Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
A pesar del batifondo originado por las múltiples crisis de balanza de pagos que surgieron por políticas consagradas a anclar la inflación con un dólar artificialmente barato, aún perdura la leyenda de que cualquier desastre originado por nuestra clase política se arregla con un par de buenas cosechas. Al mismo tiempo, un sector del monetarismo criollo todavía imagina que desabastecer al mercado internacional por un tiempo, perder la condición de proveedor confiable y apagar la cultura exportadora en aras de la estabilidad, es sólo un sacrificio por la causa mayor, cualquiera sea ella.
Ese círculo supone que el mundo espera con unción la llegada de los saldos exportables de la producción agropecuaria y agroindustrial del país. Sus miembros desconocen que el moderno proteccionismo regulatorio nació para cerrar o restringir el acceso a los mercados, y no para abrir las puertas de par en par a la competencia extranjera. Los gestores de ese neoproteccionismo hablan explícitamente de autosuficiencia y soberanía alimentaria, y no de la liberalización global del comercio agrícola. Y entre los adherentes se hallan nuestros amigos de la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Japón, China, Corea, Suiza y la India, más casi toda la membresía de la OCDE, el “Club de las Buenas Prácticas”.
La nueva camada nacional de especialistas y referentes políticos tampoco sabe que el Parlamento Europeo acaba de rechazar de plano, por enésima vez, la propuesta de bajar los subsidios comunitarios a la agricultura y los destinados a financiar los programas de cohesión social que se rediscuten en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) para el período 2021/27. A medida que se acercan las elecciones legislativas de 2019, las chicas y los muchachos de Estrasburgo que desean asegurar su banca tienden a aumentar el voltaje populista de sus enfoques, un objetivo que no se logra complaciendo derechos y ambiciones de gobiernos extranjeros. Todos ellos saben que las encuestas revelan el ocaso de los partidos tradicionales en casi toda Europa, algo que obliga a preguntarnos cuántos pichones de Donald Trump, Beppe Grillo y Marine Le Pen andan sueltos por el planeta. En esa realidad, las ideas y posturas del Gobierno de Mauricio Macri parecen antiguas pero divertidas.
En ese contexto, cuando el actual gabinete económico y el presidente del BCRA concentran sus energías en el objetivo de vigilar los efectos monetarios de las divisas que llegan al país, sin inmutarse por la vertical y visible pérdida de competitividad nacional, por la falta de estímulos a las inversiones directas o de medidas para controlar quirúrgicamente el déficit del presupuesto, la realidad suena a divagación.
Por ello no resulta extraño que los especialistas oficiales no perciban la diferencia cualitativa que hay entre los ingresos de fondos no condicionados ni retornables que entran por exportación, de los obtenidos con la frívola emisión de deuda pública o de la eterna peregrinación de capitales volátiles de corto plazo. Chile percibió estos factores muy temprano, ya que al ver los disparates que hacía un banquero central más monetarista que el padre del monetarismo (el Premio Nobel Milton Friedman), las autoridades del vecino país clavaron los frenos e hicieron un salto a la sensatez. Tuvieron la suficiente visión y agallas para enderezar el camino y crear el milagro económico. El líder de este enfoque, el ingeniero Hernán Büchi, arrancó su ciclo bajo la premisa de que “apertura económica sin promoción de exportaciones era una apuesta sin futuro”. A despecho de tan exitoso precedente, en el Buenos Aires de hoy prevalece la idea de oxigenar artificialmente el consumo y la creación de bienes y servicios no transables, actividades que no generan las divisas necesarias para repagar las gigantescas obligaciones que se están generando.
