Inflación sin meta creíble hasta 2020…

Hacia adelante, las perspectivas no son de desinflación alguna

 

Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL

 

La inflación de marzo cerró en 2,3% y ha sido una nueva mala noticia para todos, especialmente para los que perciben ingresos no indexados y sin capacidad de ahorro o de aumentar ingresos laborales en el corto plazo.

 

En el primer trimestre de 2017 fue 2% mensual, descendiendo a 1,8% en el segundo y 1,7% en el tercero. Luego aumenta al 2% en el último trimestre de 2017 y a 2,2% en el primero de 2018. En términos anualizados, una inflación de 29,3% para el trimestre, la mayor de los últimos dos años.

 

En el primer trimestre de 2017 fue 2% mensual, descendiendo a 1,8% en el segundo y 1,7% en el tercero. Luego aumenta al 2% en el último trimestre de 2017 y a 2,2% en el primero de 2018. En términos anualizados, una inflación de 29,3% para el trimestre, la mayor de los últimos dos años.

 

Las perspectivas no son de desinflación alguna. Mucho menos de convergencia a la meta oficial de 15%. Abril apunta a una inflación igual o mayor a la de marzo por el impacto de la suba del gas natural y algunos precios regulados. Mayo mostrará el efecto de la suba de servicios de agua potable, subterráneos y probablemente algunos alimentos frescos. Junio, inevitablemente, reflejará una nueva suba de combustibles. Algo que la esperable calma y eventual retroceso del dólar no podrá detener. En su reporte del primer trimestre de 2018, la OPEP informó la semana pasada que la producción de sus miembros bajó en un mes de 32,16 a 31,96 barriles por día, y que el precio de su canasta de crudo subió de U$S 63,48 por barril en febrero a US$ 63,76 en marzo. El informe, publicado un día antes del sorpresivo bombardeo a Siria, mostraba a nivel mundial una revisión a la suba de la demanda de crudo y un descenso para su oferta en lo que resta de 2018. Algo que seguramente se ajustará en igual sentido en el reporte de junio próximo, no descartándose una suba del precio promedio del barril de crudo a niveles superiores a U$S 65 en este mes y el próximo. En caso de alcanzar los U$S 66 implicará una suba de 3,5% en 60 días, probable “piso” para la suba de combustibles en nuestro país.

 

El impacto sobre fletes, costo de pasajes y otros precios se observará en julio en coincidencia con las subas estacionales de verduras y frutas, y el gasto del medio aguinaldo de la primera mitad de año. Agosto y septiembre mostrará nuevos incrementos de precios regulados y el último trimestre del año una nueva ronda de subas de tarifas, luego de las audiencias públicas previstas para el segundo semestre. ¿Puede imaginarse una inflación inferior a 2% mensual promedio para el tercer trimestre? Y en el cuarto ya se estarán percibiendo las subas salariales por las cláusulas gatillo atadas al IPC que a esa fecha habrá acumulado al menos un aumento de 15%. Inevitable su traslado a precios en noviembre y diciembre, mes de percepción de medio aguinaldo. En el interin, ¿quién garantiza que no habrá nuevas subas del dólar si el Ministerio de Finanzas deja de ingresar divisas vía endeudamiento? ¿Qué factor puede asegurar que no habrá más subas de precios de combustibles en el segundo semestre? Nada indica que esto se podrá evitar. Nunca hubo decisión política de afrontar los costos sociales de una caída de la actividad y el empleo, en caso de reducir buena parte del gasto público en burocracia administrativa y en transferencias redistributivas, junto a una política monetaria realmente contractiva. Algo ahora no factible frente a la progresiva cercanía de las PASO de 2019. La decisión de apostar sólo a una tasa de pases a siete días como instrumento de control de las expectativas de inflación muestra una lectura naive, cuando no irrealista, de la compleja herencia recibida, con la acumulación de “inflaciones reprimidas” en tarifas y otros precios controlados, no menos de 1/3 de la economía en la informalidad y poca profundidad financiera. En ese contexto, el efecto “telepático” de una tasa interbancaria a 7 días sobre las expectativas de inflación nunca puede exceder el ámbito de intermediarios financieros, consultoras económicas y algunos medios de prensa. La formación de precios en una economía semicerrada y con exceso de demanda de bienes y oferta de dinero sigue una dinámica que poco y nada tiene que ver con una tasa interbancaria a siete días.

 

La inflación no cedió y con un tipo de cambio real percibido como bajo no se vislumbra una significativa recuperación de competitividad ni de vacantes laborales en el sector privado. Peor aún, se mantiene desde 2008 la dinámica de un PIB que crece más lento que la demanda agregada, y un BCRA que emite dinero entre 20% y 30% anual, según el mes. Un cóctel que conduce a cualquier cosa menos a una desaceleración permanente de la inflación. Más aún, implantar en un contexto así un sistema de metas de inflación no podía resolver esto: si las mismas eran cercanas a la inflación observada no tenían sentido, y si eran muy exigentes, podían perder credibilidad, algo ahora consumado desde el pasado 28 de diciembre.

 

¿Qué nos espera? Todo indica que no se cambiará lo que funcionó bien para las elecciones del año pasado. Aun así, no es claro cuánto tiempo más se sostendrá una inflación superior al 20% anual sin acelerarse. La suba de tasas de interés en el exterior podrá ser moderada, pero la volatilidad futura del precio del petróleo y las commodities de exportación es una incógnita, al igual que el factor climático fronteras adentro, y las iniciativas bélicas y proteccionistas de la Casa Blanca. Escenario más que inadecuado para un programa de expansionismo fiscal y monetario permanente, con atraso cambiario y endeudamiento público permanente.

 

Es cierto que un programa convencional de ajuste fiscal, política monetaria contractiva y suba del tipo de cambio real no sea suficiente, pero sí necesario (de mínima), para desacelerar en serio la suba de precios y recuperar parte de la credibilidad perdida. Lo que se requiere es un verdadero plan de estabilización con incentivos para crecer, en el que la carga del ajuste sea mayor sobre el sector público que el privado. La realidad, hasta ahora, es contundente: continuar con la dinámica de los años K nos conduce a un retorno a la estanflación de algunos años atrás. Los costos los pagaremos todos, pero fundamentalmente la población de menores ingresos.

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