Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
La suba de las tarifas de los servicios público no tendrá marcha atrás. Algún mecanismo de pago en cuotas emergió como salida de compromiso de las reuniones del Gobierno con la cúpula de la UCR y la Coalición Cívica. No había margen para mucho más. Y tampoco los habrá cuando se decida el ajuste de la llamada tarifa social para mediados de año.
¿Fue un shock sorpresivo? No. Desde 2016 ha quedado claro que hay dos rondas de ajustes por año para electricidad, gas y agua potable. También que la carga de esos ajustes va a ser mayor para los usuarios residenciales del Gran Buenos Aires, beneficiados por el kirchnerismo con un congelamiento de tarifas que fue levantado gradualmente en el resto del país. Si durante gran parte de 2016 no se modificaron las tarifas fue para evitar reacciones políticas como las de la semana pasada, que hubieran perjudicado electoralmente al oficialismo en las PASO de agosto y en la elección de octubre de 2017.
¿Por qué tanto alboroto en estos días con las primeras boletas posajuste de 2018? Porque parece haberse repetido el “desliz” de 2016, con aumentos para algunos usuarios que no parecen guardar relación ni con los porcentajes anunciados o esperados ni con la capacidad de pago. Por otro lado, el componente impositivo sigue teniendo un peso no inferior a 21%, dado por el IVA más impuestos provinciales y tasas municipales, y prácticamente en ninguna jurisdicción parece haber evidencia de una reducción de esa carga tributaria. Algo que va a ser difícil de modificar. En varias jurisdicciones, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, el gravamen específico sobre el consumo de energía eléctrica es uno de los principales ingresos tributarios.
¿Cómo sigue?
El segundo semestre no asoma muy diferente. La legislación prevé actualizaciones de la mano de subas en los costos salariales y no salariales. Los precios de gas, y en particular del petróleo, se mantendrán volátiles. Si bien el presidente Donald Trump sigue quejándose de precios artificialmente altos, con un WTI cercano a US$ 75 el barril, el Gobierno de Arabia Saudita sostiene que desea ver al precio del barril en no menos de US$ 80. Frente a las tensiones en Siria, nada garantiza una fuerte reversión a la baja en el precio del crudo ni del gas. Sumado al impacto de los impuestos y de la suba de costos salariales, tanto la producción como el transporte mayorista y la distribución minorista sufrirán subas en el segundo semestre. Una inflación, por tanto, de al menos 1,5% mensual es inevitable, sepultando así a las metas de inflación del BCRA.
¿Serán las últimas subas de tarifas? Por supuesto que no. Los ajustes por encima de la inflación deberán reanudarse a fines de 2019 asumiendo como hipótesis más probable la reelección de Mauricio Macri en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, no es claro que sea la última. Tampoco, en definitiva, es clara la política a posteriori: si en algún momento se detendrán los incrementos tarifarios, ¿serán para el cese de los subsidios de las empresas? ¿O se reanudaría alguna nueva mecánica de subsidio a la demanda de segmentos de bajo ingreso disponible y/o a la oferta? La suba de tarifas y precios seguirá esta danza, y será el foco de atención de políticos opositores que han hallado una excusa fácil para recobrar espacio en los medios, pero es el síntoma de un problema más profundo: la falta de compromiso con un programa de ajuste y crecimiento, que al menos hasta fin de 2019 seguirá brillando por su inexistencia.
El argumento “fiscalista” sigue siendo, por cierto, débil. Los subsidios a la energía en el primer trimestre de 2018 han caído en un año por un total de $7.145 millones (-48,5% interanual), pero para transporte aumentaron por $770 millones (+3,9% interanual). En cuanto a la participación sobre el gasto primario, los subsidios económicos descendieron del 7,1% al 4,7%, pero ese esfuerzo se vio superado por un aumento interanual de 30,5% en prestaciones sociales ($84.877 millones) y en gastos de la Administración Central: $ 13.964 millones en gastos en personal y $ 7.918 en otros gastos de funcionamiento.
Sin esfuerzo real en bajar otros gastos, continuarán hacia arriba las expectativas de aumento del endeudamiento, la base monetaria y los precios y, con ese trasfondo, habrá subas de tarifas en el segundo semestre. La inflación estará superando el 15% hacia fines del tercer trimestre, y el aumento del endeudamiento público interno, empujará hacia arriba también las expectativas de suba de tasas de interés y del tipo de cambio. Algo no trivial cuando la base monetaria crece a la velocidad mencionada, y el stock de Lebac en pesos supera en casi 20% a la base monetaria mientras que, en dólares, está prácticamente igualando al stock de reservas internacionales.
No son pocos los gurúes políticos que recomiendan seguir sin cambios hasta fin de año, y quizá sostener el expansionismo fiscal y monetario sin mover tarifas, y volver a tratar de “pisar” salarios. Tal vez sea efectivo para el triunfo electoral de Cambiemos en 2019, pero bajo la superficie, conduce a la acumulación de desbalances macroeconómicos fundamentales que poco se diferencian a los generados durante el kirchnerismo: se trata de la no reversión de los déficits gemelos (fiscal y de cuenta corriente).
¿Se estaría pensando en algún futuro “blindaje” para evitar algún frenazo en el financiamiento externo? ¿Algo de eso sugieren los recientes acercamientos a la conducción del FMI? Es prematuro hacer conjeturas pero, si algo es claro, es que el sendero actual amerita algún tipo de señal respecto de hacia dónde converge esta dinámica. Caso contrario, la variabilidad de precios e ingresos relativos, y la no reversión de los déficits externo y fiscal dificultarán los intentos de anclar expectativas con el control de una tasa a 7 días, los salarios y el tipo de cambio, manteniendo la carga del ajuste sobre el sector privado. Tarde o temprano llegará, sí o sí, la hora de cambiar.
