Por Carlos Leyba
Los panaderos manifestaron “a la japonesa” (regalando el pan) su queja por el aumento de costos, la competencia desleal y la restricción presupuestaria de los consumidores, que le impide al gremio los precios en el nivel rentable.
La cola de demandantes de pan gratis reveló una gran cantidad de gente dispuesta a entregar tiempo a cambio de un kilo de pan.
Debemos suponer que la cola estaba integrada por personas cuya remuneración, por el tiempo de trabajo empleado en la cola, era menor al precio de un kilo de pan de la competencia desleal. La cola como muestra no dice mucho. Pero, en una situación económica y socialmente holgada, la cola ( y el número de pobres) habría sido menor.
Lo que sí nos dice acerca del “estado de la cosa pública” es el interrogatorio al que, los periodistas radiales, sometieron a los empresarios de la panificación. Exigían claridad en la imputación de costos.
El pan es importante y tiene muchísimos oferentes locales. Podemos imaginar competencia externa. En Nueva York se ofrecía la baguette “Made in France”. Más allá de las regulaciones existentes, dado que se trata de un alimento esencial, al menos desde el punto de vista de los hábitos, el del pan es un mercado hecho y derecho.
A las autoridades su precio les preocupa por el peso en la canasta familiar y por su impacto en el índice de precios. Y está muy bien que los periodistas exijan razones e información a los panaderos.
Otro producto estrella, mucho más importante, es el gas. Sin él no podría elaborarse todo el pan para las ciudades y la vida urbana sería extremadamente compleja. El gas, el aumento de la tarifa del gas, ha sido el producto estrella del debate público. Pero ni el periodismo ni la política se han preocupado por interrogar por el costo de producirlo.
El costo hay que pagarlo. Para pagarlo hay que conocerlo. Ignorando el costo podemos hacer posible transferencia de ingresos injustificables.
Todos los panaderos juntos no facturan lo que una pequeña empresa proveedora de gas. ¿No preguntaremos nunca por el costo?
Hay varias cuestiones en las que hay unanimidad. Primero, que hay que consumir con moderación. Incorporar como conducta el ahorro en el gas, en la electricidad, en el agua.
Durante el Segundo Plan Quinquenal, el Gobierno del general Perón tenía como consigna reducir a lo necesario el consumo de esos bienes. En las escuela se motivaba a cerrar las canillas que goteaban y apagar las luces de los ambientes deshabitados.
Todo sería más civilizado conociendo el costo auditado de manera irrefutable. ¿Por qué no?
Además hay una razón de cuidado del planeta ?lo que predica Francisco? en ese ahorro. Está muy bien una campaña para ahorrar, que debería ser una parte esencial de un compromiso nacional.
Compromiso que debería considerar que mucho de lo que ahorremos los que tenemos acceso a esos bienes podría aprovecharse para la necesidad de millones que no tienen acceso.
Un primer objetivo del ahorro es la mejora en la distribución de esos bienes. Una conducta de ahorro, de los que disponemos de esos bienes, es la condición necesaria para que aquellos a los que aún no les llega puedan obtenerlos. Dos derivas del ahorro: el cuidado del medio ambiente y el cuidado del ambiente social. Ecología en todas las dimensiones.
Pero además necesitamos ahorrar esos bienes (gas, combustibles, electricidad, agua) para poder disponer de más recursos para el incremento de la actividad económica que requiere de la disponibilidad de más de esos recursos.
La austeridad que predicaba el Segundo Plan Quinquenal tenía como propósito ayudar a la Nación a convertirse en una sociedad de productores. Una sociedad capaz de producir más de lo que consume.
Este concepto que tiene que ver con la distribución y la producción, también apunta a la “exportación”: la crisis del balance de pagos es la madre de todos nuestros fracasos. ¿Es posible este consenso?
La segunda cuestión que requiere consenso es la necesidad de aumentar la producción de gas, petróleo y energía porque son bienes estratégicos que requieren un planeamiento de largo plazo capaz de incentivar inversiones para producir (y distribuir) y para acumular reservas.
En un horizonte de expansión de la actividad económica, de mejoramiento en la calidad de vida de todos los ciudadanos, y en particular de la de aquellos que no disponen de esos bienes en la actualidad, el incremento de la producción y en las reservas de esos bienes, es de prioridad tal que la tasa de expansión de esas actividades debe superar, año tras año, notablemente la expansión de toda la economía para que podamos decir que la situación tiende al equilibrio.
Sobre esto es indudable que debería haber un consenso más que amplio en todos los sectores de la vida nacional. La estrategia energética es una prioridad.
Detrás de esa prioridad, además de las inversiones necesarias, está la cuestión del costo de la energía producida o el costo de producirla. Esta es una cuestión de la máxima prioridad.
Nuestro país dispone de un enorme potencial de recursos. Primero aquellos recursos, como los corredores de vientos y las regiones de alta luminosidad, que nos brindan la posibilidad de energía renovable y el desarrollo de una industria nacional para la provisión de equipos.