El limitado grupo de gente que sigue las fechorías de Bruselas sabe que las cosas empezaron a cambiar en el 2011. Fue el momento en el que Europa decidía recortar sus planes de agrocombustibles de primera generación (biodiésel, etanol de maíz y similares), para luego seguir con la noción de dejar que los Estados Miembros prohíban la producción de éstos con Organismos Genéticamente Modificados (OGM's) en base a consideraciones no sanitarias. Y continuando, sin pausa alguna, con el patrocinio legislativo a nuevas y complicadas reglas sobre la importación de Productos Orgánicos. Trascartón, en los últimos meses se hizo pública, cosa que anticipé repetida y detalladamente en medios periodísticos y no periodísticos (ver el Informe Económico Mensual de la USAL de mayo de 2018), que el Europarlamento estaba preparando un plan integral destinado a incluir, en la futura PAC (2021/27), el objetivo de sustituir por producción local la importación de soja y otras sustancias proteicas que llegan a Europa desde Estados Unidos, Brasil y la Argentina, un testimonio de desarrollismo antieconómico, ilegal y carente de racionalidad. “Y la nave va” diría el gran Federico Fellini.
Mientras tanto, el 24/5/2018 se actualizó la moción del Parlamento Europeo (PE621.608v01-00; B8-0233/2018) destinada a adoptar una resolución legislativa que impugna nuevamente, con llamativa dureza, la propuesta de la Comisión de la Unión Europea (UE) acerca de la introducción a su territorio aduanero de productos que contengan, consistan de o producidos con maíz genéticamente modificado 1507 x 59122 x MON 810 x NK 603 (de Monsanto) y maíz genéticamente modificado que surja de la combinación de dos o tres eventos individuales. Se trata de un producto autorizado en principio por la Comisión, que cuenta con el visto bueno de la EFSA. Resulta infantil, al mirar el conjunto del escenario, vaticinar que Bruselas y Estrasburgo no van a meter mano en los productos OGM's o producidos con OGM's que siguen entrando sin restricciones (entre ellos los que exporta la Argentina), como lo demuestran los considerandos y las demandas de la citada moción.
El antedicho texto parlamentario recuerda con medias palabras los supuestos efectos y riesgos del glifosato y el glufosinato (glufosinate), esmerila los tres estudios y conclusiones de la Agencia Europea de Seguridad de los Alimentos (EFSA en inglés) sobre el particular y carga las tintas sobre una conclusión de 2015 de la Organización Mundial de la Salud que indica que el glifosato “podría ser carcinógeno”. Los estudios de la EFSA son posteriores al mencionado dictamen y, al menos uno de ellos, se hizo con la intervención de científicos especializados de la propia Agencia y otros designados por los gobiernos de cada uno de los 28 Estados Miembros, encontrándose que esas sustancias, usadas conforme a las instrucciones del producto, no suponían riesgo para la salud. La moción parlamentaria insiste en tesis referidas a la rápida pérdida de efectividad de los herbicidas en uso y sus efectos ambientales (incluido el menoscabo de la polinización de las abejas), en la necesidad de incrementar las dosis para garantizar la efectividad de los tratamientos y en los compromisos de la UE adquiridos en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica, respecto de evitar que las decisiones en esta materia afecten a terceros mercados.
Sin embargo, la moción no depende de la veracidad de sus fundamentos para ser aprobada. Se trata de darle a la gente y los lobistas de la religión verde aquello que desean ver y oír.
Sobre la decisión, el proyecto de moción legislativa sostiene que Bruselas excedió su mandato legal y por lo tanto debe retirar el proyecto de aplicación en debate. Asimismo, propone que la Comisión suspenda absolutamente todas las decisiones de esta naturaleza hasta que los procedimientos sean revisados, bajo la presunción de que los mismos son inadecuados. Solicita que también suspenda la importación de todas las plantas genéticamente modificadas con tolerancia al glifosato. Además, que la Comisión no autorice la importación de plantas para alimentación y forraje que hayan sido preparadas para tolerar el herbicida glufosinato, no autorizado por la UE, cuya vigencia legal expira el 31/7/2018.
Por último, demanda que la comisión tampoco autorice la importación de plantas genéticamente modificadas que sean tolerantes a herbicidas, sin una evaluación completa de los residuos que subsisten tras su aplicación.
¿Cuánto valdrá la soja el año que viene?
