Por Ricardo Porto (*)
El presidente Mauricio Macri ha enviado al Congreso el proyecto de ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El título es largo pero la ley es corta. Sólo trece artículos. No obstante ello, de aprobarse la breve norma, el impacto sobre el universo audiovisual será enorme.
Lo primero que debe decirse es que resulta saludable que el Gobierno haya decidido regular las comunicaciones por ley y no por decreto, como se hizo hasta ahora. De todos modos, no debería abandonarse la intención oficial de sancionar una legislación integral para esta disciplina. Las regulaciones parciales, al insertarse en un escenario jurídico heterogéneo y controvertido, como lo es el actual, suelen agudizar la falta de coherencia de la legislación.
En este contexto, el propósito del Presidente es equilibrar el campo de juego del sector, que había quedado desnivelado a favor del Grupo Clarín, luego del dictado del DNU 267/15 y la aprobación ?aún parcial? de la fusión con Telecom. La propuesta legislativa responde a ciertas demandas, más o menos explícitas, de Telefónica y Claro. En verdad, lo que hubiesen deseado estos grupos era la satisfacción de sus intereses por la rápida vía del DNU y no introducirse en los imprevisibles laberintos legislativos.
En línea con los postulados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el objetivo central del proyecto es fomentar la competencia en esta compleja disciplina; para lo cual se establecen un conjunto de herramientas. En primer lugar se dispone la obligación de los prestadores de compartir sus infraestructuras, tales como postes, torres o antenas, con la finalidad de fomentar el despliegue de diversas redes y plataformas. Con ello, según el Gobierno, se generará una mayor conectividad, en beneficio de los usuarios En segundo lugar, y lo que constituye el corazón del proyecto, se permite a las empresas telefónicas brindar TV satelital. La idea del proyecto es alentar la competencia en el ámbito de la TV de pago. Para ello, y cambiando drásticamente su postura inicial, el Gobierno considera ahora que los canales de cable y los operadores satelitales son actores de un mismo mercado. No está de más recordar que la administración macrista había permitido a las telefónicas dar TV por cable. Pero las grandes inversiones que requerían la adaptación de las redes de telefonía a los servicios audiovisuales llevaron a estas empresas a requerir la autorización de la vía satelital.
La intención oficial es generar competencia entre los grandes operadores del sector ?Grupo Clarín Telecom, Telefónica y Claro?. No obstante, cabe preguntarse si la concentración del mercado no llevará a los hipotéticos contendientes a acuerdos de cartelización más que a una contienda comercial. Lo que sucede con la “competencia” en la telefonía celular aconseja ser cautelosos.
Finalmente, y otro tema importante que encierra el proyecto, es la situación de los pequeños operadores y cooperativas que brindan servicio de TV de pago en los centenares de pueblos del interior, que deberán enfrentarse a los grandes multimedios. Si bien la iniciativa contempla ciertas medidas de protección, ya se han escuchado voces que indican que es necesario robustecer esas disposiciones. En este sentido, cabe suponer que los legisladores escucharán atentamente la demanda de los medios de sus provincias. Hacerlo no solo contribuirá a defender empresas locales y fuentes de trabajo, sino también a preservar la diversidad y el pluralismo.
(*) http://www.ricardoportomedios.com.ar
