Por Juan Radonjic
En el Gobierno creen que lo peor está empezando a quedar atrás en materia económica. Entró a 2018 malparado por el descontento social que produjo el nuevo cálculo de los haberes jubilatorios y por una tasa de inflación superior a la pronosticada. La sociedad no esperaba a mediados del año pasado que el IPC de febrero, marzo y abril de 2018 vendrían con un 2 adelante. La tendencia de muchos funcionarios a dar pronósticos, como si fuesen consultores económicos, y que luego la realidad no convalida, tampoco ayuda a mejorar el clima social.
En medio de este escenario se ubica el debate sobre el cambio de metas de inflación el 28 de diciembre, que sigue haciendo ruido en el oficialismo y conserva actualidad. Lo concreto es que se está produciendo el riesgo que advertía el BCRA: una suba de la tasa de de inflación y un deterioro de las expectativas en esa materia. Pero también se concretan los objetivos que tenían en la Jefatura de Gabinete al impulsar una meta algo más realista: la actividad que daba signos de desacelerarse a fines de 2017 se fortaleció en los primeros meses de este año y el tipo de cambio dejó de atrasarse.
A pesar de los cambios anunciados el 28 de diciembre, en el Gobierno sostienen que el ciclo de desinflación se mantiene y esa visión la comparten muchos economistas. Y dan como ejemplo que las negociaciones salariales se están cerrando con aumentos menores a los del año pasado y tomando en cuenta la inflación futura, y no la pasada. Todo un logro. Por supuesto que la devaluación tuvo algún impacto sobre los precios, pero el atraso cambiario termina afectando gravemente el nivel de actividad como se ha comprobado reiteradamente en la Historia del país.
Los funcionarios deben mostrar el rumbo, y evitar definiciones grandilocuentes o ajustar pronósticos constantemente
Si el crecimiento se sostiene, con su consecuente impacto en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza, el peor escenario para el Gobierno empezaría a quedar atrás a partir de mayo cuando la inflación afloje dado que terminarían los ajustes tarifarios.
Alfonso Prat-Gay, que alertó en su momento sobre los riesgos del estrategia de Reconquista 266, sostuvo ayer en una entrevista con el diario Pulso de Chile que la crítica que se le podría hacer a los cambios de la meta es que fueron tardíos porque debieron haberse hecho a fines de 2016 o comienzos de 2017 y que fueron insuficientes porque el mercado espera una inflación más alta.
Una meta de 10% no era creíble pero se insistió con ella durante demasiado tiempo y desconociendo la complejidad que tiene el proceso inflacionario en Argentina. Hubo demasiado dogmatismo en el BCRA que, además, fue asumido por todo el Gobierno y finalmente el Presidente tuvo que reconocer la semana pasada que pensaba “que la inflación iba a bajar más rápido”. Era una meta inconsistente con el gradualismo fiscal, forzaba a tasas de interés muy altas que ponían el riesgo el nivel de actividad y atrasaban el tipo de cambio con sus consecuencias sobre el déficit externo, que ahora se perciben.
Si en los próximos meses una desinflación (aunque moderada) se consolida, el crecimiento se ubica cerca de la expectativa oficial del 3% y hay un tipo de cambio más compatible con el desarrollo productivo del país, se demostraría que la Jefatura de Gabinete tenía razón, y no el BCRA.
El complemento de la mejora de la economía que el Gobierno espera sería la austeridad de palabras. Los funcionarios tienen que mostrar el rumbo, explicarlo, darle un sentido a sus políticas y defenderlas frente a las críticas, pero debe evitar definiciones grandilocuentes o ajustar pronósticos constantemente.
