Nada nuevo

El debate por las tarifas puso nuevamente sobre el tapete la manera en la que se toman decisiones

 

Por Carlos Leyba

 

La cuestión de las tarifas, como todas las decisiones que tienen que ver con la cosa pública, tiene varias dimensiones que deben ser tenidas en cuenta para que una resolución resulte criteriosa.

 

Una de las dimensiones es el “modo” y el “estilo” con el que se toman las decisiones. El equipo gubernamental que conduce el PRO tiene como “modo” o estilo el de ser un Gobierno de CEOs.

 

No es un Gobierno de “ricos”, y no es el de las personas que controlan los grandes capitales nacionales (empresas industriales o agropecuarias). Muchos de los funcionarios son personas de fortuna y gran parte de esas fortunas duermen fuera del país.

 

Sus declaraciones juradas nos dicen que pueden vivir “de rentas” sin trabajar. Son “inversionistas” que radican su futuro en la zona de confort externo.

 

No es “un Gobierno de ricos” cuyas decisiones estén interesadas en afectar su patrimonio “productivo” radicado en el país.

 

Es un Gobierno de CEOs ex funcionarios de empresas. No se han formado en la toma de decisiones en el ámbito público.

 

Siempre hay excepciones. Por ejemplo, Alberto Abad está formado en la cosa pública. Hay más. Jorge Todesca, Alfonso Prat Gay o Javier González Fraga. Claramente no pertenecen al “equipo”.

 

Pero los ojos, el cerebro, el olfato del Presidente son ejecutivos de empresa como Mario Quintana y los brazos de los ojos, el olfato y el cerebro, son CEOs, al cien por cien, como lo es J. J. Aranguren.

 

Aranguren y Quintana son los grandes protagonistas de la cuestión del gas. Los “tramoyistas” detrás de escena.

 

Una pequeña digresión: un íntimo amigo de Néstor Kirchner, al comienzo de su presidencia, me informó que el expresidente tenía una concepción “rentista” de la vida económica. No consideraba la existencia de costos de producción y entendía que lo “facturado” era igual a la rentabilidad. Kirchner, en ese entonces, sólo tenía ingresos personales por alquileres y la provincia no tenía ni sombras de desarrollo industrial. No le preocupaba en absoluto.

 

Mas allá de su decidida vocación por “la política”, Néstor también era “rico rentista” lejano al sistema productivo. La prueba central es que cuando su provincia se hizo de cientos de millones de dólares, producto de las regalías y de la venta de las acciones de YPF, y colocó esos fondos fuera del país, lejos del aparato productivo.

 

Insólita manera de emparentarse con, por ejemplo, Aranguren que dijo –al igual que Néstor hizo– que al ser preguntado acerca de cuándo traería su dinero al país dijo “a medida que se recupere la confianza” (Clarín, 29/3/2018). Kirchner dijo que la sacó por falta de confianza. Parafraseando a Madame Roland, girondina guillotinada, podemos decir “Confianza … cuantos crímenes se cometen en tu nombre”.

 

Dicho esto y dejando el caso particular de Kirchner, que es apenas una pequeña digresión comparativa, lo que importa es cuál es la diferencia entre la mirada y la decisión de un CEO y la de un hombre formado en la cosa pública.

 

El CEO cree que, en política, existe “el éxito”. La forma más simple de verlo es el despido de un empleado. En la vida privada el despedido es un gasto menos en la suma del balance.  Y el problema termina allí. Bajamos el costo y mejoramos el balance. Y cada uno sigue con su vida como puede.

 

Pero por el contrario, la decisión de un despido en la vida pública sigue siendo un problema. El costo problema no está más, pero ahora tenemos el despedido desocupado como problema. El hombre público es tal si mira los dos lados del escenario.

 

Mientras el CEO, en la vida privada, genera un despido y resuelve un problema y ahora el problema lo tiene otro, en la vida pública “resolví un problema de costos en el cajón A pero ahora tengo un problema de un desocupado en el cajón B”. Y lo asumo.

 

No hay soluciones individuales (despido) para problemas colectivos (nivel de empleo). El “despido” es una cosa privada, el “empleo” una cosa pública.

 

La cultura de las decisiones CEO no es la cultura de las decisiones públicas y en consecuencia las soluciones tipo “CEO” son siempre “peores en términos colectivos” que las soluciones tipo “público” porque aquellas, en términos colectivos, se estrellan enseguida. Lo vemos con frecuencia.

 

La primera observación en la cuestión de las tarifas, particularmente en la del gas, es el criterio CEO con el que fue inicialmente planteada.

 

La parcial marcha atrás tomada por el Gobierno -al modificar las facturas tipo “pico” por las facturas “planas”, que permiten facturar lo mismo a lo largo del año, aunque “planchando” los picos y subiendo los “valles” por temperatura- resulta de la incorporación al criterio de “éxito” privado la visión pública que atiende al campo de “los otros”.

 

Resulta insólito que se haya necesitado de una “cumbre” de la coalición para repensar una medida que, a lo “bruto”, era tan suicida como innecesaria, si es que con la tarifa plana se va a cobrar a lo largo del tiempo lo mismo aunque en cuotas.

