Por Alejandro Radonjic
El Gobierno está batallando contra la inflación y la quiere eliminar. A pesar de los yerros, no caben dudas de eso. A diferencia del kirchnerismo, claro, que se sentía cómodo con “algo de inflación” (sic), como decía Néstor Kirchner. Es una pelea necesaria: Argentina padece un problema que el mundo ya dejó atrás y que ahuyenta las tan necesarias inversiones, entre otras cosas. Pero Cambiemos no lo está logrando. Los números (ya) no mienten: más allá del debate sobre la “calidad” de la inflación, el IPC navega a 25% anualizado. Es una batalla costosa, sin dudas. La sociedad está muy disconforme y la tenacidad inflacionaria es una sangría para la aún alta popularidad del Gobierno. Y máxime si convive con un ancla salarial. Y está abierta porque, más allá de la pausa venidera en los ajustes tarifarios y la calma del “billete”, no hay indicios claros de que se avecina una desinflación seria. Y, menos aún, sostenible porque en algún momento el dólar deberá volver a subir y el ajuste tarifario no está completo. El 2018 apunta a una inflación de 20-21% pero, aun si se cumple, está muy cerca de 24,8% del 2017. E incluso hay enigmas sobre el pivotal (y electoral) 2019. Las proyecciones indican una inflación de 15%, pero no sería la primera vez que fallen. El Gobierno cree que no hay opciones y sostiene que, si no se ajustan tarifas, no cae el déficit fiscal (ni el empecinado endeudamiento). Por eso, como boxeador acorralado, trata de salir de ese rincón peligroso y recorrer otras áreas del cuadrilátero. La estrategia no viene mal (por un tiempo), pero la economía siempre manda.
