Intentando entender un país imposible

El anuncio de acudir al FMI constituye una forma de (intentar) salvaguardar la estrategia gradualista

 

Por Sebastián Ezequiel Senlle Economista

 

Argentina atraviesa hace algunas semanas aguas turbulentas, intentando a los tumbos y sobre la marcha enderezar un barco peligrosamente torcido en medio de una tormenta global que lo golpea con mucha más fuerza que al resto de los países emergentes.

 

En este contexto, es valioso analizar de dónde partimos, sobre qué pilares se asentó la propuesta económica diseñada por el actual Gobierno y, sobre todo, analizar si se podía haber hecho algo distinto que hubiera impedido esta situación de extrema tensión económica.

 

La gestión de Mauricio Macri asumió, en diciembre de 2015, en un país que presentaba complicaciones alarmantes. Argentina exhibía una combinación de presión tributaria récord junto con un cuantioso déficit fiscal, cual si fuera una persona que en el momento que más dinero recibe de toda su vida, no llega sin embargo a cubrir su nivel de gastos.

 

La monetización del déficit fiscal (es decir, su financiamiento a través de emisión monetaria) se traducía en una inflación en torno al 25% anual, contenida con fórceps que la reprimían a corto plazo, pero comportaban una trayectoria explosiva a mediano término: esencialmente el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y precios regulados y la aplicación de un régimen de control de cambios (el cepo) que impedía la suba del dólar a costa de restringir al mínimo la demanda. En ambos casos, se trataba de “patear la pelota para adelante”: atrasar los precios que el Gobierno podía controlar, difiriendo su actualización para el siguiente período de Gobierno.

 

Pero lo que era más grave, Argentina presentaba una incomprensión muy extendida en la sociedad de la gravedad del cuadro fiscal. Primaba una irritación con el kirchnerismo por los episodios de corrupción, por los modales de la ex Presidente, por la persistente inseguridad, pero no se percibía una crisis económica ni se cuestionaban los pilares sustanciales del modelo: subsidios extendidos, sobreempleo público y un estímulo permanente al consumo popular (es decir, a la demanda agregada) por sobre sus límites naturales, a expensas del ahorro-inversión. La sociedad reclamaba “un cambio” cosmético, de estilo, pero no era consciente del ajuste del gasto público necesario que sanear las cuentas demandaba.

 

Frente a este contexto, la estrategia adoptada por la administración de Macri fue la de apostar a reducir el déficit de forma muy gradual, y apelar en el mientras tanto al financiamiento externo como forma de solventar la transición hacia el equilibrio fiscal. Eso requería levantar inmediatamente la situación de default (es decir, llegar a un arreglo con los “fondos buitre” que habían vencido al país en las cortes neoyorquinas) y dar una serie de gestos de confiabilidad a los mercados financieros, levantando el cepo y liberalizando los flujos de capital. Se debía enviar una señal de que Argentina, que carga a cuestas una pesada trayectoria de incumplimientos con sus acreedores, estaba de vuelta en escena y “esta vez sí” sería un país confiable al cual prestarle. El monto de financiamiento necesario inicialmente para cubrir los baches era suculento: unos US$ 30.000 millones al año.

 

El Gobierno probablemente pecó de un cuestionable exceso de optimismo: imaginó que podía transitar el sendero en forma tranquila, con crecimiento y mínimo dolor social. Esto se debió, esencialmente, a tres supuestos que componían el diagnóstico inicial pero que se fueron demostrando errados:

 

