El radicalismo decidió ayer pasar de las palabras a los hechos y propuso cambios concretos a la política tarifaria (y gasífera, en particular) que viene aplicando el Gobierno. ¿El motivo? “Comienzan a haber fuertes señales de que la presión generada por el retiro de los subsidios está afectando tanto al aparato productivo como a la capacidad de consumo de otros bienes esenciales por parte de los consumidores finales”, explicó el documento difundido ayer por la tarde y que, lógicamente, no cayó nada bien en la Casa Rosada.
El documento plante tres propuestas.
Aplicar un mecanismo que prorratee el mayor consumo de los bimestres 3º, 4º y 5º del 2018 en el consumo del 6º, 1º y 2º bimestres subsiguientes pudiendo ser de aplicación anual o estacional. Por ejemplo, un usuario de la categoría R23 que, con el actual mecanismo de facturación recibirá una factura bimestral ?invernal? de $ 2.993, con tarifa plana se reduce a $1.442.
Posponer el 50% de la última cuota de la Revisación Tarifaria Integral (RTI) pasando el mismo para que efectivamente se aplique en octubre del 2019.
Posponer las modificaciones en la estructura de la Tarifa Social por un bimestre, y aplicar en el 4º y 5º bimestre dicha modificación, pero en forma progresiva, junto con una fuerte campaña de conciencia sobre hábitos de consumo y eficiencia energética.
Asimismo, propone “analizar la carga impositiva sobre la prestación de los servicios públicos llevando el IVA a los mismos niveles que tienen los alimentos (10,5%)”. Además, como en general los consumos comerciales no presentan características tan marcadas de estacionalidad que permitan el prorrateo del gasto, sugiere “analizar la posibilidad de que los saldos del IVA producto de los servicios públicos tenga un mecanismo de reintegro” y, a su vez, “reanalizar la escala de precios del MBTU (PIST) y del MWH (estacional) aguardando para definir nuevos movimientos la evolución económica del consumo y de la recaudación impositiva” y, en base a eso, “definir un valor intermedio entre el costo actual y el costo de largo plazo y estabilizar los valores para los próximos 6 años creando un fondo compensador de forma tal de financiar los costos extraordinarios de la crisis del sistema”.
Las reacciones
“Me parece que es una propuesta bien política y con poco rigor técnico”, dijo, ante El Economista, un funcionario, aunque también reconoció algunos errores en el diagnóstico por parte del oficialismo y, sobre todo, en relación a la forma en que se instrumentan las decisiones de política económica. “Se segmentaron las decisiones por esferas sin coordinación explícita más que el monitoreo de Jefatura de Gabinete”, explicó. Además, reconoció que “los costos de suavizar la velocidad de salida tendría costos muy altos para el oficialismo”.
“La tarifa plana que propone la UCR me parece razonable para encontrar un punto en común entre las necesidades de las empresas y moderara los egresos de las familias en los meses de alta consumo”, opinó Carlos Leyba. “Es muy criterioso”, dijo y juzgó como inconsistente que el ministro del área no sepa cuánto cuesta el gas. “Necesitamos una auditoría”, dijo.
Asimsimo, el ex subsecretario de Energía Emilio Apud explicó a El Economista que “la medida tendrá su costo porque además implica postergar a 2019 el 50% de la reducción tarifaria integral que ya se estaba ejecutando”. Apud recordó, justamente, “que el Gobierno debió introducir una RTI luego de que la Justicia frenara los primeros aumentos de tarifas en 2016 y nos costó US$ 16.000 millones”. Y en su visión, “ya se estaba justo cerca de salir de los aumentos de esa revisión”. Apud admite que es cierto el argumento de que la inflación ha sido mayor a la esperada y el crecimiento menor, pero indicó que “si se deja de lado, no habrá ningún avance en el gasto público”. Concluyó: “Hay que convencer a los políticos y a la oposición de que es clave para bajar el gasto público”.