Esa energía tiene un precio altamente dependiente del costo de la inversión. Y el costo de esa inversión, entre otros componentes, tiene una alta dependencia de la tasa de interés, con lo que el costo de la energía producida está directamente vinculado a la disponibilidad y el costo del financiamiento.
Tratándose de energía limpia, el país debería tener una estrategia consensuada y compartida para lograr grandes volúmenes de financiamiento a tasas más que blandas para hacer posible que el país disponga de energías que, transcurrido un periodo de tiempo, se conviertan en energías notablemente baratas. Es posible siempre y cuando un programa consensuado y de largo plazo lo torne operativo.
Naturalmente en este mismo nicho debemos sumar el potencial de energía hidroeléctrica del que disponemos.
Decisiones más que discutibles del Gobierno kirchnerista y ahora del macrismo, han viabilizado represas como la de Cordon Cliff - La Barrancosa que, lejos de tener calificación prioritaria, han respondido a intereses muy poco fundados y que tendrán costos que supondrán tarifas excedidas. Esas represas son ejemplo de cómo “los costos” de la inversión no han sido analizados en términos de la competitividad del sistema energético.
Finalmente, están nuestras reservas hidrocarburíferas de las que, según los expertos, las convencionales no nos ofrecen demasiadas posibilidades en términos de abundancia y sí las tenemos en términos de posibilidades en las no convencionales, cuyo emblema es Vaca Muerta, aunque también la explotación en el mar es de enorme potencial.
Hay consenso en que Vaca Muerta es una enorme fuente de energía potencial que se está verificando. Y también hay conciencia en la urgencia de ese aprovechamiento ya que, en un horizonte de mediano y largo plazo, los combustibles fósiles irán perdiendo consenso social.
Si las reservas son inmensas, su monetización no puede quedar para un futuro demasiado distante so pena de una notable pérdida de valor.
Vaca Muerta es una posibilidad y, por lo dicho, una urgencia.
El Gobierno, siguiendo la línea del kirchnerismo, ha decidido para esa explotación un “precio” que ? en gas? será de US$ 7 el MBTU. En su momento, Paolo Rocca defendió ese precio con el sombrero de productor petrolero, pero advirtió -con su sombrero de productor industrial- que a un precio superior a US$ 3 el MBTU la industria es inviable o al menos, deja de ser competitiva. Y naturalmente a US$ 7 el gas no es competitivo para ser objeto de su exportación en la forma que fuera posible.
Los consumidores de ese bien, abundante, deberían pagar una factura (si esa fuera la única fuente de provisión) muy superior a la que hoy esta generando una crisis “política”.
En este punto y en el tratamiento de esta cuestión, el “consenso” es difícil. Es tan difícil y árido el tema que acerca de esto cabe aquello de “de esto no se habla” y los periodistas tan inquisitivos con el panadero no lo han sido ni con el ministro ni con los empresarios.
¿Cómo puede haber consenso en un precio regulado sino hay transparencia en el costo de producirlo?
Con esta introducción nos hemos puesto en la puerta del presente. La falta de consenso y la escasísima vocación por debatir civilizadamente acerca de la tarifa de gas es la consecuencia de no querer, no poder, no saber, preguntarnos acerca de cuál es el costo de producir un MBTU.
El panadero fue sometido a un interrogatorio sobre todas las ventilaciones que conforman el precio del pan. Pero al ministro que decidió que el MBTU sea de US$ 4,68, lo que provocó una alerta ante lo que será una estampida de los precios en la factura de todos los que lo consumen, nadie le pudo, quiso, supo, preguntar cuál es el costo de producir ese MBTU.
¿Cómo puede haber consenso en un precio regulado sino hay transparencia en el costo de producirlo?
El Ministerio no puede (o no debe) desconocer los costos de gas en boca de pozo y precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
En 2004, un grupo de estudio de costos de gas en boca de pozo del Ministerio estimó un promedio en base a numerosos yacimientos por cuencas y empresa. Esos precios fueron de US$ 1,02 en el NOA, US$ 1,07 en la Cuenca Neuquina, US$ 1,02 en Chubut, US$ 0,92 en la Cuenca Austral y US$ 0,90 el MBTU en Tierra del Fuego.
En ese mismo año, coherentemente, empresas proveedoras y consumidoras firmaban contratos libres a US$ 1,50 el MBTU. Actualizado por inflación americana hoy serían US$ 2,16.
Un dato más. El Henry Hub, el 16 de abril, estaba a US$ 2,88 y hoy hay explotaciones de shale de petróleo que con US$ 20 el barril están en equilibrio (El Cronista: 25/4). ¿En qué se basa los US$ 4,68 de Juan J. Aranguren?
Puede que sea el precio necesario. No hay información pública de los costos. Y hay un precio que está provocando una enorme tensión. Todo sería más civilizado conociendo el costo auditado de manera irrefutable. ¿Por qué no?