  • Se supuso que la llegada del macrismo, por la sola confianza que la figura del Presidente despierta en los mercados, vendría acompañada de una “lluvia de inversiones” productivas: probablemente, este fue el punto más ingenuo del diagnóstico. Pese a que Macri es visto como una figura market-friendly, era cuanto menos muy improbable suponer que, en un mundo competitivo, las inversiones fluirían masivamente hacia un país con un costo laboral y una presión fiscal sensiblemente más elevada que la de sus vecinos y la del grueso de los emergentes.
  • Se supuso que los mercados financieros darían a Argentina un voto de confianza irrestricto, otorgándole plazos extendidos para financiar una reducción muy gradual del déficit público a tasas de interés muy bajas. Este supuesto podía parecer razonable en un mundo donde se descontaba una victoria de Hillary Clinton, que continuara avalando la política monetaria blanda de la Reserva Federal que se venía implementando en EE.UU. desde la crisis internacional del 2008. Con tasas de interés bajísimas en los países desarrollados (EE.UU., Japón, la Unión Europea), prestarle a los países emergentes a tasas más altas resulta un negocio interesante para los grandes inversores. Sin embargo, la victoria de Donald Trump desconfiguró el escenario esperado: el nuevo Gobierno decidió aplicar una suba escalonada de las tasas de interés norteamericanas (para solventar recortes masivos de impuestos), provocando un retorno al Norte de capitales que ahora encuentran atractivo financiar al Tesoro estadounidense. En este nuevo contexto, los plazos para resolver el déficit argentino se acortan, los montos que los inversores están dispuestos a prestar bajan, las tasas que hay que pagar se elevan y el riesgo de un “sudden stop” (es decir, un freno brusco a las posibilidades de financiamiento externo) se acrecienta dramáticamente, máxime en un país tan necesitado de financiamiento (por ende, tan vulnerable) y con un historial peligroso como lo es la Argentina.
  • Se supuso que sería posible lograr un acompañamiento político mayor al programa de reducción del déficit. La realidad lo desmintió: hasta los propios socios del Gobierno en Cambiemos (UCR y Coalición Cívica) se mostraron reacios a acompañar cualquier iniciativa de ajuste del gasto público. Del lado de la oposición peronista, la exigencia continua fue la de al mismo tiempo bajar la inflación, evitar el endeudamiento pero no hacer ningún ajuste. Algo así como pedirle a un obeso que pare de subir de peso, pero que no deje de comer ni cambie su rutina sedentaria. Desde la otra esquina, economistas liberales (con Javier Milei y José L. Espert a la cabeza), lejos de acompañar, se paseaban por los canales de TV a los gritos exigiendo al Gobierno un ajuste mucho más drástico y acusándolo de hacer “kirchnerismo con buenos modales” en vez de encarar reformas estructurales. Macri era, paradójicamente, “un socialista amarillo” o un “ajustador serial”, según con qué óptica se lo mirara.

 

Frente a este escenario más complicado que el previsto, cabe sin duda resaltar errores del Gobierno, no sólo de diagnóstico, sino también de mala praxis: la falta de una conducción centralizada en la economía, la innecesaria extensión de la estructura estatal hasta el insólito récord de tener ¡23 ministerios!, la incursión en gastos no previstos inicialmente (como la costosa reparación histórica), el comportamiento a veces errático del BCRA en materia de tasa de interés, las proyecciones demasiado optimistas (por no decir, incumplibles) en materia de metas de inflación, la dudosa capacidad oratoria del Presidente y su equipo para explicar las medidas económicas en vez de recaer en un discurso “naif” y casi ingenuo que caracteriza la comunicación del PRO…

 

Sin embargo, la pregunta fundamental es: al margen de estos errores prácticos, en lo fundamental, ¿se podía haber elegido un camino distinto?

 

Mi opinión es que no. El mercado de capitales local es extremadamente chico como para imaginar que el descalabro de las cuentas públicas pudiera ser financiado domésticamente. La presión fiscal exhibía niveles récord, como para apelar a aumentar impuestos. Continuar apostando a la emisión hubiera desembocado probablemente en una espiral inflacionaria catastrófica, toda vez que las reservas disponibles del BCRA a diciembre de 2015 para seguir conteniendo el tipo de cambio y financiando la importación de artículos esenciales eran exiguas y los congelamientos a las tarifas de energía nos habían vuelto absolutamente dependientes de la importación de energía. Realizar un ajuste brusco, que borrase de un plumazo el déficit público, era decididamente inviable en un país con vastos sectores bajo la línea de pobreza, una sociedad civil (sindicatos, organizaciones políticas, barriales, de DD.HH., asociaciones de magistrados, etcétera) muy organizada y reticente a cualquier ajuste y un Presidente que asumía (y sigue estando) en minoría parlamentaria y con el temible historial de que ningún mandatario no peronista llega a completar su mandato hace casi un siglo.