 

Digresión dos. Otra vez el “radicalismo”, en una coalición de Gobierno, contribuye a salvar la cordura. Julio Cobos con su voto “no positivo” frente a la Resolución 125 salvó al Gobierno de Cristina de una catástrofe. Algo que CFK fue incapaz de ver a causa de la visión “rentista familiar” incapaz de comprender el concepto “costos”. En algo se parecen. Los extremos se tocan. Dios los cría y ellos se juntan.

 

La segunda cuestión en juego es que las cosas públicas exigen transparencia, es decir, “exhibir lo que está detrás”. La ausencia de transparencia en la cosa pública es un oxímoron.

 

¿Qué es lo que está detrás del aumento de las tarifas de gas? Hay algunas cuestiones de visión. Imprescindibles para que podamos formar una definición transparente.

 

La generación de hidrocarburos es una “concesión”. La materia es propiedad pública y el concesionario provee los trabajos de extracción. Eso da lugar a que el “costo del millón de BTU” en la boca del pozo sea el resultado del costo de explotación, más la amortización de las inversiones, más la utilidad razonable del concesionario. Punto. Punto porque algunos pretenden además facturar la inversión futura haciendo al consumidor socio de su riesgo.

 

Lo que en esta decisión PRO definitivamente no es transparente es el “costo”. Veamos. En 2016, le preguntaron a Aranguren: “¿Usted sabe, ministro, cuál es el costo del millón de BTU en boca de pozo?”.  Y contestó: “Hay distintos valores, distintas cuencas”. “¿Y un promedio?”, y  la respuesta fue “Me resisto a contestarle esa pregunta” (Clarín, 16/8/2016).

 

Resistir a contestar es “opacar” y eso es ausencia de transparencia. Convengamos que, en este punto, todas las bancadas legislativas, en los hechos, conceden opacidad. Las participaciones en las listas de obituarios son elocuentes.

 

Lo hicieron durante el kirchnerismo y durante el poskirchnerismo. Jamás tomaron la decisión de impulsar auditar o hacer auditar en serio, con una consultora internacional independiente –por ejemplo, noruega– cuál es el costo de extraer nuestro gas y nuestro petróleo.

 

Es obvio que ni remotamente podemos dejar de compensar el costo, las amortizaciones y la rentabilidad, pero es obvio que no lo podemos hacer si no lo conocemos.  Y Aranguren no lo sabe o no lo quiere saber, que es lo mismo. Este es el primer problema.

 

Jorge Lapeña, autoridad técnica , experimentado funcionario público y dirigente político, lo señaló. Marcó la imprescindible auditoría de costos en un programa de televisión.

 

En el programa pretendieron refutarlo señalando, más o menos, que había que fijar el precio de los hidrocarburos en relación al precio de la importación. Gracioso. Durante el kirchnerismo se premió a las petroleras con el precio del “barril criollo”. Pagábamos US$ 70 cuando el internacional no pasaba de US$ 50. Se estima que el consumo transfirió, en esos años, más de US$ 3.000 millones a las empresas (regalías incluidas). Pero no aumentó ni la exploración ni el empleo. Lapeña habló de presión “corporativa”. Un ejemplo.

 

Tomemos un año distante, por ejemplo, 2004. En ese tiempo las petroleras formalizaban contratos de mercado libre a un precio de aproximadamente US$ 1,50/1,70 el millón de BTU. Ellos conocen sus costos, sus amortizaciones y su utilidad. Dólares.

 

Si actualizamos ese precio de contrato por la inflación de EE.UU. (35% en trece años) ese valor sería hoy de US$ 2,16 el millón de BTU. Aranguren fijó al consumo estas tarifas con un precio de US$ 4,68 el millón de BTU y un horizonte del orden de US$ 6.

 

Con estos datos, no estimaciones, el ministro está “estimando” una inflación local en dólares de más de US$ 2,50.

 

En otras palabras al tipo de cambio de $20,45  por dólar y a US$ 4,68 el millón de BTU, los concesionarios reciben en pesos $95,76 el millón de BTU. El tipo de cambio resultante de la nueva tarifa, comparada con la que libremente en dólares reales se fijó por las empresas gasíferas hace 13 años, es de $44,30 por dólar.

 

Veamos.  Si US$ 2,16 lo cambiamos a $44,30 por dólar obtenemos los $95,76 que hoy reciben los concesionarios.

 

Aranguren no sólo no tiene confianza en el país para invertir aquí sus ahorros sino que brinda a los concesionarios de gas un tipo de cambio del doble con el que operan las empresas productoras en el país. ¿Cómo competir a $20,45 por dólar cuando el gas se paga a $44,30 por dólar? Y cuando en EE.UU. el gas no llega a US$ 3 el millón de BTU.

 

Y como frutilla de postre fueron citados a declaración indagatoria un miembro del directorio de YPF y 19 legisladores por la prórroga por 30 años de la concesión del Yacimiento Cerro Dragón. Dudas por la transparencia en una operación.

 

En síntesis, la visión CEO –obnubilada por la idea del éxito de la medida– no contempla el sistema y opera con reparación por emparche. En segundo, lugar la transparencia es brindar la información de origen que, en este caso, son los costos.

 

La visión pública es sistémica y transparente. Y esta cuestión de las tarifas adolece de ambas condiciones. No de ahora. Nada nuevo.

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