Para bajar la pobreza hay que reducir la inflación

Un grave error de diagnóstico es creer que la pobreza se erradica con más gasto público: al contrario, la mejor contribución que el Gobierno puede hacer para reducir la pobreza es reducir el gasto público improductivo y regresivo

 

Por Jorge Colina Economista de IDESA

 

El Indec dio a conocer los datos de pobreza correspondientes al 2° semestre del 2017. Surge que el 18% de los hogares o el 26% de la población de los 31 aglomerados urbanos más grandes del país son pobres. La medición toma en cuenta que estos hogares tienen ingresos familiares totales del orden de los $11.000 mensuales cuando necesitarían $17.000 mensuales para dejar de ser pobres.

 

Los datos de pobreza del Indec deben ser tomados todavía con extrema cautela porque hay una cantidad importante de registros correspondientes a hogares que no tienen registrado el total de sus ingresos. Se trata de aproximadamente el 20% de los registros con una alta variabilidad según la provincia. De todas maneras, a nivel agregado los datos son confiables.

 

Para identificar los factores que causan la pobreza hay que diferenciar lo que son los factores de coyuntura (inflación) de los factores estructurales (capacidades de los hogares para generar ingresos suficientes para sus familias).

 

Para determinar en cuánto inciden los factores coyunturales, se puede simular con la encuesta de hogares del Indec en cuánto habría disminuido la pobreza con menos inflación. Los resultados son llamativos. Si la inflación bajara al 15% anual –que es la meta para este año que se fijó el Gobierno– la pobreza se reduciría a 23% de la población. Si se avanzara más agresivamente hacia una reducción de la inflación del 5% anual, que es una inflación más a tono con las de Chile y Uruguay, la pobreza sería del 20% de la población.

 

En suma, bajando agresivamente la inflación, el país quedaría con una tasa de pobreza urbana de 20% de la población. Esto significa que bajar sustancialmente la inflación es una condición muy necesaria, pero insuficiente para marchar hacia la meta de pobreza cero.

 

Reduciendo la inflación a niveles normales (5%), quedará al desnudo el desafío mayor, que es reducir la pobreza estructural (20%). Para esto, son las provincias y los municipios los que deben asumir con alta responsabilidad y eficacia sus funciones de gestionar con calidad los sistemas de educación pública, salud pública, seguridad pública, urbanismo, vivienda y la asistencia social. En estos ámbitos, la Nación no tiene espacios para inmiscuirse –por tratarse de funciones provinciales y municipales–, pero podría hacer una contribución importante si consolida un sistema confiable de medición de resultados a nivel de municipios. Transparentando a las comunidades locales lo que sus intendentes hacen en términos de desarrollo social e incentivando la adopción de buenas prácticas sumaría en términos de acumulación de capital social.

 

Un grave error de diagnóstico es creer que la pobreza se erradica con más gasto público. Al contrario, la mejor contribución que el Gobierno puede hacer para reducir la pobreza es reducir el gasto público improductivo y regresivo. El gasto público improductivo son muchos de los programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda y urbanismo que se superponen con funciones provinciales y que, aunque parezca contradictorio, no ayudan a mejorar la situación social porque suman ineficiencia y permiten diluir las responsabilidades de los gobiernos locales. El gasto público regresivo es mantener las reglas del sistema previsional actual que no son financieramente sostenibles y que, además, son extremadamente inequitativas porque preservan regímenes de privilegio jubilatorios para ciertos grupos con capacidad de presión corporativa y duplicaciones de beneficios que van en favor, en general, de segmentos de altos ingresos de la población.

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