero y el aluminio que accede a los Estados Unidos. Con estos hechos se confirmó la lógica de los acontecimientos previsto en mi columna del pasado lunes (“La difícil tarea de educar a un 'mentiroso patológico'”) y el tema explotó en las manos de sus improvisados autores.
Aunque las naciones afectadas, entre ellas muchos de los principales socios y aliados políticos de Washington, ya habían descargado un sonoro alud de represalias y amenazas de acciones legales correctivas, fue la propia Secretaría de Defensa de Estados Unidos la que cuestionó, dentro del gabinete Trump, el raciocinio instalado en esa burrada mercantilista. Una burrada que ciertos países, la Argentina entre ellos, se apresuraron a tomar como verdad pragmática e inapelable.
La agencia de noticias Bloomberg destacó que los dos socios de Estados Unidos en el Nafta, también actuaron sin pestañar. El Gobierno de México publicó en la Gaceta Oficial (Boletín Oficial) una medida destinada a llevar a 25% el arancel de las importaciones estadounidenses de algunas variedades de queso, acero y whisky, y a 20% determinados productos porcinos, manzanas, peras y papas. Más al norte, el Gobierno de Ottawa armó un paquete de represalias simétricas de US$ 12.800 millones canadienses que, al tipo de cambio actual, equivale a casi US$ 9.000 millones estadounidenses, medida que entrará en vigencia el 1/7/2018. Fueron golpes secos, sin estridencia y calculada frialdad.
Como también era lógico esperar, otros gobiernos del Atlántico Norte y del Asia montaron un clima de guerra comercial contra la decisión de la Casa Blanca y se confirmó la expectativa de que la OMC verá una riada de planteos contra Washington, algunos de ellos ya presentes en su Organo de Solución de Diferencias (China, India, Canadá y la Unión Europea) y en el Grupo de los Siete (G7), a estas horas reunido en Quebec, el que empezó a funcionar en el modo G6 contra Washington, lo que es una pésima noticia si se piensa en el delicado equilibrio político, económico y militar que vive el planeta ante conflictos como el desarme nuclear de Irán, la Crisis en el Península de Corea y la torpe agudización del conflicto del Medio Oriente, sin olvidar el Brexit, Catalunia, Grecia y los inciertos cambios de gobierno registrados en Italia y España.
Pero la gente de Cato, acostumbrada a jugar fuerte, no se encogió de hombros y a decir “es lo que hay”. Acaba de proponer lisa y llanamente quitarle el exceso de autoridad a la Casa Blanca y devolverle al Congreso las riendas más sensibles de la política comercial En buen criollo, está creando ambiente para hacer control de daño y delirio a la confusa, anárquica e imprevisible gestión de la Oficina Oval. En mi columna ya había registrado el hecho de que los representantes legislativos de ambos partidos mayoritarios le habían dicho, al secretario de Comercio, Wilbur Ross, que compartían la preocupación de la Casa Blanca por la crisis internacional de sobreproducción industrial, pero no los métodos Trump y que la paciencia del Capitolio no habrá de durar para siempre.
Lester escribió, en el boletín Crónica Comercial de Cato (Cato Trade Chronicle) del 5/6/2018, que la Secretaría de Defensa no le encuentra racionalidad a la noción de calificar como problema de “seguridad nacional” a medidas que atentan contra los factores de la producción y el consumo. La nota se titula Tarifas Descontroladas con fundamento en la “Seguridad Nacional”: el Congreso Tiene que Manejar la Sección 232 (de la Ley de Comercio de 1962- cuyo título en inglés es “National Security”Tariffs Run Amok: Congress Needs to Rein in Section 232”).
Lester también sostuvo que la Ley sobre Expansión del Comercio de 1962 fue concebida para darle margen de maniobra al Poder Ejecutivo en situaciones y tiempos de graves conflictos como la Segunda Guerra Mundial, no para desempolvar el texto como careta de maniobras de proteccionismo comercial (interpretación didáctica de este columnista). Recordó que existe un proyecto del senador Mike Lee sobre Responsabilidad del Comercio Global, bajo el que, de aprobarse, sería necesaria una decisión conjunta de ambas cámaras del Congreso para adoptar este tipo de decisiones y enfoques, lo que sería un paso apropiado aunque todavía insuficiente en la buena dirección y en la búsqueda de seriedad.
Todo esto le dará una lección al Secretario de Defensa de Estados Unidos. ¿Quién se cree que es este señor general para opinar sobre Seguridad Nacional?