 

Apostar al financiamiento externo era virtualmente la única salida posible a la encerrona en la que asumió el Gobierno de Cambiemos si quería aunque sea atinar a atravesar el desierto sin morir en el intento.

 

Frente a este panorama, era esperable que el camino a recorrer estuviera minado y que los peligros a los que la Argentina se exponía fueran altos. Ya hace un año, la calificadora de riesgo S&P identificó al país entre los tres más vulnerables a una eventual turbulencia financiera. Los eventos de la última semana son conocidos y parecen haber precipitado todos los riesgos del modelo juntos: la suba de la tasa de interés en EE.UU., combinada con varios factores locales que minaron la confianza de los inversores extranjeros en que el Gobierno pudiera cumplir con sus metas fiscales (ruido político por la embestida opositora para revertir la reducción de subsidios a la energía, la furibunda y violenta reacción social de diciembre contra el intento de modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones, la entrada en vigor de un impuesto demagógico a los prestamistas externos que propuso el massismo bajo el slogan de “gravar la renta financiera”), generaron una abrupta salida de fondos de inversión de sus posiciones en pesos, su pase a dólares y la consecuente suba del tipo de cambio que pareció desbandarse y asustar a un país paranoico ante las tensiones cambiarias y bancarias y con el recuerdo del descalabro de 2001 aún fresco.

 

El Gobierno mostró una conducta errática en principio pero intentó luego dar señales seductoras a los mercados para contener la situación, que incluyeron la venta de reservas para aplacar el aumento del dólar, la suba de las tasas de interés y el anuncio de un ajuste adicional de 30.000 millones de pesos en obras públicas proyectadas pero aún no iniciadas, como muestra de compromiso con la reducción del déficit. Las medidas resultaron insuficientes para calmar el tembladeral y el dólar volvió el martes a dispararse. La historia aún está en curso, en un mayo caliente.

 

El mensaje del mercado al Gobierno fue que “el gradualismo no va más” y que se hacía necesario un ajuste drástico para continuar accediendo a financiamiento externo. Pero el mensaje de la oposición política y de buena parte de la sociedad va en sentido contrario: no se aceptan ajustes más rápidos del gasto público y se cuestiona cualquier iniciativa en este sentido ¿Cómo encarar esta contradicción en apariencia insalvable?

 

Frente a esta nueva encerrona, el Gobierno usó una carta osada, que le será cuestionada sin dudas por el rechazo ideológico que el FMI genera en  buena parte de la población, que lo considera cuanto menos partícipe necesario de la crisis del 2001. El Gobierno se apresta a garantizarse unos 30.000 millones de dólares de financiamiento precautorio, a tasas más bajas que la que le ofrecen hoy por hoy los prestamistas privados. La función del FMI es precisamente esa: es un organismo compuesto por 189 países, que actúa como prestamista de última instancia ante situaciones de urgencia de alguno de sus miembros. El planteo del Gobierno es que, si existe una vía de financiamiento más barata y menos riesgosa que recurrir a inversores tradicionales, y que a la vez permite mostrar fortaleza en un momento crítico, ¿por qué debería no tomarla?

 

Así las cosas, el anuncio del Gobierno constituye una forma de (intentar) salvaguardar la estrategia gradualista ante un mundo financiero que (al menos circunstancialmente) decidió virar la espalda hacia Argentina, exigiéndole apurar al máximo los plazos del ajuste, y una oposición que no convalida las iniciativas en materia de disciplina fiscal.

 

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