En un intento por recuperar la iniciativa legislativa, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, defendió ayer en el plenario de comisiones de Diputados el proyecto del Ejecutivo que propone expropiar tierras y urbanizar 4.228 asentamientos de todo el país. Aprovechó para defender, a su vez, la política social del Gobierno de Cambiemos al sostener que “el Presupuesto de 2018 en inversión social es del 76% y eso no va a cambiar de cara al 2019”. Del debate participaron varios referentes de organizaciones sociales que, pese a algunas diferencias, acompañaron el espíritu de la iniciativa.
El proyecto lleva la firma de los diputados Mario Negri (jefe del interbloque Cambiemos), Nicolás Massot (jefe del bloque PRO) y Elisa Carrió (de la Coalición Cívica), se discute en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda, Legislación General y Presupuesto y Hacienda; tiene como objetivo beneficiar a 3,5 millones de personas que viven actualmente en villas de emergencia.
Los diputados de la oposición manifestaron, en general, respaldo al proyecto, pero expresaron dudas respecto a la financiación que, según Stanley, surgiría a partir de la creación de un fideicomiso que cubriría los gastos de las expropiaciones. Para la ministra, el proyecto lograría saldar una antigua deuda “con cada una de las personas y familias que vive en barrios populares, villas y asentamientos, por la falta de servicios”.
El diputado del FpV-PJ, José Luis Gioja, señaló que “esta ley está llena de buenas intenciones, pero hay muchos sectores de nuestro pueblo que no pueden ni siquiera pasar por la puerta de un banco para pedir un crédito, porque no son sujetos de crédito”. En ese sentido, exigió que se declare la emergencia en materia habitacional.
